Dolores González, de 76 años, salió de su casa el 9 de diciembre, como cada mañana, sobre las 8.45 horas para ir a clase de aquagym con su amigas en un gimnasio de Barcelona. Quienes la conocen la definen como una mujer que no aparenta la edad que tiene, una persona con “mucha vitalidad”. Sin embargo, el atropello del que fue víctima ese día le ha truncado la vida.
Dolores relata que, tras salir ese jueves de su portal, miró hacia la izquierda antes de cruzar la vía de servicio paralela a la Gran Vía de les Corts Catalanes, el sentido por el que deberían venir las bicicletas. Se trata de una zona asfaltada pero reservada para peatones y bicis. “En cuanto puse un pie apareció un patinete a toda velocidad con dos individuos encima, un hombre y una mujer, en dirección contraria y sin casco”, recuerda.
No la socorrieron
El impacto que recibió fue “fortísimo”, a una velocidad de entre 30 y 40 kilómetros por hora pese a que la vía está limitada a 20. La víctima cayó al suelo y se golpeó con una barra metálica. Como consecuencia, sufrió la rotura de varios huesos de la mano y graves contusiones en la parte izquierda del cuerpo.
Por estos hechos, explica entre sollozos Dolores, está “completamente inmovilizada desde entonces”. Lleva en la mano una ortopedia de 200 euros que ha tenido que sufragar a la espera de que la Seguridad Social le abone una parte. Pero lo que más le duele, dice, es que el joven no se haya puesto en contacto con ella durante estos dos meses para interesarse por su estado de salud o para disculparse con ella.
La víctima del atropello sufrió lesiones en la parte izquierda de su cuerpo / CEDIDAS
Desamparada
Al contrario. La familia de Dolores denuncia, además, que los jóvenes intentaron darse a la fuga. La chica consiguió huir tras esconderse en un bar, mientras que el conductor fue interceptado por los testigos. “Lo que más me enerva es que no se pararon a socorrerla. La dejaron tirada en el suelo y salieron corriendo. Eso es lo que más me duele, por eso buscamos ayuda legal”, explica su hija Marisol.
Pero, además de haber sido víctima de un brutal atropello en el que el autor cometió varios delitos —de lesiones, de omisión del deber de socorro y de vulneración del código de circulación, dado que iban en dirección contraria, con un exceso de velocidad y con el doble de peso permitido— Dolores sufrió el desamparo de la policía. La Guardia Urbana de Barcelona realizó un atestado muy deficiente en el que se describió el episodio como un accidente con lesiones leves y sin testigos, y se obvió la omisión del deber de socorro. Esto cerró cualquier puerta a que la familia pudiera denunciar estos hechos ante los Mossos, por lo que se vieron obligados a acudir a la Ciudad de la Justicia.
Sin seguro
“Hemos entrado en un callejón sin salida”, explica Albert Ferré, el abogado de Dolores y experto en accidentes de tráfico. El autor del atropello, un joven de 19 años, carece de seguro porque no es obligatorio. Además de la pena de prisión a la que se enfrenta, de un mínimo de seis meses por un delito de lesiones y otro de omisión del deber de socorro, el letrado solicitará una indemnización por los daños físicos ocasionados, los gastos derivados del tratamiento y las secuelas psicológicas, que podría ascender a entre 30.000 y 50.000 euros.
Pero nadie le asegura a Dolores que vaya a cobrarlos. El abogado explica que, como no tiene seguro, el chico tendría que responder con sus bienes o con su patrimonio. Pero en este caso, se trata de un joven que no estudia ni trabaja y que tampoco vive ya con sus padres, por lo que no podrán responder pos sus actos. “Nos ha tocado la peor de las circunstancias”, confiesa. Teme, dice, que se declare insolvente. “En caso de que así sea lo embargarán de por vida. No podrá tener nada nunca a su nombre”, remarca el letrado. Mientras tanto, la que corre con todos los gastos es la jubilada. “Mi madre lo está pagando todo con su pensión, que es muy baja: los viajes a la clínica de la Esperanza, la medicación e incluso la prótesis que le han puesto”, asegura su hija Marisol.
Las consecuencias
A raíz de estos hechos, la calidad de vida de Dolores y de su familia se ha visto muy mermada. A los problemas económicos derivados se suman las graves secuelas psicológicas que este episodio le ha causado. La víctima explica que ha pasado de ser una persona sociable y activa a padecer agorafobia, sufrir ataques de pánico y depresión. “No puedo salir sola a la calle, me asusto con cualquier ruido”, expresa.
Pero, además, Dolores lamenta que ha pasado de ser autosuficiente a no poder hacerse cargo de la casa, por lo que se ha visto obligada a comer en un comedor social con su marido enfermo de 80 años. “Ha sido una onda expansiva que ha sacudido a toda la familia”, mantienen desde su entorno.
700 víctimas como Dolores
Solo en Barcelona, dos personas sufren cada día un accidente como el de Dolores. Eso supone una media de 700 víctimas anuales solo en la Ciudad Condal con vehículos que carecen de seguro. “Si conseguimos que el legislador español haga que el seguro sea obligatorio, gente como Dolores podría reclamar al consorcio de compensación de seguros que le paguen los daños que le han causado”, subraya Ferré.
Lugar en el que se produjo el atropello / CEDIDA
“Un patinete cuesta 300 euros, el seguro son 20 euros anuales”, mantiene el abogado. Si el vehículo hubiera estado asegurado, la situación sería muy diferente para ambas partes. Dolores podría recuperar su dinero y el conductor, que se ha buscado la ruina, tendría las espaldas cubiertas. “Son todo beneficios”, sentencia.
Accidentes impunes
Por el momento, en España no es obligatorio. “La Unión Europea no quiere que tengan ni matrículas ni seguro porque da pista libre a las aseguradoras para que hagan un nuevo negocio. Pero en realidad es una falsa bandera, las aseguradoras no están interesadas porque hay tanta siniestralidad que se ven en un compromiso. Asegurar a los patinetes les generaría más gastos que ingresos”, incide Ferré.
Pero, más allá del dinero, Dolores está dolida por la actitud del joven. “Que no me preguntara nada, fue lo peor”. Desde su familia remarcan que, más que una compensación económica, lo que reclaman es justicia: “No pensamos en el dinero, queremos simplemente justicia. Que esto no se repita nunca más y que esta persona sea consciente del daño que ha ocasionado”.