La guardia urbana embarazada a la que discrimina Ada Colau

Es la guardia urbana discriminada por Ada Colau, alcaldesa de Barcelona. Una agente del cuerpo municipal de seguridad está siendo obligada a trabajar hasta la semana 37 de embarazo, tres antes del parto, según la duración media de la gestación. La efectivo policial, cuya compañera sentimental, bombero municipal, también está en estado y sí ha conseguido el permiso, ha denunciado el caso a CSIF. El sindicato lo ha trasladado a Inspección de Trabajo.

El periplo de la funcionaria tiene tintes rocambolescos. Su pareja, bombero en el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos (SPEIS), quedó embarazada en 2018. "Le dieron la baja médica desde el minuto uno, ya que desempeña una profesión de riesgo", ha explicado Eugenio Zambrano, secretario de Administración Pública de CSIF-Cataluña. La sorpresa para la agente fue cuando ella también se quedó en estado. "Pidió también el permiso, pues es evidente que la suya también es una profesión de riesgo. La jefatura de Guardia Urbana y el Ayuntamiento de Barcelona se la negaron y la cambiaron de puesto de trabajo a una comisaría. La sacaron de la calle", agrega el policía y activista.

Respirando tóxicos

La decisión municipal para la agente resultó ser un parche y, además, malo. Estaban repintando la comisaría con material ignífugo, por lo que la mujer estuvo toda su primera jornada laboral en el nuevo puesto inhalando tóxicos. "Tuvo que abrir la ventana y trabajar así todo el día", relata Zambrano. Al segundo día, la agente se quejó a un superior. "Le contestó que pidiera un traslado. Ella le respondió que no estaba enferma --los cambios de destino se otorgan por expediente sancionador o por movilidad--, sino embarazada", lamenta el sindicalista. Tras ello, acudió al lugar de trabajo una delegación de riesgos laborales del Ayuntamiento. Certificó que la funcionaria no podía trabajar allí en su estado.

guardia urbana discriminada cola

Ada Colau (i), alcaldesa de Barcelona, con Laura Pérez, concejal de Feminismos y LGTBI / CG

"Insistieron en que pidiera un cambio de destino. La compañera se negó. Y la sorpresa fue cuando acudió al gobierno sindical --por CC.OO, UGT y Sapol, sindicatos mayoritarios--", narra Zambrano. Según un correo electrónico aportado por la organización, la delegada de Sapol le contestó que "o aceptaba el cambio de destino o lo que le pudiera pasar al niño era su responsabilidad". "La chica pide solo que se cumpla la ley, como ha pasado con su compañera sentimental. A la que no pusieron ningún problema".

BComú 'pincha' en igualdad

La ley a la que se refiere CSIF es clara. La normativa vigente, desde la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, a la 2/2007 de Igualdad, el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (artículo 185) a los protocolos organizativos de personal del Ayuntamiento y el plan municipal para la Justicia de Género 2016-2020, deja fuera de la ley la discriminación del Ejecutivo local de Barcelona en Comú (BComú) con la agente. "No es una incapacidad temporal. No es una baja por enfermedad. Es un derecho que tiene la compañera", insisten fuentes jurídicas de CSIF.

Cartel de la huelga feminista del pasado 8 de marzo colgando del Ayuntamiento de Barcelona / TWITTER

Cartel de la huelga feminista del pasado 8 de marzo colgando del Ayuntamiento de Barcelona / TWITTER

Añaden desde este sindicato que el gobierno municipal "está incumpliendo la ley". Lo haría en el caso de esta funcionaria y con el resto de guardias urbanas que quedan embarazadas. "Les obligan a trabajar o las cambian de destino. Y no, no es legal. Se saltan la ley, las discriminan pese a que se llaman Ayuntamiento feminista --Colau participó en la última huelga general del 8 de marzo--", subrayan. Esta arbitrariedad de los comunes con las policías embarazadas tiene también efectos económicos: "Pierden sueldo y engañan a la Seguridad Social", sostienen.

Hasta 3.800 euros menos para las mujeres agente

Según cálculos de CSIF, las guardias urbanas embarazadas --hay unos pocos centenares de mujeres en un cuerpo de 3.000 efectivos-- dejan de ganar unos 3.800 euros respecto a sus compañeros hombres. "Pierden toda la paga de abril y cinco días festivos al año. El Ayuntamiento, que se dice feminista, está imponiendo una brecha salarial a sus policías", critican. Además del menoscabo que sufren las funcionarias, el equipo de Colau estaría engañando a la Seguridad Social. "Ante la negativa a concederles un permiso, las compañeras acaban pidiendo una baja por enfermedad. Su sueldo lo paga la caja común y no la mutua municipal. Están colocando una carga sobre el contribuyente que debería abonar la mutua", avisan.

Preguntado por la cuestión, la portavocía de prensa del Ayuntamiento de Barcelona no ha respondido a los requerimientos informativos de este medio. No obstante, el gobierno municipal conoce el caso. Lo sabe la Guardia Urbana, el Ejecutivo local y, más concretamente, la concejal de Feminismos y LGTBI, Laura Pérez. Hasta la fecha, no han hecho nada. "Es intolerable que un gobierno local que tiene un plan de igualdad no actúe. Que no lo haga la Jefatura de la Guardia Urbana. Es inconcebible que los sindicatos mayoritarios digan a una compañera que lo que le pase en el embarazo es su responsabilidad. ¿A quién representan?", lamenta Zambrano. Ante ello, CSIF ha recurrido a la Inspección y prevé hacer una rueda de contactos con los grupos de la oposición para denunciar la situación.