Los 17 modelos educativos diferentes, un lastre en la lucha contra el coronavirus

Las comunidades autónomas tienen plenas competencias de gestión educativa. Cada una de ellas trabaja en protocolos para la vuelta a la actividad presencial tras el confinamiento impuesto por el coronavirus, en base a las recomendaciones elaboradas por los ministerios de Sanidad y Educación.

Sin embargo, la vuelta al cole ha puesto de manifiesto las diferentes fechas elegidas para retomar las clases, un aspecto clave en la lucha contra el Covid, pues pone a prueba la preparación de cada gobierno autonómico. Pero es que, además, esa operación septiembre evidencia de nuevo la descoordinación territorial y el riesgo de desigualdades educativas en función de la gestión de cada autonomía.

Análisis de Impulso Ciudadanos y AEB

Impulso Ciudadano y la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB) analizaron las instrucciones de las consejerías de educación de las 17 comunidades autónomas que se dictaron con motivo de la suspensión de la actividad educativa presencial en los centros docentes. Y concluyeron que las diferentes políticas aplicadas provocaban desigualdades educativas dependiendo de la autonomía en la que se cursen los estudios.

Por ejemplo, avisaban de que la brecha digital durante la pandemia se agravaría ante la desigualdad en el acceso a los medios telemáticos entre las familias, ya que unas disponen de estos medios digitales y otras no. “La mayoría de las CCAA sólo contemplan en sus instrucciones la vía digital para recibir la formación. Únicamente las consejerías vasca y navarra prevén la obligación de poner los medios del centro a disposición de las familias.

Carta al Ministerio de Educación

Por ello, enviaron una carta al ministerio para instarle a dar unas directrices comunes a todas las CCAA indicando los objetivos del proceso educativo durante el estado de alarma y los criterios comunes a tener en cuenta al desarrollar las actividades curriculares dentro de cada autonomía. Invocaban ambas asociaciones la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que se inspira, entre otros principios, en el de calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones y circunstancias.

Y también en el principio de equidad, que obliga a las administraciones educativas a garantizar la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y oportunidades que ayuden a superar cualquier discriminación y la accesibilidad universal a la educación. 

Aportaciones del ministerio a las autonomías

En paralelo, las aportaciones realizadas por el Ministerio de Educación a las comunidades para la contratación de nuevos profesores tampoco garantiza una armonización de las medidas llevadas a cabo en cada autonomía. Tal como publicó Crónica Global, Cataluña es la tercera comunidad autónoma que más profesores nuevos ha contratado para el nuevo curso 2020-2021, por debajo de Canarias y Castilla-La Mancha.

A la cola se sitúan Galicia, Castilla y León y Murcia, según un informe publicado por el PSOE que sostiene que las autonomías gobernadas por el centroderecha son las que más recursos escatiman. Sin embargo, en el caso de Cataluña hay que tener en cuenta que el alumnado catalán ha ido creciendo, los recortes en educación no se han revertido --algo que sí han hecho otras comunidades-- y que muchas nuevas incorporaciones corresponden contrataciones por horas.

Diferente contratación de docentes

El PSOE analizaba también la correlación entre el número absoluto de contrataciones y los millones recibidos por las CCAA del Fondo Covid-19. El Ministerio de Educación ha destinado 1.600 millones de este fondo a las CCAA, 386 millones más en becas, 310 millones más en FP, 191 millones adicionales en digitalización y otros 40 millones más en el programa PROA+ por la equidad.

En este sentido, el informe considera sólida la correlación en Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana junto a Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Galicia. En cambio, apunta que Galicia debería haber contratado 2.000 docentes en lugar de los 240 anunciados. Es decir, ha contratado 8,3 veces menos de lo esperable.