Chema, el policía olvidado por políticos y sindicatos, gana en la justicia

Es Chema, el policía municipal al que fallaron los políticos y sindicatos y a quien la justicia ha dado la razón. El funcionario fue despedido en 2016 tras un accidente de tráfico que le dejó lesiones graves en una pierna. Ahora, los jueces le han devuelto su legítimo puesto de trabajo en el Ayuntamiento de Gavà (Barcelona).

Según sentencia de la sala contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a la que ha accedido este medio, Chema Giménez debe reincorporarse como funcionario en la localidad barcelonesa. Lo que es más, el auto declara nulo de pleno derecho parte del reglamento de segunda actividad del municipio, ya que "no permite que los funcionarios del cuerpo de Policía Local que hayan sido declarados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en situación de incapacidad permanente total puedan pasar a desempeñar un puesto de trabajo de segunda actividad". El dictamen de la sala tercera del TSJC, que puede ser recurrido, llega después de una larga batalla del agente y su familia.

"Tuve que trabajar de vigilante"

"Sufrí un accidente de tráfico en 2014. En febrero de 2016 el INSS declaró mi incapacidad. Para mi sorpresa, el gobierno municipal me despidió por decreto, negándome un puesto de segunda actividad", ha explicado el efectivo policial en conversación con este medio. Según él, ello le dejó "desamparado por la Administración" ya que el ejecutivo local le arrebató el trabajo y, por ende, poco más de la mitad del sueldo. "Acudí a uno de los denominados sindicatos de clase. Me dijeron que no podía hacer nada, ya que me habían aplicado el artículo 67.1.c del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), que permite una jubilación forzosa en caso de incapacidad permanente", ha agregado. Ello le ocurrió a Chema pese a que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, adoptada por España, emplaza a adaptar el puesto de trabajo a un empleado en su situación.

"Tengo mujer y dos hijos. Como te puedes imaginar, el impacto en la familia fue muy grande. Por un lado, me encontré con una pierna dañada a la altura de la rodilla, donde me colocaron unos clavos enormes, y con dificultades de movilidad en el tobillo. Por el otro, se dio la paradoja de que sí podía trabajar en el sector privado", critica Chema. Dicho y hecho. Buscó empleo mientras velaba armas en su batalla judicial y lo encontró de vigilante de seguridad. El policía, pues, podía trabajar en el sector privado pero no en el público, donde había ganado unas oposiciones. El funcionario buscó el apoyo de AIL-POLD y del bufete Crespo & Fanlo Advocats Associats. Recurrió la decisión. Perdió en primera instancia. Acaba de ganar en el TSJC. "Todos los agentes perjudicados deberían hacer lo mismo. Hay efectivos policiales que esconden enfermedades por miedo a ser declarados no aptos para trabajar, despedidos y quedarse con el 55% del salario", recuerda.

Entidades: "Que se cumpla la ley"

En conversación con este medio, Vicente Flores, presidente de la Asociación para la Integración Laboral de los Policías Locales con Discapacidad (AIL-POLD) ha valorado positivamente la sentencia. "Es un avance, pero hay que hacer más. Los ayuntamientos catalanes deben aprobar reglamentos de segundas actividades para sus funcionarios. Y que éstos estén adoptados a la normativa vigente y redactados con arreglo, por ejemplo, a la Convención de Naciones Unidas", ha prescrito. Recuerda Flores que apenas una minoría de municipios catalanes disponen de una normativa así. Y no en todos se cumple con el acervo legal supranacional. "La ley existe. Lo que deben hacer las administraciones es cumplirla. Si no lo hacen, además de vulnerar los preceptos de la ONU, lo que consiguen es que los agentes escondan enfermedades", ha subrayado el expolicía.

Precisamente, el caso de Vicente Flores es paradigmático. La Organización de Naciones Unidas (ONU), en un dictamen vinculante con fecha a 2 de abril, concluyó que el agente fue discriminado por el Ayuntamiento de Barcelona al ser despedido en septiembre de 2010, con 31 años. Nueve años después, el también activista halló justicia. Esto es precisamente lo que reclama Chema, que también acaba de ganar su pleito judicial. "Los ayuntamientos contratan a bufetes externos para tratar de evitar que los efectivos policiales reviertan la decisión. ¿Quién paga ese trabajo? El contribuyente. El alud de sentencias judiciales favorables debería hacer reflexionar a los políticos, ya que los policías ganan el 90% de los casos", ha aseverado. En este sentido, el agente de Gavà recuerda a los ciudadanos que un agente policial con discapacidad puede seguir en el cuerpo realizando tareas de oficina, intendencia o similares.