Imagen de la noche que los Mossos retuvieron a los 14 individuos que retiraban lazos amarillos
Un sindicato de Mossos pide archivar la investigación por identificar a quienes retiran lazos
Señala a altos mandos del cuerpo autonómico y a Miquel Buch como los responsables de la actuación, los mismos a quienes se dirige la denuncia
29 agosto, 2018 12:45El sindicato independiente de Mossos d'Esquadra, Uspac, ha enviado un escrito oficial a la Fiscalía para pedir que archive la investigación abierta por identificar a personas que quitaban lazos amarillos en Tarragona. El sindicato señala que los responsables de esta actuación no son los agentes de campo, sino los altos mandos de la policía autonómica y, en última instancia, la Consejería del Interior de la Generalitat de Cataluña.
Así, el sindicato insta a la Fiscalía a investigar, si es necesario, al conseller de Interior, Miquel Buch; al director general de la policía catalana, Andreu Joan Martínez, y al jefe de la prefectura de los Mossos, Miquel Esquius, que son quienes dan las “instrucciones” a los agentes.
Denuncia contra los mandos
Sin embargo, la denuncia interpuesta ante la Fiscalía por parte de Impulso Ciudadano está dirigida, precisamente, contra los dos altos cargos de los Mossos y contra Buch, y no a los agentes. Específicamente, el texto presentado que acusa a los mandos de la policía autonómica y, en última instancia, al consejero de la Generalitat de persecución ideológica.
La denuncia considera que la actuación de la administración catalana podría ser "arbitraria, carente de fundamento legal y discriminatoria por razón de ideología”.
Los hechos denunciados
La investigación de la Fiscalía iniciada es la consecuencia de la actuación de varios agentes en Móra la Nova, Tivissa, Vandellòs y L'Ametlla de Mar (Tarragona). En estos municipios, durante las noches del 17 y 24 de agosto, los policías identificaron a varias personas que se encontraban retirando lazos amarillos de la vía pública.
La Consejería del Interior, tras estas identificaciones, declaró que se iniciaba la investigación por "presunta infracción grave" de la ley de seguridad ciudadana, que conlleva multas que van de los 600 a los 30.000 euros.
