Quemar una celda como reivindicación: "Quiero mi tabaco y lo quiero ya"

Preocupación entre los funcionarios de prisiones por el aumento de incendios provocados en las cárceles catalanas. En los últimos años se han desvirtuado. El preso ha perdido el miedo a hacerlo, pues no acarrea ninguna sanción. Los trabajadores denuncian que a los internos les salga “gratis” quemar las celdas, por eso se ha vuelto algo "habitual". Hasta el punto que se ha convertido en una forma de reivindicación. "Quiero mi tabaco y lo quiero ¡ya!”, dicen sindicatos de prisiones en declaraciones a Crónica Global.

El último se produjo el pasado 5 de febrero en el centro penitenciario de Puig de les Basses (Figueres), donde un funcionario sufrió quemaduras en el brazo y tuvo que ser atendido en el hospital, en una intervención donde un interno también sufrió quemaduras de tercer grado, explican desde UGT.

Centro penitenciario Puig de les Basses / JUSTICIA

Los mandos “ceden ante los presos”

El delegado de CSIF en Mas d’Enric cree que es un error que los mandos de las cárceles "cedan ante los chantajes de los presos", que acaban consiguiendo lo que quieren con tal de que “se queden tranquilos” y no provoquen más incendios. Esto “desautoriza a los funcionarios”, pero también hace que “mengüen las estadísticas de incidentes durante su mandato. Motivo que les lleva a ceder ante las exigencias”, denuncian. 

En el departamento de régimen cerrado es donde se suelen dar más casos, al tratarse de un lugar donde los presos están cumpliendo alguna sanción. “Ya les da igual pasarse 15 días más en ese sitio”. Por eso, los funcionarios de prisiones proponen que los internos abonen económicamente los destrozos. Sería una manera de que “se lo pensaran dos veces”, ya que tras quemar una celda, el “interno lo único que percibe es que ha conseguido lo que quería”. Lo mismo plantean en el caso de las agresiones: “Si por pegar a un funcionario les imputasen tres meses más de cárcel, muchos se lo pensarían”.

Una protesta de funcionarios de prisiones / EUROPA PRESS

“No somos bomberos”

Quemar una celda implica que un habitáculo queda inhabilitado, por lo que el preso debe ser reubicado --un problema ante la falta de espacio que hay en las cárceles-- hasta que se reacondicione de nuevo. “Hay que asegurarse de que las ventanas siguen estando blindadas para que no las puedan romper, ver que el sistema de tuberías sigue estando en condiciones, volver a pintar la celda, etcétera”, explican fuentes de CSIF. Esto requiere un tiempo --mínimo un mes-- ya que la administración “trabaja despacio”.

Pero no solo eso: los funcionarios de prisiones arriesgan su vida cada vez que se prende fuego a una celda. “No somos bomberos. Lo hemos dicho por activa y por pasiva, pero cuando hay un incendio tenemos que actuar para salvaguardar la vida y la integridad de los internos, pero también la nuestra”. Y, al hacerlo, se encuentran con una cruda realidad: no disponen de formación antiincendios suficiente ni de material ni ropa adecuada ignífuga para actuar en condiciones de seguridad ante las llamas. Por eso, desde UGT exigen que se les dote de los medios necesarios para proteger a los trabajadores.

Aumentan los incidentes por el Covid

Hace unos años, también en Puig de les Basses, se coordinaron hasta tres internos para incendiar sus celdas. Uno de ellos perdió la vida debido a que los funcionarios no pudieron actuar para apagar las llamas. “Es imposible actuar en tres celdas a la vez con cuatro funcionarios”, explica el delegado de CSIF.

Desde el Departamento de Justicia de la Generalitat creen que el aumento de incendios en las celdas tiene que ver con la situación tan “compleja” que se ha vivido en las cárceles a raíz de la pandemia, donde han aumentado todos los incidentes. Sin embargo, fuentes del Govern aseguran que “todos los centros penitenciarios están dotados de sistemas de detección y extinción de incendios”.

Lourdes Ciuró, consejera catalana de Justicia, en el Parlament / EP

También defienden que "el material está revisado de acuerdo con la normativa" y que, de vez en cuando, "se hacen auditorías y simulacros" para asegurar que todo funciona correctamente. Algo que no perciben los trabajadores, que denuncian haber tenido que pagar en alguna ocasión de "su propio bolsillo las camisetas anticorte, porque tampoco las proporciona la administración”. “Cada vez tenemos menos material para hacer frente a más trabajo”, advierten. Asimismo, desde Justicia avanzan a este medio que, a partir de la próxima semana, impulsarán una formación intensiva dirigida a los últimos trabajadores que se han incorporado en el sistema, que son unos 300.