Centros de secundaria acusan a la Generalitat de truncar la integración social

Cambiar las reglas del juego en mitad del partido. Es lo que ha hecho el Consorci d’Educació de Barcelona (integrado en un 60% por el Departamento de Enseñanza de la Generalitat y en un 40% por el Ayuntamiento de Barcelona, con sus dos responsables, la exconsejera Clara Ponsatí y la alcaldesa, Ada Colau) en diferentes institutos del centro de la ciudad.

Los proyectos de integración social, con la apuesta de muchas familias por llevar a sus hijos a centros con alta inmigración para que no se conviertan en guetos, se pueden ver truncados con la decisión de construir un nuevo instituto, que responde a las demandas de otras familias.

La agrupación de asociaciones de familias de alumnos de secundaria de los institutos públicos Fort Pius, Salvador Espriu, Príncep de Girona, Juan Manuel Zafram, Jaume Balmes, Pau Claris y Verdaguer considera que el Consorcio de Educación “ha roto unilateralmente la colaboración con la comunidad educativa de la zona y su confianza con el anuncio de la puesta en marcha del instituto Angeleta Ferrer”.

El argumento es que se ha tomado esa decisión cuando el compromiso era otro, el de que comenzara a funcionar en el curso 2020-21 y no, como se ha anunciado, a partir del próximo curso, 2018-19. Con ello se truncan los planes de integración que ya están en funcionamiento, porque los alumnos de las escuelas adscritas a esos centros podrían derivarse al Angeleta Ferrer. Y que los alumnos de las escuelas adscritas podrían derivarse a ese nuevo instituto.

La responsabilidad como ciudadanos

El Consorcio no da nada por hecho, pero difunde, al mismo tiempo, que el Angeleta Ferrer será una realidad a partir del nuevo curso. La decisión se justifica por la falta de plazas en la Dreta de l'Eixample de Barcelona, por la atención a la “necesidad” más que por la demanda –como asegura el colectivo de institutos afectados— y por un enfoque dirigido al “bien común” y el rechazo a intereses particulares. Pero hay otros centros de secundaria en la zona con oferta suficiente.

El acuerdo era otro. Un puñado de familias, que luego se fue extendiendo, decidió llevar a sus hijos a institutos como el Pau Claris, que llegó a tener el 100% de alumnos inmigrantes. Se trataba de un gueto que las familias de la zona quisieron paliar, asumiendo su responsabilidad como ciudadanos. Ese porcentaje se redujo al 60%, con buenos resultados por parte de todos los alumnos.

Lo que mantienen esas agrupaciones de familias de alumnos, representadas por Roger Martínez (Institut Fort Pius); Oriol Pérez de Tudela (Pau Claris); Marià Rubio (Salvador Espriu); Jordi Prado (Príncep de Girona), y David Mallafrè (Pau Claris) es que el Consorcio adoptó un acuerdo del que ahora se desentiende. “Hasta el verano de 2017 el compromiso de la Administración preveía que la demanda se debía absorber a través de la red existente y que la entrada en funcionamiento del Angeleta Ferrer se afrontaría en el curso 2020-21”.

Preocupación por la segregación escolar

Con ello, y hasta ese momento, se confiaba en fortalecer la oferta actual de secundaria que ha iniciado ya un proceso de innovación comprometiéndose con la mezcla social y que ofrece respuestas a las expectativas del siglo XXI”. La idea del nuevo instituto, reclamado por escuelas como Encants, “prioriza una demanda concreta alejada del bien común”, según apunta el colectivo de familias de alumnos de los institutos que se ven afectados.

Estos padres y madres de alumnos de esos institutos, en el centro de Barcelona, donde existe una alta inmigración, muestran su preocupación por la segregación escolar, como ha puesto de manifiesto un informe del Síndic de Greuges. Lo que ahora rechazan es la ruptura de la colaboración con el Consorcio.

Plan territorial de escolarización

“La Administración, con esta decisión, desactiva la iniciativa social de compromiso con el sistema y nos enseña el camino en el que se siente cómodo, disgregándonos y situándonos en el terreno de la reclamación en lugar del de la colaboración por la cohesión”, señala un comunicado de la agrupación de famlias. Y lo explica Roger Martínez, de la AFA del Institut Fort Pius: "Lo que no se puede hacer es cambiar un acuerdo, dejando en el aire un proyecto en marcha, con el que se había comprometido el Consorcio de Educación".

Es decir, se denuncia una práctica de la Administración que es trasladable a otros ámbitos, y es el de responder a partir de la presión de colectivos, aunque tenga en marcha proyectos previamente consensuados. La demanda de padres y madres de centros de la zona, que desean un nuevo instituto, que está inspirado en el movimiento Escola Nova 21, que trabaja por proyectos y que dice modernizar la educación, lleva a la Administración a reaccionar y a improvisar.

La Generalitat, a través del Departamento de Enseñanza, lleva las riendas de esa decisión, que el Ayuntamiento de Barcelona, aunque represente sólo el 40% del Consorcio, no ha sabido parar. La vicepresidenta es Laia Ortiz, de ICV y que forma parte del equipo de gobierno de Ada Colau en el consistorio.

También sigue el tema con especial atención, como vocal del ayuntamiento en el Consorcio, Miquel Àngel Essomba, actual comisionado de Educación y Universidades del consistorio municipal. Essomba, profesor de Pedagogía Aplicada en la UAB, exportavoz de SOS Racisme y exdirector del Centro Unesco de Cataluña, no ofrece ninguna respuesta todavía al colectivo.

En el fondo del asunto lo que plantea el colectivo de familias de estos institutos es un cambio en el plan territorial de escolarización vinculado a los distritos. De hecho, se pide su paralización. Es un debate que los partidos políticos no quieren abrir. Por ahora.