La justicia obliga a Esplugues a pagar 3,6 millones por un edificio habitado que deberá demoler

El embrollo judicial deriva del Plan General Metropolitano, aprobado en 1976, por el que el terreno sobre el que se levanta El Barco pasó a ser calificado como zona verde. A partir de ese momento, el propietario tenía derecho a solicitar la expropiación y a cobrar una indemnización. Sin embargo, no lo hizo hasta 2006. Durante todos esos años, y hasta octubre del presente --cuando pase definitivamente a manos del consistorio--, la familia Bonet continúa lucrándose con el cobro de alquileres a precio de mercado, pero sin invertir en el mantenimiento de la mole que alberga a 38 familias.

Zona verde a precio de oro

Tras varias batallas administrativas y judiciales, en 2011 se acordó su expropiación y el terreno fue tasado en 711.000 euros, precio que los Bonet consideraron insuficiente, por lo que presentaron un recurso. No fue hasta 2019 cuando el TSJC se pronunció sobre el asunto y acordó que el consistorio debería pagar 3.635.318,29 euros por un edificio apuntalado que deberá demoler y convertir, tal y como establece la normativa, en zona verde.

Eduard Sanz, primer teniente de alcalde de Esplugues de Llobregat por el PSC, confirma que de no haberse visto obligado a ello, el consistorio “no lo habría expropiado”. “El juzgado ha valorado el solar como una zona residencial cuando es una zona verde”, añade. Sanz lamenta que el dinero de los ciudadanos se desperdicie en esta expropiación cuando podría destinarse a otras muchas cuestiones de mayor prioridad para la ciudad. Además, aclara, tampoco podrán sacarle ningún tipo de rendimiento económico que permita resarcir a las arcas públicas de semejante agujero.

Esquerra, en contra de la demolición

El único grupo municipal contrario a la demolición es Esquerra Republicana, que el pasado 27 de abril, durante el pleno municipal ordinario, presentó una moción para frenar el derribo del edificio. Se basa en que la construcción guarda relación con La Baronda, “que no se derruyó y que se ha convertido en patrimonio de la ciudad”. Según los republicanos, “tiene la misma lógica histórica” que su vecina y está vinculado al pasado de la industria cerámica de Esplugues.

Sin embargo, tanto el consistorio como algunos de los vecinos desmienten este extremo. “Se basan en que aquí vivió y tuvo su taller Angelina Alós, una conocida ceramista de Esplugues, pero nada más”, sentencia una de las afectadas. Sanz añade que el grupo de expertos valoró la edificación en el marco del Inventario de la Diputación de Barcelona, que determinó que carece de valor arquitectónico, histórico o artístico por lo que “no merece una especial protección, a diferencia de La Baronda”. 

"No se puede vivir dignamente"

“No es mi deseo que tiren el edificio, pero aquí no se puede vivir dignamente”, añade una vecina, que asegura que está apuntalado a causa de la aparición de grietas que ponen en riesgo la estructura. Estos desperfectos, apuntan los residentes, se deben a la dejadez de los dueños, que desde que se enteraron de que podían optar a una expropiación, dejaron de invertir en el edificio. “Solo han puesto parches, y cuando se les ha exigido”, dicen las mismas voces. Así lo confirman fuentes municipales, que aseguran que llegaron a imponerles sanciones y a abrirles varios expedientes por este abandono.

Eso sí, según los afectados, nunca dejaron de cobrarles los alquileres a coste de mercado. “Hay gente que paga 500 euros mensuales por un edificio ruinoso que no tiene ni ascensor”, denuncian. Para cubrirse las espaldas, los Bonet han añadido cláusulas en los contratos en las que se especifica que, en caso de expropiación, no se les puede reclamar nada.

#SalvemElBarco

Después de una interlocución en el juzgado en 2019 en la que se estableció un plan de pagos, en octubre de este año el Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat abonará la última cuota y se convertirá en amo y señor de El Barco. “Lo más lógico sería derribarlo, porque la rehabilitación sería todavía más costosa, pero no lo haremos hasta que no tengamos una alternativa habitacional para las 38 familias”, aclara Eduard Sanz. “Priorizaremos el realojo de los vecinos y estudiaremos cada caso de forma individualizada antes de la demolición”, asegura.

Mientras los Bonet se llenan los bolsillos con los alquileres y la jugosa indemnización y los grupos municipales continúan a la gresca por el futuro incierto de la construcción, algunos vecinos han puesto en marcha una plataforma para intentar reflotar El Barco. En los corredores con aspecto de camarotes, que dan nombre al polémico edificio, han desplegado una lona en la que se puede leer “Salvem El Barco”. Se niegan a imaginar el skyline de Esplugues sin el edificio que les vio nacer.