Macrodemanda en ciernes contra la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) del Ayuntamiento de Barcelona, que comanda Ada Colau. Un grupo de conductores quiere reunir a miles de afectados para interponer un recurso colectivo que tumbe las restricciones a la entrada de vehículos contaminantes a la Ciudad Condal, que entrarán en vigor el 1 de enero. Quieren seguir la vía Madrid Central para desactivar una medida que ven "dañina".
Así lo ha explicado David Neila, abogado que coordinará la acción judicial. En conversación con este medio, el letrado ha recordado que la ordenanza que regula la ZBE se votará en el pleno del 20 de diciembre. "Si se aprueba, esperaremos a la publicación. Tras ello, interpondremos recurso contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)", ha avanzado el letrado. Neila ha señalado que "se buscará a tantos conductores afectados como sea posible" para dar fuerza al escrito, que pedirá medidas cautelares que desactiven las restricciones. ¿Por qué? "Porque creemos que cercena la libertad de movimientos de los automovilistas y la actividad económica. Este será el argumento principal", ha admitido.
"Somos más de 10.000 afectados"
La vía anunciada por Neila, que vehiculará las demandas de la Plataforma de Afectados por las Restricciones Circulatorias (PARC), es similar a la que siguieron los contrarios a Madrid Central: inundar los juzgados de peticiones de peticiones de medidas cautelares y cautelarísimas para anular el capítulo sancionador de la ordenanza con el fin de evitar "daños mayores". Esta senda no fructificó, pues la justicia terminó avalando las multas de 90 euros por acceder a las Áreas Residenciales Prioritarias (ARP), pero sí movieron la agenda política hasta que el actual alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, prometió suspender las multas, primero, no repercutir las erróneas, después, y relajar los obstáculos a los vehículos antiguos de gasolina y diésel, por último. Esta hoja de ruta la llama el munícipe Madrid 360 y sustituirá al plan de blindaje de la almendra central de la capital.
En Barcelona, los opositores a la zona verde creada por el Ejecutivo de BComú y el PSC --en la que no entrarán so pena de multa los gasolina matriculados antes de 2000 y los diésel anteriores a 2006-- también quieren sacudir el tablero. Empezarán con recursos al TSJC, sí, pero luego quieren exhibir músculo. Por lo pronto, recuerdan que la PARC ya cuenta con 10.000 miembros. El 28 de diciembre se reunirán en L'Hospitalet de Llobregat para coordinar las acciones a seguir contra las trabas a coches, furgonetas y motos antiguas. "Ello será sin perjuicio alguno de las acciones judiciales que se presenten a título individual. Yo tengo que llevar a mi tía a la clínica diariamente. Tiene 93 años y alzhéimer y tenemos solo un coche de 1999. Interpondré acciones por mi cuenta para evitar tener que comprar un vehículo nuevo", ha explicado el empresario Ángel Badia, miembro de la Plataforma.
Hasta 50.000 vehículos afectados
Las acciones judiciales anunciadas no frenarán la aprobación de la Zona de Bajas Emisiones. Ello es así porque BComú y PSC ya cuentan con sus votos y los diez de ERC para sumar una mayoría de 28 concejales de 41 en el plenario. De hecho, los republicanos se han incorporado al bloque favorable a las restricciones --votaron de forma contraria en la aprobación inicial en comisión-- después de que el bipartito sociocomún aceptara algunas de sus enmiendas. La principal de ellas es la moratoria de multas de un año para familias vulnerables o que ingresen mensualmente el equivalente al Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) más el 10%, esto es, unos 590 euros o menos. El consistorio también ha fijado las cuantías de las multas y ha incorporado más exenciones para vehículos de servicios, como grúas, furgonetas de venta u hormigoneras.
Todo ello no será óbice para que la ZBE nazca con polémica. El Real Automóvil Club de Cataluña (Racc) alertó ayer de que la prohibición de entrada de vehículos contaminantes en Barcelona a partir del 1 de enero saturará aún más un transporte público que opera colapsado. Según la entidad de conductores, al menos cinco líneas de Rodalies de Renfe (R1, R2, R2Sud, R3 y R4) y una de los Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña (FGC), la del Vallès, circulan al 100% o más en hora punta (entre 7:30 y 9:30 horas), cuando la mayoría de trabajadores acuden a sus puestos de trabajo. Globalmente, la ocupación de convoyes es del 88%, por lo que el Racc estima que se impone un plan de inversiones de emergencia. Calcula la entidad que 134.000 vehículos resultarán afectados, cifra que el Ayuntamiento rebaja a 50.000.