Dos imputados repartían las subvenciones del Hospital de La Seu

Es lo que se desprende del portal de Transparencia de la Fundación Sant Hospital, una asociación tripartita --Obispado de La Seu, ayuntamiento y Generalitat de Cataluña-- beneficiada por las ayudas de la Administración provincial. Según consta en los registros, los pagos los firmaba Reñé, investigado por cohecho, fraude y blanqueo de capitales, y los recibía Alexandra, que se enfrenta a cargos de presunta apropiación indebida y administración desleal. 

Caso abierto

La portavocía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha confirmado a este medio que la sala de Instrucción número 1 de La Seu ha abierto diligencias por los dos delitos, como avanzó Segre. La primera citación se ha fijado para el próximo 22 de noviembre, cuando la alto cargo declarará como investigada. También lo harán otras personas en calidad de testigos. 

El caso emana de una querella de la Fundació Sant Hospital contra su exdirectora financiera, que ya no trabaja allí. La institución denunció a la ex alto cargo en julio de 2020. Lo hizo tras abrirle un expediente (diciembre de 2019) y despedirla (mayo del pasado año). Asegura que se transfirió supuestamente dinero a sí misma, adelantó fondos no reembolsados, descuadró la caja, impagó facturas y se compró un ordenador para ella con dinero del hospital. 

De imputado a imputada

Todo ello se deberá probar en sede judicial. Por lo pronto, el gerente de la ciudad sanitaria, Francesc Guerra, rehusó ayer aportar información a este medio. Lo factual, según el portal de Transparencia del centro [consultar aquí], es que dos imputados en dos procesos judiciales distintos por presunta corrupción, Reñé y Alexandra M., firmaban algunas de las subvenciones que la Diputación de Lleida entregaba al complejo médico. 

Los recursos públicos son importantes por cuanto el Hospital de La Seu, el dispositivo principal de la Fundació Sant Hospital, es inviable sin ellos. Según la última auditoría anual, la de 2018 [consultar aquí], el centro asistencial es dependiente al 87% del concierto con el Servicio Catalán de Salud (CatSalut).

Reñé, 'caso Boreas'

Pese a esa dependencia, dos personas que ahora se enfrentan a procesos judiciales vehiculaban las ayudas públicas a la ciudad sanitaria transfronteriza, uno de los dos hospitales que dan servicio a España y Andorra junto al de Puigcerdà. En el caso de Reñé, el expresidente de la Diputación de Lleida lidia con una causa por cohecho, fraude en la contratación y blanqueo de capitales. Se cree que el ex alto cargo de CDC cobraba supuestas mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública. 

El también exalcalde de Fondarella llegó a ser detenido por los Mossos d'Esquadra en 2018. De forma global, hasta 26 personas fueron arrestadas. Se las relaciona con el cobro de comisiones y, también, con las donaciones a fundaciones en la órbita de la extinta CDC, ahora desglosada en diversos partidos, como PDECat y Junts. Reñé, que siempre ha defendido su inocencia, dimitió en otoño del mismo año para defender su "honorabilidad". 

Control de los consorcios sanitarios

Acaben como acaben los dos procesos, el caso del Hospital de La Seu es el último ejemplo de fiscalización mejorable en los consorcios sanitarios que dependen del dinero público que reparte el Servicio Catalán de Salud en Cataluña. Antes, este medio ya informó de las operaciones con fondos del erario que engulló la fusión entre el Hospital Clínic y Hospital Plató en Barcelona en 2020, sin que exista control específico de la fundación social resultante y que da cobijo a los antiguos patronos de la segunda ciudad sanitaria. Tiene tres millones de presupuesto. 

En paralelo, dispositivos como el Hospital de Mataró, también concertado, han sido incapaces de revertir su pésima situación económica pese a la intervención del CatSalut. Pese a ello, el centro de internamiento ha ampliado su cúpula. En otro concertado, el IAS de Girona, segundo hospital provincial, la Sindicatura afloró pagos indebidos al número dos que ahora el Tribunal de Cuentas investiga. La propia patronal a la que pertenece el Hospital de La Seu, el Consorci de Salut i Social, también está en la lupa del fiscalizador de la caja común por pagos opacos a su presidente.