El Sindicat de Llogaters demanda al fondo Azora por las 'cláusulas antiokupas'

El Sindicat de Llogaters y el despacho laboralista Col·lectiu Ronda han interpuesto una demanda contra el fondo Azora por lo que consideran "cláusulas abusivas" en los contratos de alquiler de Barcelona. La denuncia se basa en un solo caso, aunque los demandantes esperan que si la justicia avala sus argumentos, puedan anularse de forma sistemática centenares de contratos.

La demanda se ha interpuesto, en concreto, contra Lazora Sociedad Inmobiliaria, una filial de este fondo. Azora posee en España 13.000 viviendas, adquiridas en su mayor parte tras el descalabro de la crisis del ladrillo en 2008.

¿Cláusulas abusivas o nulas?

La primera de las cláusulas denunciadas son las bonificaciones superiores al IPC (Índice de Precios al Consumidor), que según el escrito "impone subidas de hasta el 20% una vez se han superado los tres primeros años de contrato (en contratos de siete años)". En total, se cuestionan diez cláusulas, entre las cuales destacan los seguros de impago, la falsa declaración de negociación de las cláusulas, la retención de la fianza y la penalización por demora en la devolución de las llaves.

Crónica Global ha consultado con el bufete Sanahuja Miranda si dichas cláusulas contravienen los derechos de los inquilinos. Uno de sus abogados, Ignasi Vives, admite que solo parcialmente. "Las bonificaciones por encima del IPC o la penalización por demora claramente parecen abusivas, pero otras son nulas o bien forman parte de la libre negociación entre las partes, como la inclusión en el registro de morosos o el calendario de visitas por parte del propietario", señala el letrado. 

Protección frente a impagos

Además, fuentes del sector sostienen que algunas de estas rúbricas se han vuelto usuales en los arrendamientos como escudo frente a inquilinos impagadores o que puedan convertirse en okupas. "El seguro o la retención de la fianza son condiciones normales que dan garantías al dueño", indica Vives.

En el marco de la crisis del coronavirus y de las inseguridades de muchos tenedores, se introducen cláusulas restrictivas que expulsan a los arrendatarios más frágiles del mercado del alquiler. Sin embargo, no está claro que estos elementos contractuales sean abusivos. "Sucede lo mismo con la negociación de las cláusulas: el inquilino siempre puede negar que sea un contrato de adhesión y firmar que algunos puntos no han sido negociados", señala Vives.