"Me okuparon la casa y las empresas antiokupas me estafaron dos veces". Este es el testimonio de Sara C., de 44 años, una malagueña cuyo combate contra los intrusos ha aflorado la zona gris en la que trabajan algunas empresas de desalojos exprés. 

La vecina de la segunda mayor ciudad andaluza asegura haber perdido 9.000 euros desde que "una mafia" tomó su chalé en la zona de Puerto de la Torre el pasado 7 de marzo. Precisa que la cantidad la perdió con un abogado al que pagó en mano, primero, y con la empresa Desokupación Legal, después. La firma niega haberse quedado dinero alguno, y subraya que ha devuelto los fondos a la afectada "ante la imposibilidad de efectuar un operativo de seguridad" en la vivienda tomada por los intrusos. "No lo ha recibido porque ha habido festivos de por medio esta semana", han indicado fuentes cercanas a la empresa madrileña.

"Desesperada"

Cualquiera que fuere la verdad del caso, lo cierto es que Sara C. se declara "desesperada". "Entraron dos personas en un chalé que tengo en Puerto de la Torre. Cuando los vecinos los detectaron, me avisaron a mí y a la Policía Nacional. Los interceptamos con la cizalla en la mano. ¿Ello los detuvo? No. Cuando se las cogí, las arrojaron dentro de la vivienda y dijeron a la policía que llevaban un mes viviendo en la propiedad", explica la víctima.

Sara denunció el caso, que ha recalado en la Sala de Primera Instancia número 13 de Málaga. La lentitud de la justicia la convenció de usar otros medios. "Ante la inacción judicial, que ni siquiera ha identificado a los okupas, a pesar de que los conoce toda la provincia, acudí a un abogado", ha admitido. Fue una mala idea. El letrado le pidió 4.000 euros en mano para solucionar el caso en 24 horas. Cuando la empleada del sector de la seguridad se los abonó, éste se desentendió. No ha vuelto.

¿Qué pasó con Desokupación Legal?

Tras ese chasco, la afectada no se rindió, aunque cometió, asegura, otro error similar. Contactó con Desokupación Legal, una empresa madrileña especializada en solucionar la usurpación de inmuebles. "Me pidieron 2.500 euros por adelantado y el resto después. Les dije que sólo podría abonar 5.000 en total. Así fue, mediante transferencia. Prometieron acabar con el asunto en dos días. Luego dieron largas y dijeron que no tenían permiso. Cuando les pedí una devolución, dijeron que ya la habían hecho. Me han vuelto a estafar", sostiene.

Fuentes cercanas a Desokupación Legal, una empresa con sede en la calle Fuente del Berro de Madrid, aportan una versión muy distinta. "En el caso de esa señora no se actuó, pues el operativo de vigilancia no contaba con el visto bueno de la Dirección General de Policía. Esa empresa hace bien las cosas: legalmente y con vigilantes asegurados y perros. No es un grupo de amigos. Al no obtener el permiso para trabajar en Málaga, se ofreció una devolución, que ya está hecha", han añadido las mismas voces.

"Intrusismo"

Según Daniel Esteve, propietario de Desokupa, la primera empresa de remediación de tomas ilícitas de inmuebles que surgió en España, casos como el citado muestran el "intrusismo" que existe en el sector. "La demanda para agilizar los desalojos de okupas en España ha crecido exponencialmente, al mismo ritmo que este fenómeno. Al calor de esta expansión del nicho de mercado, han medrado empresas que practican el intrusismo y no hacen las cosas bien", ha defendido el empresario.

"Hay gente que se inventa páginas web con nuestro logo, que emite facturas con el nombre de nuestra empresa o que, simplemente, cobra y no hace el servicio", ha indicado Esteve. "La regulación de los controles de acceso es complicada y hay que hacerla bien. Por eso nosotros ahora optamos por la mediación. De cada 50 casos de okupación, sólo uno acaba en cordón ante la vivienda. El resto se soluciona negociando", ha remachado la misma fuente.