Sanción a la sanidad catalana por las oposiciones ‘chapuceras’
La Autoridad Catalana de Protección de Datos concluye que el ICS vulneró la normativa al dejar ‘olvidados’ documentos oficiales con etiquetas con datos personales de candidatos
21 octubre, 2016 09:02Primer revés a la Sanidad catalana por las oposiciones chapuceras de junio. La Autoridad Catalana de Protección de Datos (Apdcat) ha abierto un proceso sancionador contra el Institut Català de la Salut (ICS) al considerar que vulneró la normativa al exhibir datos personales de candidatos.
El principal hecho que se ha investigado a raíz de la denuncia del sindicato CGT es el hallazgo de documentos oficiales con etiquetas que incluían datos personales de candidatos a las plazas públicas sanitarias un día antes del examen. Ocurrió en el Hospital de Viladecans el día 18 de junio, y figuraban datos como el nombre completo y el DNI.
Datos personales de opositores
Además, la Apdcat añade que el día de las pruebas, el 19 del mismo mes, se encontraron hojas de respuesta correspondientes a la anterior convocatoria, la de 2010, en las aulas donde tuvo lugar el examen, también con datos personales de aspirantes.
Finalmente, el organismo tiene en cuenta para iniciar el procedimiento que el ICS tuvo publicados en su página web tres documentos que contenían también datos personales de las personas que participaron en el proceso selectivo, que la Apdcat considera que excedieron el periodo de “tiempo justificado”.
Sanción
El ICS tiene ahora 10 días para presentar alegaciones. Desde la CGT aseguran que las sanciones en estos casos suelen ser económicas. La Autoridad no descarta expedientar al personal responsable, aunque desde el sindicato lo ven “poco probable”.
El caso de las oposiciones chapuceras, que el consejero de Salud, Toni Comín, calificó de "incidencia", también ha llegado al Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo. Queda pendiente ver cómo el ICS aplica una sentencia del Tribunal Supremo, esta vez, en relación a las oposiciones de 2010. El juzgado anuló 10 de las 90 preguntas por “defectuosas”, y el servicio jurídico del Institut estudia cómo ejecutar el fallo.