Denuncian al director del Observatorio de DDHH de la Universidad de Barcelona por injurias

El director del Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona, Iñaki Rivera, ha cabreado a los trabajadores de las cárceles catalanas. El directivo participó en un programa de la cadena pública TV3 y, entre los comentarios que realizó, aseguró que en las prisiones "hay torturas" y que estas "solo puede ser realizada por un funcionario penitenciario", lo que le ha valido una querella criminal por injurias y calumnias por parte de uno de los sindicatos representantes de estos empleados públicos. 

El CSIF considera que el mágimo dirigente del Observatorio --una entidad financiada por la Generalitat de Cataluña-- calumnió a los funcionarios de prisiones "sin ninguna clase de escrúpulo". Por ello, están dispuestos a llegar "hasta donde la Justicia nos permita" para que Rivera se retracte de sus palabras. 

Intento de conciliación

Los representantes laborales aseguran que la inscripción de una querella criminal ante los juzgados es la última vía a la que han tenido que recurrir por la actitud de Rivera ante sus demandas. Antes de llevar a cabo esta decisión, los miembros del CSIF se presentaron en un acto de conciliación para ofrecer al director "la oportunidad de retirar todas y cada una de las afirmaciones" que había realizado en la pequeña pantalla.

Su participación tuvo lugar el 29 de noviembre del pasado año, en el programa Tot es mou y la reunión de conciliación fue en marzo de 2019. El diálogo no llegó a buen puerto --Rivera no se retractó--, por lo que el sindicato "se ve obligado" a formalizar la querella.

No es la primera vez

En la Justicia catalana ya hay un procedimiento abierto contra Rivera por esta misma intervención en la televisión. CCOO presentó una denuncia que fue admitida a trámite hace algo menos de un mes y pocos días después --concretamente el 18 de septiembre-- el director de la institución fue requerido a presencia del juez. 

En aquella ocasión, la Universidad de Barcelona realizó una declaración pública en la que destacaba que las palabras de Rivera se referían "a la definición legal de tortura, que según el Código Penal, sólo puede ser cometida por las autoridades o los funcionarios". Por ello, tildaba la decisión del sindicato como "un intento de disuadir" que el experto ahondara "en su acción de denuncia de la violencia institucional y de la vulneración de derechos".