Barcelona se querella contra los magistrados que encarcelaron a personas LGTBI durante el franquismo

El Ayuntamiento de Barcelona ha presentado una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) contra los seis magistrados que encarcelaron a personas pertenecientes al colectivo LGTBI durante el franquismo. En su mayoría las personas sentenciadas eran homosexuales. La querella relaciona más de 553 condenas dictadas a las que el consistorio acusa de ser crímenes de lesa humanidad.

Jaume Asens, teniente de alcalde de Ciudadanía ha explicado que la querella relaciona más de 500 condenas dictadas durante el franquismo sólo en Barcelona. Estas sentencias implicaron el encarcelamiento en la modelo de Mataró de 503 personas. Su condena fue dictada por la orientación sexual. Según ha afirmado Asens: "La ciudad está en deuda con el colectivo LGTBI porque no podremos acabar con la homofobia del presente sin combatir la impunidad del pasado".

Ley de ‘vagos y maleantes’

En 1933 quedaba registrada la Ley de Vagos y Maleantes. Bajo este texto legislativo se incluía explícitamente la represión de las personas homosexuales en la reforma que se hizo en 1954. Con esta reforma, se amparaba por la ley la represión de las personas homosexuales en España. El régimen franquista perseguía, enjuiciaba y condenaba a personas por su orientación sexual. La querella señala como “es una persecución manifiesta por razones de género y condición sexual”. La mayoría de las sentencias que se han recogido para que la Justicia las estudie fueron dictadas a partir de 1970 aunque también las hay de mediados de los años 50. Los magistrados que las dictaron pertenecían a los órganos judiciales unipersonales. Esta figura era de los llamados juzgados especiales para la aplicación de la ley de vagos y maleantes.

Jaume Asens ha explicado que la acción penal recoge las referencias de los expedientes de condena que se amparaban bajo la “ condición de sujetos homosexuales o invertidos” para encarcelar. Según las palabras del teniente de alcalde respondían a una "persecución sistemática y salvaje de la homosexualidad". No ha pasado por alto que durante el franquismo ser homosexual era equiparado a tener una enfermedad. Bajo el paraguas de ser una alteración del estado de salud de la persona, los condenados eran recluidos en la “Galería de Invertidos” de La Modelo para así evitar el contacto y posible contagio del resto de presos: sanos.

Prisión de Mataró / WIKIPEDIA

Esta iniciativa forma parte de las tácticas del ayuntamiento de Barcelona contra los crímenes cometidos durante la dictadura franquista y la Guerra Civil. El consistorio de la Ciudad Condal también preside la Red de Ciudades Contra la Impunidad Franquista. La querella se ha interpuesto contra los seis jueces, pero el consistorio pretende. si se admite a trámite, incluir a forenses, psiquiatras y otros funcionarios que participaron. El Ayutamiento argumenta que las personas que participaron en la ejecución de las sentencias hicieron que, ademas de la prisión, estas personas fueran sometidas a tratamietos psiquiátricos brutales. 

Obstáculos

En 1970 se aprobó otra ley, la de Peligrosidad y Rehabilitación Social. Durante el tardofranquismo también se ejercía represión contra personas homosexuales y transexuales. Jaume Asens declaraba que "No podremos acabar con la LGTBifòbia del presente sin remover la impunidad de sus crímenes en el pasado. El régimen franquista es quien los cometió, pero es el actual régimen quien los ignora. Por eso estas iniciativas tienen un valor reparador, pero también pedagógico". Aún así, la iniciativa tendrá que enfrentarse a varios obstáculos. En primer lugar, según la abogada Laura Parés, en primer lugar se tendrá que determinar si los 6 jueces franquistas querellados aún están vivos. Después que la prensa cuestionara la posibilidad de que los magistrados hayan fallecido, el teniente de alcalde ha apuntado que las principales querellas son a partir de 1970, pero que una de las primeras sentencias que se han recopilado era de 1956: "No sabemos si están vivos. Es una de las primeras diligencias que se tendrán que hacer".

Manifestantes ondean una gran bandera del arcoíris en muestra de apoyo al colectivo LGTBI / CG

En segundo lugar, se encuentra la ley de amnistía aprobada en democracia. Esta ley atenuó o indultó a los condenados por delitos políticos. En este caso, el Ayuntamiento sostiene que la ley de amnistía no es aplicable porque las condenas se produjeron por la orientación sexual de los acusados, no por su ideología. Según sostenía Laura Parés: "Es un delito de lesa humanidad, la persecución sistemática a un colectivo por su orientación sexual, que es en lo que se centra únicamente la motivación de las sentencias".

La prostitución como salida

Silvia Reyes está detrás de uno de los testimonios que la querella ha recogido para describir lo que vivió el colectivo durante esos años. Al comparecer en rueda de prensa ha explicado que al llegar Barcelona en 1972 se vio abocada a ejercer la prostitución porque nadie la quería contratar por ser transexual. Silvia recordaba que "En los burdeles la Policía hacia batidas, nos detenían a todas, nos llevaban a comisaría y después a la Jefatura Superior durante tres días, de viernes a lunes, durmiendo en el suelo sin y comer. Los policías y los jueces que nos condenaron han quedado impunes". Ha subrayado que estuvo retenida en comisarías en 28 ocasiones por su condición.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) debe decidir si esta querella se admite a trámite. Asens ha hecho un llamamiento a que todas las personas represalidas por su orientación sexual en Barcelona se sumen a esta propuesta del Ayuntamiento y se personen en la causa como acusación particular.