Acciona, salpicada por la presunta trama corrupta de Acuamed

La Guardia Civil cerró este lunes la operación Frontino para conocer el alcance de los presuntos fraudes en la contratación en los proyectos gestionados por Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), una empresa pública adscrita al Ministerio de Agricultura, con 13 detenciones y 36 investigados. Los detalles de la investigación ordenada por el Juzgado Central de Instrucción número seis de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción transcienden con cuentagotas. Por el momento, ha salpicado a una compañía: Acciona.

La multinacional de la familia Entrecanales realiza el suministro eléctrico a Acuamed desde hace años a través de la filial Acciona Green Energy Developements. Este es el contrato que estaría bajo lupa judicial, según fuentes cercanas al caso. Mantiene el servicio desde 2011 y el pasado mayo ganó otra vez en el concurso público convocado.

Servicios que incluye el contrato

La facturación estimada del contrato es de 48 millones de euros. La parte más interesante según los interlocutores consultados son las instalaciones vinculadas a la concesión.

Suministrar energía --de origen es 100% renovable-- comporta el control de las desaladoras de Águilas y Valdelentisco (Murcia), Carboneras (Almería) y la de Torrevieja (Alicante). La construcción y puesta en marcha de esta última culminó hace tan sólo dos meses. Acciona también asumió la gestión de la potabilizadora de Albacete y la conducción de Júcar-Vinalopó (Alicante). El resto de infraestructuras que aparecen en el contrato son menores.

Además de la concesión energética y la dirección de las instalaciones, Acciona está vinculada en el caso Acuamed por el currículum vitae del máximo ejecutivo de la empresa pública.

Arcadio Mateo, uno de los primeros detenidos

Arcadio Mateo, uno de los primeros detenidos, trabajó como director de organización y control del grupo de los Entrecanales entre 1992 y 1998. Abandonó esta responsabilidad para incorporarse a la Bolsa de Madrid como director de productos de la sociedad de difusión de la información para dar después el salto a la dirección de proyectos corporativos de Telefónica y posteriormente a relaciones institucionales de Cesma Business School, el consejo financiero de AXA y el área corporativa de operaciones de Banco Santander, desde donde dio el salto definitivo a la empresa pública en febrero de 2012.

Se trata de una relación muy transversal, ya que han transcurrido casi 18 años desde que abandonó la empresa, pero suficiente para despertar las suspicacias del alto tribunal, apuntan los mismos interlocutores.

Sobrevalorización de los contratos

El Juzgado de Instrucción central número 6 de la Audiencia Nacional, dirigido por el magistrado Eloy Velasco, investiga a una trama corrupta en la empresa pública que habría “adjudicado de forma fraudulenta obras y/o falsificado certificaciones y liquidaciones para aumentar significativamente las cantidades a abonar a las empresas adjudicatarias”, indica una nota emitida por la Guardia Civil al final de la operación.

Además de Mateo, que fue destituido por el Gobierno poco después de que transcendiera la detención, los agentes detuvieron a la responsable de Ingeniería y Construcción de la empresa pública, María Gabriela Mañueco.

Consecuencias políticas

La operación Frontino ha salido a la luz en un momento muy delicado en el panorama político del Estado. El presidente en funciones, Mariano Rajoy, tiene problemas para cerrar la gran coalición que le piden los mercados y está en duda su continuidad en la Moncloa por la negativa a investirle del PSOE, que también tiene dificultades para negociar la alternativa de izquierdas.