Los Mossos utilizarán gas pimienta y piden grabar sus actuaciones

Lo ha avanzado el comisario jefe, Eduard Sallent, tras la presentación de la auditoría por la actuación de los agentes durante los disturbios tras la condena a los líderes del procés. Los Mossos d’Esquadra utilizarán gas pimienta en un “futuro inmediato” si vuelven a producirse altercados graves. Un anuncio que el cuerpo ya hizo el pasado septiembre --antes de conocerse el fallo del Tribunal Supremo-- aunque, finalmente, los antidisturbios no llegaron a emplearlo.

También reclaman cámaras de vídeo “para la rendición de cuentas y el ámbito disciplinario”, en palabras de Sallent. Estas son algunas de las medidas que se desprenden del Informe de evaluación y propuesta de mejora en la gestión del orden público que se ha presentado este lunes en el complejo central de Egara, en Sabadell, donde el director de la policía catalana, Pere Ferrer, ha detallado que se investigan 34 actuaciones de 50 agentes, aunque ha rechazado dar detalles sobre las mismas. Eso sí, ha especificado que ya se ha sancionado a uno de los efectivos, y que otros dos casos se han cerrado. El 50% los lleva la División de Asuntos Internos (DAI) y los 17 restantes están judicializados.

“Punto crítico” para orden público

Hasta ahí la fiscalización a la actuación de los efectivos de la Brigada Móvil (BRIMO) y de las Áreas Regionales de Recursos Operativos (ARRO) --que el titular de Interior, Miquel Buch, había anunciado como la mayor auditoría en la historia del cuerpo--, ya que el análisis se ha basado en posibles mejoras tras el visionado --según ha detallado Ferrer-- de un millar de horas de vídeo de las 164 protestas violentas que se sucedieron en octubre de 2019 en Cataluña, del total de 877 movilizaciones.

Y es que, como ha admitido el director del cuerpo, “la intensidad y la simultaneidad de los altercados” por todo el territorio llevó a la estructura de orden público “a un punto crítico”, que generó gran tensión entre los efectivos, asumiendo largas jornadas de trabajo para gestionar “acciones realizadas por grupos violentos con estrategia y organización” y, en los casos más graves, “la firme voluntad de enfrentamiento con la policía”.

Ocho líneas de actuación

Las mejoras se han agrupado bajo ocho líneas de trabajo, según ha detallado el intendente Marc Tortellà. En primer lugar, “fortalecer las unidades y servicios que intervienen en la gestión operativa”, con el objetivo de mejorar la coordinación entre BRIMO y ARRO. Los primeros, con sede en Sabadell y los segundos, que dependen de su respectiva región policial. Ambos con diferente formación y equipación, por lo que sería necesario “armonizar sus servicios” y tener en cuenta, además, que la mayoría de movilizaciones se producen en Barcelona y su área metropolitana.

En segundo término, “aumentar la capacitación técnica de los servicios especializados en la gestión del orden público”; es decir, aumentar la eficacia policial y dotarles de elementos que permitan mantener la distancia y establecer diálogo frente a los concentrados, ya que en la actualidad, los efectivos son “vulnerables ante amenazas”. Tortellà ha señalado que los agentes de orden público solo cuentan con su defensa --la porra-- para repeler agresiones, y por ello es necesario “buscar nuevas herramientas y recursos que garanticen la eficacia de la intervención”.

Gestión de los conflictos

Un tercer aspecto es el de mejorar el proceso de toma de decisiones; y que los mandos especialistas en orden público se coordinen a través del CECOR según las “necesidades reales de los dispositivos, que ahora recae sobre los mandos territoriales”. El cuarto punto es el de incorporar tecnología versátil --como las citadas cámaras de vídeo-- , que permita mejorar la eficacia de los agentes y reducir riesgos asociados a sus actuaciones. 

Potenciar la gestión negociada de los conflictos a través de la interlocución, la mediación y la negociación sería el quinto aspecto a mejorar. Tras este, el cuerpo apunta a la “coordinación multioperador”, que hace referencia a desplegar un protocolo frente a situaciones de emergencia ajenas a dispositivos policiales. El séptimo punto alude a medidas que promuevan la rotación de los agentes, velar por su seguridad jurídica y eliminar riesgos innecesarios. “La gestión del orden público es compleja y atrae una atención mediática permanente”, ha señalado Tortellà. Por ello abogan por una revisión de las planificaciones horarias, así como de la carga de trabajo.

Transparencia

Por último, el informe insta a avanzar hacia un modelo basado en tres ejes: la transparencia --“valorando las actuaciones”--, la participación de grupos de interés y el control y la gestión de las anomalías que se detecten. A pesar de las críticas que ha suscitado la falta de detalle a la hora de analizar la actuación de los 50 mossos investigados, Ferrer ha subrayado que esa es una tarea de Asuntos Internos, y que analizar ese millar de horas de grabaciones persigue “aprender y mejorar”, objetivo de la auditoría. Buch también ha avalado esa tesis y ha deslizado que el estudio no era para expedientar a agentes, ya que eso "se hace cada día en el cuerpo" como procedimiento reglado.

Así, el director de los Mossos ha recordado que, en la última década, 724 agentes han sido sancionados por mala praxis. También ha admitido la necesidad de incrementar los efectivos de orden público, dentro de las mejoras planteadas. “En muchas de las reuniones que hemos mantenido con alcaldes en los últimos meses nos han pedido que reforcemos la seguridad en sus municipios porque están teniendo oleadas de robos”, ha señalado.