El falso debate del 'foam' de los Mossos

Los Mossos d’Esquadra, de nuevo en la diana. Sindicatos de agentes denuncian su utilización como moneda de cambio en las negociaciones para formar Govern, en las que ERC y la CUP pactaron una moratoria del uso de las balas de foam, que poco después enfrió el propio titular de Interior en funciones, Miquel Sàmper. Los proyectiles de precisión, cuya retirada abocaría a los agentes al “cuerpo a cuerpo”, según advierten los propios policías, han reabierto el debate sobre el modelo de orden público en Cataluña. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de orden público?

El foco se ha puesto sobre la actuación policial en las protestas, en esta ocasión, las que se sucedieron por todo el territorio tras el encarcelamiento del rapero Pablo Hásel, pero el orden público también abarca la seguridad en grandes eventos, como partidos de fútbol, entre otros. Pongamos la lupa en las manifestaciones: la Brigada Móvil (Brimo), la unidad antidisturbios de la policía catalana, solo intervino en 116 del total de 7.467 comunicadas en Cataluña durante 2019 —último balance disponible—. Es decir, solo en el 1,5% de ellas, aunque algunas, como tras la sentencia del procés, sí derivaron en altercados violentos y se saldaron con numerosos heridos. 

La Brimo intervino en el 1,5% de las protestas

Esta unidad, la Brimo, la componen unos 500 agentes de los cerca de 17.000 que integran el cuerpo catalán. Si a estos se les suman los de las Áreas Regionales de Recursos Operativos (ARRO), serían unos 1.300 los efectivos de Mossos destinados a orden público. “A veces nos dejamos llevar por el furor político y hay que poner los datos por delante”, señala Diego Torrente, sociólogo de la Universitat de Barcelona (UB), especializado en políticas de seguridad, quien recuerda que del total de protestas comunicadas hace dos años, la policía catalana solo prohibió 16, lo que “demuestra unos niveles de permisividad propios de un escenario democrático”.

Mossos d'Esquadra persiguen a un alborotador durante los disturbios en una marcha pro-Hasél en Barcelona / PABLO MIRANZO

Poner las cifras sobre la mesa es más relevante aún cuando algunas entidades y partidos ponen el foco sobre una presunta violencia policial para disolver manifestaciones. “Solo en el estado de Río de Janeiro, 1.810 personas murieron a manos de la policía en 2019. Durante el mismo periodo, en EEUU fueron 1.000 los fallecidos por este motivo”, indica Torrente. La última protesta en España que se saldó con fallecidos por disparos de las fuerzas y cuerpos de seguridad fue en 1979. Respecto al pasado año en Cataluña, el centro Irídia investiga 96 posibles casos de violencia institucional. De ellos, 16 “en un contexto de protesta”. También Amnistía Internacional reclamó determinar “la proporcionalidad del uso del material antidisturbios” —en relación al foam— después de que una joven perdiese un ojo este pasado febrero, durante una de las protestas por Hasél en Barcelona.

Comisión externa para fiscalizar la actuación policial

Ambas asociaciones reclaman desde hace años la publicación de los protocolos de uso de este proyectil --que Sàmper ya ha anunciado--, así como la creación de “mecanismos de control” sobre la actuación policial. Precisamente, esa sería una de las líneas de revisión del modelo orden público, apunta Ferran Giménez, sociólogo de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), especializado en este ámbito. “Crear un órgano externo e independiente que tenga la potestad de actuar con libertad para realizar investigaciones internas”, señala.

Agentes de Mossos d'Esquadra durante el sexto día de protestas por Hasél en Barcelona / LORENA SOPENA (EUROPAPRESS)

No sería novedoso, en Gran Bretaña y Holanda ya funcionan. “Si la fiscalización es únicamente interna; un informe que va al comisario, no se producen avances. Son mecanismos en los que suele imperar el corporativismo que deriva en tapar los fallos”, indica Giménez, quien recuerda que en los cuerpos de policía se suelen “extender pautas relacionales, y una subcultura interna en la que se cae en el ‘es un compañero’ y lo debes apoyar sí o sí, y donde está mal visto denunciar cualquier tipo de conducta inadecuada de otro agente”. Para este experto en seguridad supondría un “gran avance” esta comisión externa, ya que, señala, si cuenta con recursos para operar y aplicase sanciones ante malas praxis, como abusos, “podría provocar un debate interno en el cuerpo”. Este órgano lo podrían integrar, tal y como sucede en el modelo británico, “funcionarios de varios departamentos y también expertos en defensa de derechos humanos y en materia de orden público”.

