Catalán y medicina: obsesión política o derecho lingüístico

Casi un año después de que el Gobierno balear diese luz verde al decreto que regula los requisitos de acceso a la administración sanitaria de las islas, entre ellos el deber del personal médico de acreditar conocimientos de catalán, la controversia continúa servida. Varias entidades sociales han vuelto a amotinarse, en esta ocasión ante los tribunales, para protestar contra lo que consideran un reglamento que, lejos de garantizar la atención de los ciudadanos en el ámbito de la salud, supone “la imposición de discriminaciones objetivas cautivas de la obsesión política disfrazada de derecho lingüístico.

Así lo pone de manifiesto la plataforma Mos Movem-En Marcha-Let’s Go, una de las asociaciones que con más empeño se han opuesto al contenido del decreto y que esta semana ha interpuesto una demanda contencioso-administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) para solicitar la nulidad de una normativa cuya redacción, asevera el documento, “no parece tener por objeto la garantía de los derechos lingüísticos de los ciudadanos en la prestación del servicio sanitario sino que parece perseguir la limitación de acceso a la función pública sanitaria solamente a las personas de habla catalana”.

Cartel de la Plataforma Civil Ciudadana, Mos Movem

Cartel de la Plataforma Civil Ciudadana, Mos Movem

Requisito: acreditar el nivel B1

Y es que, de acuerdo a los criterios establecidos en el decreto, el personal médico deberá certificar que posee el nivel B1 de la lengua catalana para consolidar su puesto de trabajo y obtener plaza fija. Los sanitarios dispondrán de dos años, una vez aprobadas las oposiciones, para acreditar los conocimientos del idioma. De no ser así, los profesionales no podrán participar en ningún procedimiento de movilidad ni acceder a los derechos económicos aparejados a la carrera profesional.

De esta forma, con lo dispuesto en la medida del Gobierno autonómico --integrado por PSIB y la formación econacionalista MÉS--, los médicos se verían privados de los complementos salariales aparejados a las plazas fijas así como a la hora de solicitar su movilidad. Ello también afecta a los auxiliares de enfermería y celadores. En su caso, deberán demostrar tener conocimientos del A2 de catalán en los procedimientos de provisión que afecten a determinadas categorías y especialidades.

Mientras el Ejecutivo autonómico defiende la legalidad y la proporcionalidad de la normativa, en su demanda, a la que ha tenido acceso Crónica Global, Mos Movem pone en entredicho los criterios establecidos en el decreto y asevera tajante que éste restringe el derecho tanto a la carrera profesional como a la promoción de los empleados públicos: “El Gobierno --la administración autora del reglamento-- no está habilitada por la Ley de Función Pública para regular de modo radical la pérdida de derechos básicos de los empleados públicos, como son la movilidad y la carrera profesional. Tal privación de derechos, si alguien puede establecerla, es el legislador”, señala en su escrito el letrado de la entidad, Francisco Marqués Pons.

Protección de la salud frente a la normalización lingüística

“Olvida el reglamento que el derecho a la protección de la salud es un principio rector de la política social y económica que los poderes públicos deben hacer efectivo”, añade la demanda, según la cual el decreto “sólo tiene en cuenta el punto de vista de la normalización lingüística sin realizar ningún comentario sobre el derecho a la protección de la salud y la eficacia de la gestión pública sanitaria”.

La presidenta Francina Armengol / EFE

La presidenta de Baleares, Francina Armengol / EFE

Según Mos Movem, al menos 25 facultativos se han visto afectados por la medida y 423 auxiliares de enfermería no han podido opositar. El hospital de referencia de Baleares, el de Son Espases, era hasta el pasado verano el que contaba con más profesionales aquejados por este reglamento: un neurocirujano, un médico rehabilitado, tres de familia, tres internistas, dos psiquiatras, dos otorrinos y un médico coordinador. Las cifras tampoco son halagüeñas en el resto de centros sanitarios del archipiélago: en el hospital palmesano de Son Llàtzer se han marchado dos médicos de familia y dos de urgencias; en el de Inca, otros dos de urgencias; en Menorca, un ginecólogo, dos anestesistas y un psiquiatra, y en Ibiza, dos médicos de urgencias y un neutropediatra.

Una cifra que la entidad prevé que irá en aumento puesto que, al no serles exigido de entrada el certificado de catalán, la mayoría de aspirantes se examinarán y, una vez tengan la oposición aprobada, “en menos de 48 horas los que quieran irse podrán hacerlo a sus comunidades autónomas en comisión de servicio y no invertirán dos años dos años estudiando catalán”.

Ofertas publicadas en facebook

La plataforma lamenta, además del éxodo de médicos, que numerosos profesionales han optado por no desplazarse a Baleares, un fenómeno al que se suman otras circunstancias como los elevados precios de la vivienda en las islas. Uno de los casos más graves es el de Menorca debido a la falta de ginecólogos, especialidad cuyas vacantes han llegado a publicarse en Facebook, “un canal totalmente absurdo para anunciar las plazas vacantes de médicos del Ib-Salut”. Mientras tanto, la entidad recrimina que “cuando llamas a médicos de otras comunidades para que vengan, responden: “Ah, ¿es ahí donde te piden el catalán para trabajar?”, declinando así la oferta para trabajar en el archipiélago.

En lo que a los auxiliares de enfermería se refiere, 423 no han podido opositar ya que la convocatoria de las plazas de este colectivo fue anterior a que el decreto pasase de exigir el catalán para examinarse a conceder dos años para obtener el certificado. Por su parte, 1.150 técnicos de radioterapia y radiología, según Mos Movem, han sido expulsados de su bolsa de trabajo por incumplir este requisito y han sido trasladados a otra bolsa “subsidiaria”.

La plataforma ciudadana 'Mos Movem' en contra del requisito del catalán en IbSalut / EP

La plataforma ciudadana 'Mos Movem' en contra del requisito del catalán en IbSalut / EP

Otras entidades en pie de guerra

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) es otra de las entidades que se han alzado en pie de guerra contra el decreto. Al igual que Mos Movem, esta semana ha decidido acudir al TSJIB para impugnar una normativa que consideran “viciada de nulidad” por la “vulneración de los derechos de los trabajadores al servicio de la Administración” así como por la “discriminación” para aquellos que, finalmente, no certifiquen sus conocimientos de lengua catalana. “La lengua debe ser un mérito que sume pero que en ningún caso reste valor a la calidad asistencial de la sanidad pública y suponga una rémora a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad”, sostiene.

Desde el ámbito político, PP, C’s y Vox también han mostrado su oposición al reglamento promovido por el Ejecutivo y temen que aquél dificulte la llegada de profesionales a las islas, resintiéndose con ello la calidad asistencial. Del mismo modo, asociaciones como el Sindicato de Enfermería (Satse) de las islas o el Sindicato Médico de Baleares (Simebal) tampoco se han quedado atrás en las protestas contra la norma.

Sin embargo, el Gobierno balear defiende el contenido del decreto y alega que no afectará a la cobertura de plazas. La propia presidenta del Ejecutivo, Francina Armengol, aseguró meses antes de la aprobación del reglamento que “ninguna plaza sanitaria quedará sin cubrir por ninguna razón lingüística” y que, de hecho, la medida se aplicaría de forma flexible en áreas con mayor déficit de profesionales.