Frenada. Una pequeña patronal catalana ha conseguido frenar una externalización opaca del Hospital Vall d'Hebron a Ferrovial. La organización empresarial de instaladores ACEIM ha conseguido anular un contrato de once millones de euros a la multinacional salpicada por el caso mordidas de CDC en el Palau de la Música tras denunciar "irregularidades". La adjudicación está siendo reevaluada por el Gobierno catalán.
Así lo han alertado sindicatos del hospital a este medio. Los sanitarios han apuntado a una resolución del Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público [consultar aquí] del 13 de diciembre que frena la externalización del mantenimiento y el servicio de mejora de la eficiencia energética del complejo médico. El fiscalizador de contratas de las administraciones públicas estima el recurso de la Asociación Catalana de Empresas de Instalaciones y Mantenimiento, que denunció dos aspectos irregulares de la adjudicación. Su denuncia ha sido escuchada y la multinacional salpicada por el caso mordidas de CDC en el Palau de la Música Catalana ha perdido la contrata.
ICS, "en revisión"
Preguntada por la cuestión, una portavoz del Instituto Catalán de Sanidad (ICS) --el proveedor público de servicios sanitarios en Cataluña-- ha indicado que la resolución del TCCSP "está en revisión", sin aportar más datos sobre las presuntas irregularidades. Lo que sí se conoce es que la patronal denunció que la adjudicación de Vall d'Hebron a Ferrovial vulneraba la normativa de contratación pública. Lo hacía, según ACEIM, en dos puntos: la introducción de enmiendas en las plicas de contratación una vez publicadas y en la valoración poco clara de las mejoras que ofrecían los licitantes al mayor hospital catalán. Tanto el ICS como la multinacional de Rafael del Pino trataron de desmontar la tesis. El proveedor de servicios públicos alegó que se trataba de "juicios de valor" de la patronal. Finalmente, el fiscalizador ha anulado el procedimento y lo ha retrotraído hasta el primer cambio en el pliego de condiciones.
El frenazo a la externalización del mantenimiento de Vall d'Hebron constituye materia suficiente para que los sindicatos desconfíen. Médicos cercanos al caso han lamentado la "escasa transparencia" de algunos contratos en la sanidad pública catalana, tal y como ocurrió con las licitaciones de los quirófanos del Institut d'Assistència Sanitaria/Hospital Santa Caterina de Girona, que se trocearon en 20 adjudicaciones distintas, 18 de ellas menores. "Hay poco rigor en adjudicar con dinero público y escasa cultura de rendimiento de cuentas: nadie denuncia los casos a, por ejemplo, la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) cuando hay mimbres para hacerlo", lamentan. Otros representantes de la parte social han agregado que la chapuza con el contrato de Vall d'Hebron a Ferrovial sigue a los problemas del hospital para estabilizar el personal de este campo. "Muchos de ellos fueron contratados sin la categoría correcta para ahorrar en el capítulo uno, el de personal, y ahora el ICS los debe subir de categoría y pagarles la diferencia", han recordado.
Ferrovial, absuelta por prescripción del delito
El patinazo de Vall d'Hebron con la adjudicación del mantenimiento del hospital a Ferrovial es la primera carpeta conflictiva que aterriza sobre la mesa el nuevo gerente de la institución de enfermos agudos, Albert Salazar. El médico interinista tomó las riendas del mayor centro sanitario de Cataluña en junio de 2019 tras la destitución fulminante de su antecesor, Vicente Martínez Ibáñez, ejecutada por parte de la consejera catalana de Salud, Alba Vergés, un cese que avanzó este medio. Tras ello, el doctor Martínez Ibáñez se marchó al sector privado con la antigua directora asistencial, Ana Ochoa de Echagüen, que también salió de la cúpula directiva tras el relevo exprés de su superior. Tras ello, trascendió que antes de tomar las riendas de la ciudad asistencial, el facultativo supervisó una adjudicación opaca del aparataje de los nuevos quirófanos del IAS que le valió un reproche de la Intervención General de la Generalitat de Cataluña.
Por su parte, Ferrovial se ve salpicada de nuevo por un embrollo en contratación pública en Cataluña después de que directivos de la cotizada salieran airosos de la sentencia del caso mordidas en Cataluña, que acreditó que la extinta CDC se financió mediante mordidas irregulares en adjudicaciones de obra pública que se vehicularon por medio del Palau de la Música Catalana. Tanto es así que resultó condenado, entre otros, el extesorero de CDC, Daniel Osàcar. En esta trama, dos directivos de la multinacional, Pedro Buenaventura y Juan Elizaga, fueron absueltos de los delitos de administración desleal y tráfico de influencias porque ambos tipos penales habían prescrito. El fallo ha sido recurrido al Tribunal Supremo por parte --entre otros-- de la fiscalía, que presentó un recurso de casación en el que se alegaba que "no están prescritos los hechos imputados".
Esta información ha sido elaborada sin la versión de Ferrovial, pues la compañía no ha respondido a los requerimientos informativos de este medio.