Modelo preventivo: información y mediación

El modelo de los Mossos ya sufrió una gran modificación tras el caso Esther Quintana, que perdió un ojo por el impacto de una pelota de goma en la huelga general de noviembre del 2012 en Barcelona. El debate llegó al Parlament, que prohibió el uso de este tipo de proyectil, y se sustituyó por el foam, ahora también cuestionado. “Lo primero que debemos tener en cuenta es que las competencias de las fuerzas y cuerpos de seguridad son atribuciones complejas de gestionar. Especialmente, en materia de orden público. Se deben garantizar derechos fundamentales pero también los colectivos”, subraya Montserrat Iglesias, directora Escola Prevenció i Seguriat Integral (EPSI).

Una barricada ardiendo tras una protesta en Barcelona por Pablo Hasél / EFE

La evolución del modelo catalán la marcó el caso Quintana. “Si en un origen la base de actuación era el control de masas, cuyo objetivo principal era disolver [las concentraciones] de forma indiferenciada; una gestión más reactiva, este modelo de orden público ha avanzado hacia uno más preventivo y mediador”, señala. El actual pivota sobre dos pilares: la información —unidades que recaban datos sobre el escenario de la manifestación para diseñar el despliegue operativo, así como para detectar posibles perfiles violentos— y la mediación: agentes especializados tratan de consensuar el desarrollo de la marcha de forma pacífica. “El problema es que, cuando la protesta no se comunica, es difícil encontrar un interlocutor con el que mediar”, indica Iglesias.

Dispersión frente a la confrontación

En caso de que la protesta sea de carácter violento tampoco es posible la mediación y se recurre a la última opción: “La compulsión”. Las cargas. “Solo cuando no ha servido ninguna otra técnica”, señala la directora de la EPSI, que detalla que el modelo de orden de orden público catalán se basa en la contención; la dispersión --que la manifestación no vuelva a juntarse-- y la gestión selectiva, frente a otros modelos que buscan la “confrontación, el cuerpo a cuerpo entre policía y manifestantes”, que es lo que los agentes advierten que sucedería en caso de retirar el foam a los antidisturbios.

Agentes de Mossos con la pistola para disparar balas de 'foam' / EFE

¿Qué sucede con el foam? “Es una herramienta para que el policía se proteja; de uso selectivo del lanzador, a diferencia de las pelotas de goma --para dispersar--. El problema es que estas, al lanzarlas, rebotaban y no sabías dónde podían ir”, señala Torrente. En teoría, el proyectil actual se deforma: su impacto debería ser menor y lanzado a zonas no vitales para evitar lesiones de gravedad. Sobre la mesa no se ha puesto ninguna alternativa. El gas pimienta sería también una herramienta de dispersión, no defensiva.

Modelo de seguridad: el debate de fondo

Los expertos en seguridad son tajantes en una cuestión: el debate, ya sea sobre el uso del foam o el modelo de orden público, debe salir de la arena política: “Si vamos a discutir sobre cuáles son las nuevas herramientas que debe usar la Brimo, deben ser técnicos expertos en materia de seguridad quienes lo aborden. Como cualquier política pública, debe estar abierta a revisión, pero esta tiene que responder a criterios rigurosos de especialización”, subraya Iglesias.

En la misma línea se pronuncia Torrente. “Las situaciones de máxima violencia policial se producen cuando los agentes pierden el control de la manifestación. De alguna manera, estas herramientas ayudan al control del orden público. Otra cosa es que los protocolos sean más transparentes en la medida en que se pueda, porque la policía tiene que trabajar con cierta reserva de información para ser mas eficaz. Encontrar el equilibrio es complicado, pero no es un tema para abordar en una negociación de gobierno, sino con calma, y quizá en un contexto mayor, el del modelo de seguridad, que es el debate de fondo”, concluye.