El "parche" de Torra que denuncian los equipos médicos

La presión asistencial en el Segrià sube hasta cotas límite, pero ya no está en el Hospital Arnau de Vilanova sino en la atención primaria. Los cientos de positivos en Segrià confirman la extensión comunitaria del virus y la necesidad de incrementar el rastreo de contagios. Antes de encomendarse a los facultativos, el Govern ha puesto en marcha un aislamiento al estilo del momento crítico del pasado mes de marzo. Y los médicos en primera línea lo tienen claro: la decisión del president Torra y la consejera Alba Vergès es “un parche”. Esta es la opinión de Oriol Yuguero, el prestigioso internista del Arnau de Vilanova, convertido en los últimos días en portavoz de un sector profesional restricto en materia de opinión. Hoy por hoy, Yuguero es la voz de la medicina integral, la de los facultativos de la pública que defienden un modelo más justo y eficaz.

Los refuerzos prometidos en la red de vigilancia epidemiológica llegan a cuentagotas y la plataforma informática creada para articular la lucha contra el virus no funciona. “No sabemos cómo se han contagiado uno de cada cinco enfermos”, resume el internista José Luis Morales-Rull, responsable de la atención al coronavirus en el hospital comarcal de Lleida. Que la UCI no esté llena de casos graves, como ocurrió en marzo, no significa el fin de la pandemia. “El trabajo está hoy en la calle”, remarca Yuguero. Pero los refuerzos prometidos en la red de vigilancia epidemiológica llegan a cuentagotas y la plataforma informática creada para articular la lucha contra el virus no funciona. Médicos, enfermeras y personal sanitario se arremolinan junto a este dato: “estamos haciendo frente a la gran pandemia del primer cuarto de siglo XXI con las armas del siglo XX”.

Hospital de campaña de Lleida / EP

La resistencia de Torra

Con parte de la opinión médica y judicial en contra, Torra habla de resistir, cómodamente encerrado en su despacho climatizado y de rancias caobas, lejos de las nubes tóxicas que rodean a los sanadores en la primera línea. La orden de aislamiento del Segrià es papel mojado después de que la magistrada Elena García-Muñoz Alarcos, del juzgado de Instrucción número 1 de Lleida, se negó a ratificar las medidas del Govern porque “requiere una declaración de Estado de Alarma, que es competencia exclusiva del Gobierno”. La juez hace suyos los argumentos de la Fiscalía, que horas antes había presentado un recurso oponiéndose al endurecimiento de la reclusión. Pero, frente al rigor de las togas, he aquí el último desacato del president: “Seguiremos con el confinamiento porque está en juego la salud de los ciudadanos”. El último desencuentro en la institución y la justicia causa perplejidad en dos voces autorizadas de la magistratura, como Ignacio González, de Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) y Martín Pallín, emérito del Supremo; ambos coinciden en el “desconocimiento de Torra y de su equipo en materia de leyes orgánicas, en momentos de extrema gravedad”.

El gran rebrote de Lleida ha pillado al Govern distraído. Falla en primer lugar el rastreo de contactos, clave para frenar la propagación del virus; y falla la trazabilidad de la pandemia que no se está completando por falta de recursos humanos y técnicos. Cada vez que hay un nuevo desafío social, la política catalana muestra su desconocimiento institucional y jurídico. Los equipos médicos y los cuerpos uniformados que patrullan las plazas de la comarca del Segrià son conscientes de que son muchos años de parálisis en la gestión y de sobreactuación ideológica, “un binomio que empieza por el desorden y acaba en la desafección de la ciudadanía”, señala una fuente judicial vinculada a la magistrada que se ha negado a ratificar la orden de encierro. “Cataluña es la demostración de que los sistemas no están preparados ante semejante avalancha de gente”, insiste Helena Legido-Quigley (Barcelona, 43 años), profesora asociada de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, de la Universidad Nacional de Singapur y visitante de la Universidad de Lleida.

Imagen de un sanitario ante una carpa medicalizada en Lleida / EFE

Mano de obra barata

La peor parte se la llevan los enfermos y la mano de obra barata que, cada año en estas fechas, se concentra en la comarca así como en diversos puntos fronterizos de Aragón. Los alcaldes de Aitona, Rosa Pujol; y Alcarràs, Manel Ezquerra, critican al Govern por las carencias en el rastreo. "Ha fallado estrepitosamente el control epidemiológico", ha estallado Ezquerra. "Sabemos que hay muchos casos a los que no se está haciendo el control telefónico, es lamentable que haya fallado", ha afirmado, para acabar concluyendo que "en política se puede hacer de todo menos el ridículo". Por su parte, Ezquerra abunda en el mismo argumento con el punto de mira puesto en el Govern de Torra: "Es vergonzoso que no tengamos los datos de salud cada día". "No tenemos absolutamente nada; estamos solos y abandonados".

El año del Covid pasará a la historia como el de los 30.000 temporeros desatendidos y sin protección social. Los jornaleros no hacen sino demostrar la debilidad de nuestro sistema de Salud y nula red social que hay detrás del empleo precario en las zonas de la futa y la vendimia. La otra cara de la moneda del Covid es la economía: los alcaldes de los ocho municipios afectados por el nuevo aislamiento --concretamente los de Lleida, Alcarràs, Aitona, Soses, Granja d’Escarp, Massalcoreig, Torres de Segre y Seròs-- son mayoritariamente reacios a una paralización total de la actividad, temerosos del impacto del cierre sobre la viabilidad de la huerta y de las pequeñas y medianas empresas de servicios.