Baleares se suma a los países pioneros en la lucha contra el cambio climático

Hace apenas un mes, las Baleares fueron el foco de atención por impulsar una normativa pionera dirigida a desterrar, a partir de 2020, la venta de plásticos no reutilizables con el objetivo de proteger el medio ambiente. Ahora, vuelve a copar las páginas de diarios nacionales e internacionales tras dar a conocer esta semana su anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, con la que el archipiélago pretende situarse a la vanguardia en la reducción de emisiones de CO2 y en paradigma de la sostenibilidad antes de 2050. 

El impacto generado por las medidas anunciadas por el Gobierno autonómico no se ha hecho esperar y medios como los británicos The Times, The Sun y The Guardian se han hecho eco de las pretensiones del actual Ejecutivo, integrado por PSOE y la formación econacionalista MÉS. Principalmente, se prohibirá la entrada --y con ello, la venta-- en las islas de vehículos diesel a partir de 2025, y de gasolina, desde 2035. La normativa se propone que en 2050 toda la flota automovilística sea eléctrica.

La región se une así a los pocos países que, hasta el momento, se han planteado restringir los vehículos de gasolina y diesel. Tales son los casos de Reino Unido, Francia e incluso India, que prevé negociar con las firmas automovilísticas la electrificación, en 2030, de todos sus coches. Noruega, Suecia y Alemania también han implantado sus propias iniciativas dirigidas a poner fin a la compraventa de utilitarios que no sean eléctricos.

Sin emisiones en 2050

En el caso de Baleares, su objetivo pasa por lograr disminuir las emisiones un 40% de cara a 2030 y el 100% en 2050. La previsión es hacerlo a través del impulso de las energías renovables, que deberán suponer un 35% de la producción energética en 2030 y la totalidad de ésta a mitad de siglo.

No obstante, desde el Govern isleño aclaran que los vehículos actuales podrán seguir siendo empleados hasta el final de su vida útil. A partir de 2025 y 2035, respectivamente, también podrán comercializarse vehículos diesel y de gasolina únicamente si estos son de segunda mano y están matriculados en Baleares.

El turismo, afectado

La medida también afecta a un sector clave en las islas como es el turismo: no se podrá entrar en el archipiélago con ningún vehículo que no sea eléctrico ni los visitantes provenientes de la península ni del extranjero, a riesgo de ser sancionados por ello. Los rent a car, por su parte, deberán incorporar un 2% anual de vehículos eléctricos a su flota hasta alcanzar el 100% de sus automóviles en 2035.

La nueva ley no sólo se aplicará sobre la conducción. De hecho, no son pocos los ámbitos que deberán adecuarse a sus preceptos. Así, tal y como reza el borrador de la normativa, deberán instalarse placas solares en los grandes aparcamientos y nuevos edificios y naves industriales de más de mil metros cuadrados, mientras que los Consejos Insulares deberán zonificar los lugares idóneos para instalar renovables en cada isla. Los edificios en suelo rústico no destinados a usos agrarios también deberán autoabastecerse a través de este modelo energético.

Cierre de las centrales térmicas

Del mismo modo, el Govern balear plantea el cierre o la reconversión de las centrales energéticas contaminantes, aunque en este caso, la decisión dependerá del Estado. En 2020, las grandes y medianas empresas deberán calcular y registrar su huella de carbono y, a partir de 2025, presentar planes de reducción con objetivos mínimos vinculantes. Los ayuntamientos, por su parte, estarán obligados a sustituir todo el alumbrado público, que deberá ser LED en cinco años.

El Ejecutivo balear justifica estas medidas en la “vulnerabilidad” de las islas frente a los efectos del cambio climático. También pretende definir un futuro más sostenible mediante la transición hacia un modelo energético que deje atrás los combustibles fósiles y, por tanto, las emisiones, cuyas principales causantes son la movilidad y la producción de las centrales.

La central de Es Murterar

De hecho, las cifras revelan cómo el 35% de las emisiones de CO2 provienen en la actualidad del tráfico rodado, mientras que la central térmica de Es Murterar, en Alcúdia (Mallorca), es la responsable del 25% de todas las emisiones de Baleares. Precisamente, las organizaciones ecologistas se han mostrado especialmente críticas con esta instalación, como el Grupo Ornitológico Balear (GOB) y el Observatorio de la Sostenibilidad, que aseveran que las elevadas cantidades de dióxido de azufre y óxido de nitrógeno emitidas por la central provoca hasta 54 muertes prematuras al año.

La central de Maó genera un 56% de las emisiones que se producen en Menorca, según los datos manejados por el Govern. Tan sólo un 2% de la energía emitida en Baleares procede de fuentes renovables.

Instituto Balear de la Energía

La nueva normativa, que en breve iniciará su periodo de exposición pública, contempla también la creación del Instituto Balear de la Energía, que permitirá promover desde el ámbito público proyectos basados en renovables y potenciará la participación ciudadana en el sistema eléctrico y en los mercados energéticos.

El Ejecutivo ya anunció en enero, al margen de estas nuevas medidas y mediante un proyecto de ley sin precedentes --la de Residuos y Suelos Contaminados-- que en 2020 pondrá fin a la venta de productos que estén fabricados con material no reciclable, como las cápsulas de café, los bastoncillos para los oídos, las vajillas de plástico y los palos de caramelo. También quedará prohibida la venta de platos, vasos, tazas de plástico y bandejas alimentarias de un solo uso hechas de plástico.