Violento desalojo de la casa okupa Gayarre 42 en Barcelona

Violento desalojo de la casa okupa situada en el número 42 de la calle Gayarre, en el barrio de Sants de Barcelona, hoy miércoles. Los Mossos d'Esquadra han cargado contra antisistema que dificultaban la operación de vaciado del inmueble tomado en febrero de este año.

Tal y como avanzó este medio, el inmueble estaba pendiente de desalojo tras meses de negociaciones entre okupas y propiedad. El Grup d'Habitatge de Sants lo tomó por la fuerza en febrero de este año tras varios intentos y denunció que el activo pertenecía al fondo de inversión MK Premium, enfrentado al gobierno municipal de Barcelona en Comú (BComú). En realidad, el bloque es de un particular. No obstante, los okupas se quedaron e instalaron allí a once familias con seis menores de edad, que hoy los Mossos y la empresa Desokupa han desalojado tras meses de negociación.

Dos heridos por porrazos

Los ocupantes han denunciado que la intervención de la Brigada Móvil de los Mossos d'Esquadra poco antes de las 10:00 horas de la mañana se ha saldado con dos personas contusionadas por golpes con las defensas. Antes de ello, empleados de la empresa Desokupa habían accedido al interior de la vivienda y se habían apostado en el tejado, esperando la actuación policial.

Cargas policiales contra okupas en Barcelona

Okupas y trabajadores de la empresa de vaciado de inmuebles que comanda Daniel Esteve han intercambiado reproches, hasta que la situación ha tomado un giro a peor y ha obligado a los Mossos a realizar cargas policiales para disolver al grupo de personas que protestaba contra el desalojo.

Acusaciones cruzadas

Los okupas han emitido un comunicado la mañana del miércoles en el que acusan a la propiedad del inmueble de "especular" con el mismo. Recalcan que once familias con menores vivían en Gayarre 42, y que el dueño ofreció solo tres pisos con alquileres temporales de seis meses, lo que ven a todas luces como insuficiente para resolver la emergencia habitacional de los ocupantes.

Por su parte, la propiedad denunció en varios medios que había ofrecido soluciones a un grupo que tomó el inmueble "por la fuerza y por error", pensándose que pertenecía a un fondo buitre. Agregó el legítimo dueño de la finca que un concejal de distrito de Barcelona en Comú toleró la okupación, medió en la misma y no hizo nada para evitarla.