El Govern se olvida de los profesores en situación de riesgo a dos semanas de la vuelta al cole

“A día de hoy, yo no sé si soy población de riesgo ante el Covid-19 y si me puedo incorporar el 14 de septiembre”. Habla una profesora embarazada que, tras haber cumplimentado en mayo una “declaración responsable” con vistas al retorno presencial de los docentes, todavía desconoce si podrá volver a las aulas.

Una certificación enviada a todos los profesores catalanes y que, a pesar de ser voluntaria, debe ser cotejada por el Servicio de Prevención de Riesgos de la Consejería de Educación. Fuentes del sector educativo aseguran que este negociado no ha empezado todavía a enviar informes a los docentes en situación de riesgo. “Además, los profesores pueden mentir, igual que ocurría con la declaración que fue enviada a los padres que reclamaban clases presenciales para sus hijos en junio”, explica el director de un centro educativo catalán.

Como se sabe, el Govern ha invocado la autonomía de centros para dejar en manos de cada director de escuela el peso de la lucha anti-Covid en el nuevo curso escolar. Asimismo, personal de asistencia primaria se ocupará de tutelar las medidas sanitarias --toma de temperatura, cribaje...--, lo cual puede contribuir a saturar los CAP. De esta forma, los centros serán los responsables de decidir si se cierra un aula en caso de contagio.

"Ningún director de centro va a asumir el riesgo de que haya un muerto en su colegio. Ante la duda, van a ser muchos los colegios que echarán el cierre", explica este docente.

¿Cómo se van a garantizar las ratios?

Ante esta situación, y a dos semanas de que comience el curso escolar más atípico, las citadas fuentes educativas aseguran que es casi imposible garantizar la ratios anunciadas por el Govern --menos de 20 alumnos en Primaria y de 30 en Secundaria--, que exigirá en muchos centros la duplicación de aulas y nuevos equipamientos, sin conocer exactamente la plantilla de docentes disponible. El consejero de Educación, Josep Bargalló, ha informado de que ha contratado a 8.000 nuevos profesores.

Si a esto se añaden las dificultades que tiene Muface --la mutualidad que gestiona las prestaciones sociales de los funcionarios-- para hacer los tests PCR y que los 500.000 tests anunciados por la Generalitat comenzarán a practicarse un día después del inicio del curso escolar --entre el 15 de septiembre y el 15 de noviembre--, es lógico que profesores y familias no vean garantizadas las medidas de seguridad en los colegios catalanes.

Burocracia

Riesgos Laborales asegura que no hay otra fórmula mejor para proteger al personal docente y al resto de miembros de la comunidad educativa ante el Covid-19. De hecho, cuando la medida se puso en marcha, la comunidad educativa la valoró de forma positiva. Lo que desconocía es que esa “declaración responsable”, que cada profesor puede renovar semanalmente si sus circunstancias sanitarias van cambiando, generaría tal burocracia.

Precisamente ayer, los sindicatos Ustec-STEs, CCOO, Intersindical CSC,  Sindicat de Professors de Secundària, CGT, UGT y USOC emitían un comunicado conjunto en el que exigían que “trabajadores y trabajadoras vulnerables que no hayan recibido aún respuesta de los servicios de prevención no se incorporen hasta tener la información sobre su consideración de vulnerabilidad o sensibilidad”.

La declaración de responsabilidad incluía una serie de preguntas que el docente debe responder para que Prevención de Riesgos pueda determinar si puede impartir clases de forma presencial. El profesional no está obligado a informar a su propio centro del tipo de patología que tiene.

¿Qué es un profesional de riesgo?

Se considera profesional de riesgo aquel que ha sufrido la enfermedad, ha tenido contactos con contagiados o bien tienen la sintomatología propia de la infección. “Son personas que no pueden participar en las actividades presenciales de los centros de trabajo, sin menoscabo de que puedan hacer actividades no presenciales. Se informa que inicialmente estas personas, y hasta que el Servicio de Prevención no les dé nuevas indicaciones, no pueden ir al centro de trabajo. El personal sanitario del Servicio de Prevención de Riesgos llevará a cabo una evaluación específica de cada situación, y con este fin podrá tener que contactar con la persona en cuestión, antes del inicio del curso escolar 2020-2021”, indica el mensaje enviado a los profesores.

Entre otras cuestiones, el docente debía indicar si es mayor de 60 años o si sufre diabetes, enfermedad cardiovascular --incluida hipertensión--, enfermedad hepática crónica, enfermedad pulmonar o renal crónica, inmunodeficiencia o cáncer en fase de tratamiento activo. En caso de embarazo también se debe informar.

"Yo ya estoy de 29 semanas y no sé si debo ir a trabajar todavía", comenta la citada profesora, portavoz de un colectivo donde la incertidumbre hace mella.