El representante de los rastreadores de Ferroser, filial de Ferrovial, ha alegado este miércoles que la Agencia de Salud Pública de Cataluña asumió la función de estos 800 trabajadores una vez el Govern dio por finalizados sus contratos por obra y servicio. El sindicato SUT presentó una demanda colectiva contra la empresa, el Departamento encabezado por de Alba Vergés (ERC), y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) con la que reclama la reincorporación de los empleados.

Durante el juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el letrado de los trabajadores ha señalado que Salut continuó con el trabajo que realizaban tras haber prescindido de la plantilla y que, por tanto, no puede darse por finalizado el contrato. Alega que se trata de un despido colectivo.

Temporalidad por pandemia

Por su parte, los abogados de Salut, SEM y Ferroser han defendido que las rescisiones estaban "correctamente suscritas" porque la actividad de seguimiento de positivos por coronavirus o contactos de infectados es "necesariamente temporal" en un contexto de pandemia, y que dichos empleos derivan de una situación coyuntural. "Son medidas de flexibilidad interna, igual que los ERTEs, con los que el legislador define la temporalidad" por la emergencia sanitaria, ha alegado el letrado de la filial de Ferrovial.

Para tumbar los argumentos de la demanda, el abogado de Salut también ha indicado que, lo que hace dicho departamento al inicio del protocolo de vacunación, es comenzar con el seguimiento medicalizado. Este sustituye el "abordaje de control de daños" --que llevaban a cabo los rastreadores--. "Se llamaba a esas personas, digamos, de una forma primitiva, porque a lo mejor no había otra alternativa", ha indicado ante la sala.

"Protocolo medicalizado" con la vacunación

Fue el SEM el que licitó el polémico concurso que ganó Ferroser para llevar a cabo ese primer seguimiento de "control de daños". Ratifica a la consejería al asegurar que el contrato finalizó con el arranque de la campaña de inmunización y, a partir de entonces, el protocolo fue "medicalizado. Un abordaje territorializado por centros de atención primaria, no centralizado desde Sant Joan Despí y la Zona Franca [donde estaban los call center]", ha señalado ante la sala.

Otro de los argumentos de Ferroser ha sido la "falta de legitimidad del sindicato", al señalar que ninguna de las 13 organizaciones que representan a los más de 2.000 trabajadores de la empresa ha "impugnado el acuerdo" --el fin del contrato--, y que el SUT "comunicó su constitución el 6 de enero de 2021, cuando la rescisión de los contratos ya era conocida".

"Despido sin causa justa"

Por su parte, los demandantes han señalado que cuentan con 31 afiliados, lo que supone el 3,88% de los 800 rastreadores. Más allá de su actividad, el abogado del SUT ha insistido en que "el seguimiento de contractos estrechos no ha terminado", sino que lo lleva a cabo el Departamento de Salut y que así el "despido no tendría causa justa".

Fue el pasado diciembre cuando Vergés anunció en rueda de prensa que su departamento rescindiría el contrato con Ferroser a 31 de enero de 2021. A raíz del comunicado, varios empleados fundaron el citado sindicato e incluso llegaron a plantear una huelga que, finalmente, no se llevó a cabo. El juicio ha quedado visto para sentencia.