Los okupas de Can Masdéu de Barcelona, durante una festividad de Sant Jordi / Cedida -- UPF

Los okupas de Can Masdéu de Barcelona, durante una festividad de Sant Jordi / Cedida -- UPF

Vida

Barcelona multa a los okupas de Can Masdéu tras un conato de delito ambiental

El ayuntamiento castiga a los radicales después de que estos construyeran un muro ilegal en pleno parque natural de Collserola

17 octubre, 2022 00:00

Barcelona ha iniciado un expediente sancionador contra los okupas que tomaron la antigua masía de Can Masdéu. El ayuntamiento ha dado el paso después de que éstos cometieran un conato de delito ambiental denunciado por los Agentes Rurales a Fiscalía, que inició diligencias de investigación pero las terminó archivando. Ahora se ha activado la vía del castigo administrativo después de que los radicales construyeran un muro ilegal en pleno parque natural de la Sierra de Collserola. 

El muro ilegal construido por los okupas de Can Masdéu / Cedida

El muro ilegal construido por los okupas de Can Masdéu / Cedida

Así lo ha admitido una portavoz municipal a este medio. Precisa que ha sido el distrito de Nou Barris quien ha incoado diligencias administrativas contra "los ocupantes" de la masía por "la construcción de este muro", situado junto a un conjunto arquitectónico okupado desde 2001. La construcción es ilegal porque altera el paisaje del Valle de Sant Llátzer, en plena sierra de Collserola, donde reposa Can Masdéu. 

Sant Pau, propietaria, también sancionada

Por sorprendente que parezca, el ayuntamiento también ha iniciado un expediente contra los propietarios de la masía, que son la Fundació Privada Sant Pau, controlada por el Arzobispado de Barcelona, la Generalitat de Cataluña y la propia Administración local. En la acción municipal contra los dueños del antiguo hospital, el ayuntamiento les "sanciona" e "insta a restituir el muro para recuperar el perfil de la montaña". 

Preguntada por la cuestión, la Fundación Sant Pau no ha contestado en tiempo a este medio. Cuenta con información de primera mano, señalan otras fuentes conocedoras del proceso, ya que el gobierno municipal tiene dos representantes en la Molt Il·lustre Administració (MIA), el patronato que controla esta organización. Entre sus seis miembros están Jordi Campillo y Elena Amat, dos altos cargos de la administración local. 

La Fiscalía archiva las diligencias

El doble castigo municipal llega después de que la Fiscalía Provincial de Barcelona recibiera la denuncia de los Agentes Rurales de la Generalitat de Cataluña. Fueron ellos los que detectaron el muro y comunicaron al Ministerio Público que podría incurrir un tipo penal ecológico. Fiscalía abrió diligencias, aunque las archivó porque "no quedó acreditado el delito", tal y como explican desde esta instancia judicial. 

Eso sí, el cierre (por ahora) de las diligencias penales no impide que la infracción medioambiental sea castigada en la vía administrativa. Es lo que pasará si la doble sanción impuesta el el Ayuntamiento a Sant Pau y a los okupas es firme y no la revocan los tribunales, el proceso que se acaba de activar. 

Los agentes rurales avisaron

Por lo pronto, se conoce que la alerta la dieron los Agente Rurales, como explicó la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en el pleno municipal de julio. La munícipe admitió en respuesta a una pregunta de Paco Sierra, de Ciudadanos, que los funcionarios avisaron al distrito y a la Fiscalía de Medio Ambiente. 

El muro ilegal construido cerca de Can Masdéu, en pleno parque natural / CEDIDA

El muro ilegal construido cerca de Can Masdéu, en pleno parque natural / CEDIDA

La líder de los comunes también informó de que "se está restituyendo el espacio" de acuerdo con todas la partes, tanto los okupas como la Fundación Privada Sant Pau. Esa restitución "comenzará en breve", avisó en el plenario.  

Fiestón el fin de semana

Con todo, los ocupantes no han resultado amedrentados por el conato de delito ambiental y la sanción municipal a la que se exponen. El pasado fin de semana organizaron el Collserola Sound, un fiestón musical con dos escenarios, 10.000 vatios de sonido y barra a "precios populares". 

La celebración no pasó desapercibida para la oposición municipal. El propio concejal Sierra, del partido naranja, lamentó que no se vigilen los "permisos de fiestas ilegales" anunciadas en la propia web del antiguo hospital. Les acusa de ser "amiguetes" del gobierno municipal de los Comunes y PSC. Ello, dijo el edil, contrasta con el celo público en la inspección de terrazas de bares y restaurantes de la segunda mayor ciudad del país.