La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal a la que se le atribuye la autoría de una estafa piramidal de más de cuatro millones de euros, además de los delitos de apropiación indebida, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. En el marco de la operación se han practicado diez detenciones y se han intervenido, entre otros, 60.000 euros en efectivo y joyas valoradas en 50.000.
El grupo operaba en las provincias de Barcelona, Madrid, Tarragona y Alicante y en algunos países europeos como la República Checa y Suecia. Su centro de mando se ubicaba en Alicante. La Guardia Civil ha localizado ya a más de 100 perjudicados y la operación continúa abierta, de forma que pueden aparecer más.
Ofertas inmobiliarias irresistibles
El modo de proceder consistía en buscar en internet propiedades inmobiliarias en venta. A continuación, ofertaban su adquisición a inversores como una ganga, al 20% de su valor de mercado. En el caso de estar interesados, debían formalizar una reserva inmediata y sin visitar la propiedad.
Una vez que la víctima se decidía, el grupo criminal formalizaba la reserva con los verdaderos gestores del inmueble, para garantizarse su uso temporal. El precio de las viviendas oscilaba entre los 25.000 y los 40.000 euros. Cuando los estafadores cobraban, la adquisición del inmueble no se materializaba y éstos desaparecían sin dejar rastro.
Hija ilegítima de Franco
La líder del grupo es una mujer española de 50 años, conocida por los investigadores por sus numerosos antecedentes y que ha cumplido pena de prisión por estafas anteriores. La delincuente se hacía pasar por hija ilegítima de Franco o del Rey Emérito, y se ganaba el aprecio de sus allegados para captar a sus víctimas.
Para sustentar su mentira de que era heredera de grandes fortunas, llevaba un estilo vida acaudalado, con más de 15 asistentes a su completa disposición. Además, la vivienda de los jefes de la banda contaba con fuertes medidas de seguridad.
Tapadera legal
Los agentes de la Guardia Civil han averiguado que, en ocho meses, y desde un despacho de abogados ficticio en la provincia de Alicante, han blanqueado casi un millón y medio de euros por medio de transferencias bancarias. Sin embargo, la mayoría de abonos de propiedades habían sido efectuados por los estafados en en efectivo.
Una parte del dinero obtenido se destinaba a la adquisición de alta joyería y objetos de lujo. El personal empleado al servicio de los miembros de la organización recibía remuneraciones de 4.000 euros mensuales. Incluso ellos eran estafados, dado que pedían préstamos para adquirir algunas de las viviendas ofertadas.