Salut admite que Ferrovial cobró 920.000 euros de sobrecoste por los rastreadores de Covid

El Departament de Salut ha admitido que pudo haber una facturación excesiva de 920.000 euros por parte de la filial de Ferrovial al Sistema de Emergencias Médicas (SEM), por el servicio de rastreadores Covid.

Lo ha hecho después de que la Sindicatura de Cuentas haya encontrado “un sobrecoste no razonable” de 1,55 millones de euros en el pago de 11,79 millones a Ferrovial --un cálculo que el SEM considera “erróneo”-- además de otras irregularidades en contratos de emergencia durante la pandemia. 

Admite un posible sobrecoste

En declaraciones a Efe, el Departamento de Salut ha asegurado que el SEM ya informó a la Sindicatura que el método de cálculo realizado por la entidad para obtener la cifra de 1,55 millones de euros de sobrecoste “es erróneo”, ya que “su análisis de costes se basa en una extrapolación del 100% de la información obtenida de las nóminas de diciembre 2020 y enero 2021".

No obstante, la conselleria ha admitido que, de acuerdo con el cálculo del SEM, la facturación de la filial de Ferroviaria podría ser superior en, aproximadamente, 920.000 euros en comparación al análisis de costes. Una diferencia “considerablemente menor” a los 1,55 millones obtenidos por la Sindicatura, ha apuntado Salut.

Irregularidades en 11 contratos

La Sindicatura también ha encontrado irregularidades en once contratos ordinarios entre los años 2016 y 2019 en los que "no se justificó adecuadamente que el presupuesto base de licitación se adecuara a los precios de mercado".

Respecto a la contratación de emergencia por la pandemia, la entidad subraya que "el dimensionamiento de la dotación de personal establecida en el contrato para el servicio de seguimiento de contactos positivos, adjudicado a la filial de Ferrovial, por 17,69 millones, no se realizó de acuerdo con los parámetros del contrato".

Reducción del número de llamadas

Por otra parte, de acuerdo con la Sindicatura, hubo una reducción progresiva del número de llamadas telefónicas mensuales del 26,3% entre octubre de 2020 y enero de 2021, “mientras que el dimensionamiento del contrato, en términos de posiciones de gestor de llamadas adscritas al servicio, se incrementó en un 95,2 %”.

En este sentido, la entidad concluye que “el sobrecoste pagado en la ejecución de este contrato no es razonable y no cumple con los principios generales de economía y eficiencia en la gestión de los fondos públicos".