Es el galimatías de la asistencia sanitaria a turistas en España. El caso de una residente de origen ruso en la Comunidad Valenciana que fue tratada en Cataluña, y a quien se le cobró pese a disponer de una tarjeta sanitaria, ha aflorado otro debate mayor: ¿cómo evitar el turismo médico en la sanidad pública salvaguardando los derechos de todos?

Según el Ministerio de Turismo, la legislación vigente contempla diversos casos. Si el turista procede de un país de la Unión Europea, necesitará una Tarjeta Sanitaria Individual (TSI) para no tener que pagar si acude a las urgencias de un hospital público. En un centro privado, dicho plástico no servirá, y se deberán abonar todos los tratamientos. Si el visitante procede de uno de los 28 estados miembros pero ha olvidado su tarjeta, deberá costear los costes hospitalarios, médicos y farmacéuticos por adelantado, y "solicitar a su organismo de afiliación el reembolso de los gastos, siempre presentando las facturas", recuerda el departamento que dirige Álvaro Nadal.

Fuera de la UE, o seguro o pagas

El departamento recuerda que a visitantes del resto de países "se les atenderá en caso de urgencia, aunque esta atención será de pago, por lo que se recomienda contratar un seguro médico". Ello excluye a los países con reglamento comunitario (Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein) o aquellas naciones con las que España tiene un acuerdo bilateral: Andorra, Brasil, Chile, Marruecos, Perú, Paraguay, Túnez y Venezuela.

En estos últimos casos, no obstante, el paciente deberá presentar un certificado médico expedido en su país. De lo contrario, estará obligado pagar todos los costes hospitalarios, médicos y farmacéuticos por adelantado. El organismo de cobertura sanitaria se los reembolsará cuando presente las facturas.

Caso de ICPA

Ello es precisamente lo que le ocurrió a la ciudadana rusa cuya familia ha denunciado la facturación de la empresa International Care Patient Assistance (ICPA) en un hospital público catalán. Según ellos, se pudo incurrir en denegación de auxilio y la firma emitió una factura que no podía expedir al no ser una firma sanitaria. La enseña lo niega y recuerda que opera por contrato y que el yerno de la denunciante es administrador de una compañía rival.

Cualquiera que sea la versión, el incidente, que ocurrió a mediados de 2017, ha acabado en Antifraude y en la oficina del Síndic de Greuges, el equivalente al defensor del pueblo autonómico. Éste ha pedido más información sobre esta facturación al Departamento de Salud.