Urdangarin recibe el tercer grado penitenciario

Un juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Castilla y León ha decidido otorgar a Iñaki Urdangarin el tercer grado penitenciario. Esta decisión permitiría que el recluso pueda salir de la cárcel durante el día y los fines de semana, pero ello solo llegará cuando el auto sea firme. Ante él cabe recurso tanto de forma como de apelación y ello tendría "efecto suspensivo" sobre la decisión, tal como destaca el propio juez. 

La decisión del magistrado acepta la propuesta formulada por la junta de tratamiento de la prisión de Brieva (Ávila), donde Urdangarín cumple condena por el caso Nóos. Contradice, sin embargo, a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que acordó su mantenimiento en segundo grado.

Aislamiento en prisión

Una de las razones destacadas en el auto sobre la concesión del tercer grado a Urdangarin es el alto grado de "aislamiento" que el reo vive. El marido de la Infanta Cristina se encuentra encarcelado en un ala del centro penitenciario avilés, completamente solo. Esta "especial forma dura de vida" justificaría que el actual grado de cumplimiento de su condena --ya ha pasado un tercio de ella entre rejas--, no pueda ser obstáculo para la progresión al tercer grado.

El juez señala que dicha situación se deriva de una decisión de Prisiones --que alegó "razones de seguridad", y no como "trato de favor" hacia el condenado o por voluntad propia, tal como sostienen la Audiencia Provincial de Mallorca y la Fiscalía. Y destaca que, si así fuera, se podría haber incurrido en un delito de prevaricación, ya que de esta actitud se deriva dicho trato diferencial y favorable a Urdangarin.

Casos anteriores

La resolución judicial se retrotrae a dos casos anteriores con características similares al de Urdangarin en materia de regímenes penitenciarios. Se refiere concretamente a los procesos de dos internos que, aún con un contexto más desfavorables que el del cuñado de Felipe VI, obtuvieron el tercer grado. 

En aquella ocasión, la decisión fue tomada por la Administración Penitenciaria cuando ninguno de ellos habían cumplido la cuarta parte de sus condenas. En aquella ocasión, el Ministerio Fiscal decidió no recurrir.