El antigitanismo, de la cotidianidad al Código Penal

La comunidad gitana agrupa a más de siete millones de personas en toda Europa, lo que la convierte una de las minorías étnicas más importantes en la región. Sin embargo, también es una de las más discriminadas. La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) revela que un 45% de los gitanos se sienten discriminados en algún ámbito de la vida y que el 44% han experimentado acoso por motivos de odio en el último año.

Esta discriminación se conoce como antigitanismo. Según la Comisión contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa, es una forma específica de racismo. Abarca la superioridad racial y “un racismo institucional alimentado por la discriminación histórica que se expresa mediante la violencia, el discurso del odio, la explotación, la estigmatización y la discriminación más descarnada”, apuntan.

La discriminación como rutina

Amara comenzó a trabajar en una empresa de limpieza para un supermercado. Pero, cuando su jefa descubrió que era gitana puso fin a la relación laboral. Aseguró que se había incorporado una chica que estaba de baja, lo que resultó ser falso. Meses más tarde, el Juzgado de lo Social de Jaén reconoció la nulidad del despido. En otro caso, cuando otra mujer romaní llamó a servicios sociales para gestionar una ayuda, la trabajadora social respondió “claro, como ya no tenéis para lo de la chatarra, venís a pedir aquí”.

Cuando en Asturias una ambulancia trasladaba a una mujer gitana al hospital, el operario reflejó en el informe médico la etnia de la mujer. En un nuevo caso, un niño de 16 años andaba sin mascarilla durante la emergencia sanitaria y al percatarse la policía, una patrulla le puso la cabeza contra el suelo al grito de “gitano de mierda, sois todos iguales”.

 La bandera gitana, izada en el Parlamento Andaluz / EUROPAPRESS

El antigitanismo en la legislación española

Aunque la legislación española sanciona la discriminación hacia grupos étnicos, no menciona de forma explícita la producida contra el pueblo gitano. La nueva Ley de Igualdad de Trato busca modificar el Código Penal para incluirlo como un delito de odio. Con los votos favorables de todos los partidos políticos, salvo Vox que se abstuvo, el Congreso en Comisión aprobó el pasado 27 de abril una enmienda a la llamada ley Zerolo para tificicar la exclusión hacia el colectivo caló. Sin embargo, la norma deberá esperar para hacerse realidad, pues la enmienda avalada debe pasar los trámites parlamentarios pertinentes al tener carácter orgánico.

Los tres diputados gitanos de la cámara --la socialista Beatriz Carrillo, el diputado de En Comú Podem Ismael Cortés y la representante de Ciudadanos Sara Jiménez-- calificaron el acuerdo de “día histórico”. Según aseguró Carrillo, los tres lloraron de la satisfacción ante este acuerdo para una “propuesta firme en la lucha contra el antigitanismo”.

Penas de hasta cuatro años de cárcel

La enmienda incluye una nueva redacción en el artículo 22 del Código Penal al hablar de manera explícita de delitos antigitanos. La normativa recoge que “quienes públicamente promuevan o inciten al odio, discriminación o la violencia contra los gitanos” serán castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años y multas de seis a 12 meses.

Del mismo modo, serán sancionados quienes “elaboren o posean escritos que por su contenido se incite o fomente el odio”, quienes nieguen públicamente o enaltezcan el genocidio contra colectivos gitanos o lesionen la dignidad de las personas de esta etnia.

Asistencia a la comunidad gitana en Madrid / EUROPAPRESS

En la práctica, un paso significativo

Según explica el miembro de juristas gitanos Emilio Israel Cortés, “en teoría desde una perspectiva jurídica esta ley cambia poco, pues los delitos contra los grupos étnicos ya estaban tipificados”. No obstante, gana eficacia cuando se interpone una denuncia. “Hay una batalla a la hora de defender una causa en un proceso legal, pues tienes que convencer que el antigitanismo forma parte de nuestro día a día y que está dentro de las figurar que recoge el código penal”, especifica.

La abogada del Departamento de Igualdad y no Discriminación de la Fundación Secretariado Gitano, María del Carmen Cortés Amador, afirma que uno de los principales problemas en la lucha contra el antigitanismo es la infradenuncia. “La asimilación de la discriminación y el sentimiento de rechazo es tan grande que muchas personas gitanas no identifican las situaciones que viven”, cuenta.

Casos atendidos

El Ministerio de Interior tipifica desde 2019 el antigitanismo como delito de odio específico. En el último informe registrado, de 2020, cifra en 22 las agresiones de esta categoría, que representa el 1,6% del total. En este sentido, el miembro de Juristas Gitanos relata que “la figura del delito de odio lleva muy poco tiempo en nuestro Código Penal y todavía está en desarrollo. Nos encontramos con que es muy complicado sacar adelante una denuncia por delito de odio, por muy flagrantes que nos parezcan muchos casos”.

La Fundación Secretariado Gitano estudia en su último informe sobre la discriminación en la comunidad romaní los 364 casos por antigitanismo que atendió en 2020. De estos, 129 fueron derivados de los estereotipos lanzados en medios de comunicación, 64 por los impedimentos en el acceso a bienes y servicios y 29 por acoso en las redes sociales. De los sucesos denunciados por personas físicas, 148 eran mujeres y 109 hombres. Cortés Amador especifica que a partir de la pandemia los delitos de odio contra el colectivo han crecido.

Ritual de flores y velas por el día del pueblo gitano / EUROPAPRESS

La situación de los gitanos en España

España tiene una de las mayores comunidades romaníes de la Unión Europea, con aproximadamente 750.000 miembros que representa el 1,6% de la población. Según datos de la Fundación Secretariado Gitano, el 80% de la comunidad vive en situación de pobreza, la tasa de pobreza infantil es del 89% y la de desempleo del 52%. La mujeres son quienes más sufren esta situación, pues su índice de empleo solo alcanza el 16%.

El Relator Especial de Naciones Unidas Philip Alston inspeccionó la situación de la comunidad gitana en su visita a España en 2020. Después de su contacto con a la comunidad romaní del Polígono Sur de Andalucía y la Cañada Real en la Comunidad de Madrid afirmó que “resulta escandaloso comprobar hasta qué punto los poderes públicos correspondientes parecen haber abandonado a estas personas”. En el mismo informe, el ponente asegura que “los programas de asistencia social aprobados en España no cumplen plenamente sus objetivos. El gasto es bajo y los obstáculos burocráticos disminuyen el número de personas beneficiarias”.