El 'conseller' de Salud, Josep Maria Argimon / EP

El 'conseller' de Salud, Josep Maria Argimon / EP

Vida

Argimon solicita una auditoría externa por el sobrecoste en el contrato de Salut con Ferrovial

El 'conseller' pide al CatSalut una revisión de cuentas para aclarar los hechos detallados por la Sindicatura

30 junio, 2022 18:59

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha solicitado este jueves al Servei Català de la Salut (CatSalut) una auditoría externa "de forma inmediata" por el sobrecoste de unos 1,55 millones de euros que halló la Sindicatura de Cuentas en el contrato entre el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y Ferroser --antigua filial de Ferrovial-- por el servicio de rastreadores Covid.

El departamento ha explicado que la Sindicatura ya emitió unas conclusiones provisionales y que, a raíz de éstas, el SEM inició el pasado mes de octubre un expediente con el apoyo de un auditor externo con el fin de determinar la cantidad a reclamar a la compañía proveedora.

Revisión de cuentas

Ahora, tras la publicación del informe definitivo del organismo fiscalizador, que también detecta otras incidencias en los contratos de 2019 y 2020, el conseller ha pedido que se ponga en marcha una revisión de las cuentas para aclarar los hechos detallados por la entidad.

Concretamente, la Sindicatura asegura en su informe haber encontrado "un sobrecoste no razonable" de más de 1,5 millones de euros en el pago de 11,79 millones a la multinacional, además de otras irregularidades en 11 contratos ordinarios entre los años 2016 y 2019 en los que "no se justificó adecuadamente que el presupuesto base de licitación se adecuara a los precios de mercado".

920.000 euros

No obstante, el Departamento de Salut ha afirmado que considera "erróneo" el cálculo del controller de gasto público y, aunque no desmiente que hubiera una irregularidad, matiza que la facturación de Ferroser al SEM podría ser superior en, aproximadamente, 920.000 euros.

En cualquier caso, la entidad ha concluido que el sobrecoste "no es razonable" y que no cumple con "los principios generales de economía y eficiencia en la gestión de fondos públicos".