Felip Puig y Ramon Espadaler declaran por el presunto espionaje al Cesicat

El juicio por el presunto espionaje al 'CNI catalán' se ha retomado con las declaraciones de los exconsellers Felip Puig y Ramon Espadaler. El exconsejero Puig ha afirmado este lunes en la Audiencia de Barcelona que percibió "resentimiento" en la persona que denunció irregularidades en el Cesicat. Además, sostiene que ha sufrido "coacción", ya que el denunciante le pidió una "compensación económica" para no llegar a los tribunales.

En la sección quinta de la Audiencia de Barcelona ha proseguido este lunes el juicio contra el expresidente del Cesicat, Carles Flamerich, y el exresponsable de gestión de incidentes, Xavier P., para los que el fiscal pide inicialmente cuatro años y tres meses de prisión por un delito de descubrimiento de secretos por espiar correos de un trabajador, así como ocho años de inhabilitación.

'Pinchazo' del correo electrónico

En 2013, el trabajador en cuestión, Albert G., había denunciado presuntas irregularidades que afectaban a la seguridad del organismo, situación que puso en conocimiento de los exconsellers Felip Puig y Ramon Espadaler y de otros altos cargos de la Generalitat con el envío de correos electrónicos.

Según sostiene el ministerio público en su escrito de acusación, los dos imputados, "obrando de común y mutuo acuerdo", acordaron la creación de un sistema para acceder a los correos electrónicos que el denunciante enviaba, de manera que estos llegaban a su legítimo destinatario, pero también a un archivo al que podían acceder los acusados.

Puig reconoce que filtró los correos

Puig ha testificado que, tras un encuentro personal con el denunciante en el que le informó, en el transcurso de un almuerzo, de una situación de "vulnerabilidad y de seguridad" en el Cesicat, comenzó a recibir correos electrónicos "repetitivos y, a veces, obsesivos". El exconseller lo ha atribuido a "cierto resentimiento y descontento" y a un "problema personal" por el hecho de que esta persona había dejado de ser colaborador del 'CNI catalán'.

"Había insistencia y obsesión, y por eso compartí esta situación con mis colaboradores por una posible actitud y comportamiento anormal", para que "hicieran un seguimiento" de lo que estaba pasando y de los problemas de seguridad denunciados, ha declarado el conseller de Empresa en esa época.

El Cesicat, el 'CNI catalán', pincha los correos de los funcionarios que considera

Fuga de datos

Ha señalado que los últimos correos y mensajes de Whatsapp enviados por Albert G., ya en los años 2018 y 2019, contenían insultos y sugerían incluso una compensación económica para no llegar a los tribunales. "¿Albert G. le planteó alguna coacción?", le ha preguntado la acusación particular, a lo que Puig ha contestado: "En el almuerzo no, posteriormente sí, en el correo y en Whatsapp".

Asimismo, ha explicado que recibió "pantallazos" en el móvil con información de funcionarios de la Generalitat, como las nóminas, algo a lo que el denunciante no podía tener acceso, lo que evidenciaba una "fuga de datos".

Conducta "atípica"

Por su parte, el entonces conseller de Interior, Ramon Espadaler, ha detallado que recibió un correo del denunciante que le pareció "atípico y extraño", hecho que comentó con el máximo cargo del Cesicat acusado en esta causa, si bien cree que lo hizo telefónicamente y no reenviando el mensaje en cuestión.

Otro de los testigos, una funcionaria técnica de la asesoría jurídica del Departamento de Gobernación, ha relatado que entró "escrito que no se entendía" del denunciante, "sin mucho sentido y sin mucha lógica". Después de este episodio intentó contactar con el denunciante, sin llegar a aclarar la situación.

Gatius: "Había una amenaza creíble"

Asimismo, ha declarado en la vista de hoy Xavier Gatius, que también fue máximo responsable del Cesicat, en el que entró después de que se abriera un "incidente" por posibles problemas de seguridad, y ha asegurado que "había una amenaza creíble" en la divulgación de datos de los funcionarios de la Generalitat y de una "fuga de datos", que se puso en conocimiento de los Mossos en su momento.

Ante esta situación, Gatius ha explicado que se desplegó una política para cambiar todo el sistema de credenciales de 150.000 trabajadores públicos de la Generalitat.