Estrasburgo condena a España por filtrar datos de “jueces soberanistas” favorables al 9N

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado este martes a España por filtrar datos de “jueces soberanistas” favorables al referéndum del 9N del 2014. La justicia considera que fue la Policía la que facilitó los nombres y las fotografías de estos magistrados al diario La Razón, por lo que impone una indemnización de 4.200 euros para cada uno de los 20 togados que presentaron una demanda.

Esta historia se remonta a febrero del 2014, cuando 33 magistrados que ejercían en tribunales catalanes firmaron un manifiesto a favor del derecho a decidir de Cataluña. Semanas después, con el título “La conspiración de los 33 jueces soberanistas”, el citado diario compartió sus nombres, fotografías, lugares de trabajo y, en algunos casos, sus ideas políticas. De ellos, 20 presentaron una demanda ante la Corte europea, que les ha dado la razón.

Base de datos policial

Estrasburgo da por hecho que “las fotografías de los demandantes publicadas en el periódico procedían de la base de datos policial” y que “no hay otra explicación que la de que las autoridades permitieron que esa filtración fuera posible”. En esta línea, defiende que “la mera existencia de esos informes policiales, sin base alguna, viola el Convenio” Europeo de Derechos Humanos en su artículo 8 (Derecho al respeto de la vida privada y familiar).

A renglón seguido, el tribunal desliza que “las investigaciones realizadas sobre las filtraciones fueron insuficientes”, dado que “no se tomó declaración” al jefe de la Policía de Barcelona, figura clave en este asunto. Y afirma que esos procedimientos “muy probablemente habrían sido útiles para la investigación” y “hubieran subsanado la injerencia en los derechos de los demandantes”.

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Investigación insuficiente

Por lo tanto, la Corte “no está convencida” de que se haya hecho todo lo posible para determinar las circunstancias en las que los periodistas accedieron a los datos privados de los jueces y sancionar a los responsables.

El procedimiento penal en España fue llevado, primero, por el Juzgado de Instrucción 22 de Barcelona y se trasladó, después, al Juzgado de Instrucción 15 de Madrid. Tras pasar por la Audiencia Provincial de Madrid, se archivó “al no poder identificar [el juez] al responsable de los hechos delictivos de que se trata”. Ahora, Estrasburgo ha condenado a España a indemnizar con 4.200 euros por daños morales y 3.993 por costas y gastos a cada uno de los 20 magistrados que presentaron la demanda.