Los jueces del 'caso Palau'

El que fuera juez de instrucción número 30 de Barcelona, Juli Solaz, recibió como una mala noticia la querella de la Fiscalía Anticorrupción sobre el caso Palau.

Dicen los que le conocen, y que entonces trabajaban codo a codo con él, que la encajó como encajaba la mayoría de aquellos casos delicados o de relevancia política que caían en sus manos por reparto: con desgana, mal humor y nula proactividad.

Solaz, el polémico

Solaz interrogó a los dos principales autores de gran desfalco del Palau, Felix Millet y Jordi Montull, y les dejó en libertad con cargos pero sin medida cautelar de relevancia. Esto enervó a la fiscalía. El fiscal que firmó la querella, Emilio Sánchez Ulled y la entonces fiscal jefe de Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Teresa Compte, se subían por las paredes. En una actuación insólita, llegaron incluso a comparecer ante la prensa para hacer público su desacuerdo con la decisión de Solaz (no se recuerda comparecencia en sentido similar de la fiscalía en los miles de casos en los que anualmente un juez o tribunal no acepta las pretensiones del ministerio público), más aún cuando en el embrión de la querella inicial, el propio Sánchez Ulled pedía la libertad de los mandatarios del Palau.

Críticas y depuraciones

De todas formas, el día de la declaración de los imputados, la fiscalía se creía armada de razones y pidió prisión incondicional y sin fianza. Las pruebas eran lapidarias y Millet y Montull, reconocieron su culpa pero quedaron libres. Fue tal el desconcierto entre la ciudadanía y la carrera judicial contra Solaz que la propia exdecana de los juzgados de Barcelona, María Sanahuja, decidido criticarle abiertamente. El consejo, que no es amante de disensiones entre sus jueces y mucho menos de críticas y polémicas, abrió un expediente sancionador a Sanahuja que casi la deja fuera de la carrera judicial

Estupefacción

Pasaron los años y en 2011, Solaz pidió el traslado a la Audiencia. Y le fue concedido. Solaz, discípulo durante las oposiciones de José María Mena, se quitaba de encima por fin el marrón del Palau.

Irrumpía en el juzgado uno de los jueces de mayor pedigrí y reputación de Barcelona por aquel entonces: Josep María Pijuan, quien estupefacto, comprobó que Solaz había sido algo más que tibio en la investigación. Por ejemplo, Solaz no había ordenado el registro del domicilio de Millet en la Ametlla el Vallés en los cuatro años que llevó el sumario. Inaudito.

Pijoan, dedicó su instrucción fundamentalmente a la búsqueda de los nueve millones desviados de la contabilidad de Palau y que nunca aparecieron. A Pijuan, juez que pidió el traslado a la jurisdicción andorrana y preside a partir de hoy precisamente el juicio por el caso BPA, le sustituyó Jaime Cornejo, actual juez instructor del caso Anubis sobre las supuestas irregularidades durante los prolegómenos del 1-0.

El punto final

Por la acusa han pasado otros magistrados, algunos como Miquel Ángel Tábares en calidad de sustituto, pero no ha sido hasta que la causa ha llegado al tribunal de la Audiencia de Barcelona, que se ha podido ver un verdadero elenco de magistrados, efectivamente proactivos y con ganas de dar la dimensión jurídica y procesal pertinente a un caso de esta enjundia.

Montserrat Comas, portavoz en Cataluña de Jueces para la Democracia, exvocal del CGPJ, ha sido la ponente de la sentencia en la Audiencia de Barcelona. Ya anunció que, trascurridos ocho años desde el inicio de la causa, no tendría prisa y que su sentencia seria lapidaria. Así ha sido.