Qué ocurre tras una detención por delito contra la salud pública en Barcelona

En Barcelona, las detenciones por delitos contra la salud pública, como tráfico o posesión de drogas, forman parte del día a día de los juzgados. Cada año, los Mossos d'Esquadra intervienen cientos de casos en calles, pisos y puertos, desde pequeñas cantidades de marihuana hasta cargamentos de cocaína.

Este delito penal busca proteger la salud colectiva frente a sustancias que generan adicción y daños graves. Pero, ¿qué sigue después del momento de la detención? ¿Qué pasa desde la entrada en comisaría hasta que se celebra un posible juicio?

Entender este proceso ayuda a cualquier persona implicada o curiosa a saber cómo funciona la justicia en Cataluña y qué esperar en caso de ser detenido. Por eso, en este artículo lo repasamos paso por paso.

¿Qué se considera delito contra la salud pública?

En España, los delitos contra la salud pública están recogidos en los artículos 359 a 378 del Código Penal, los cuales abarcan todas acciones que ponen en riesgo la salud de mucha gente, no solo la de la persona que comete el delito. El más habitual en Barcelona es el tráfico de drogas, lo cual incluye cultivar, elaborar, vender o tener en grandes cantidades sustancias como cocaína, heroína o marihuana, eso sí, sin contar el autoconsumo personal.

También se incluyen otros casos, como vender alimentos caducados o manipulados, fabricar medicamentos falsos que fallen en calidad, o traficar con químicos peligrosos sin permiso. La clave es el peligro colectivo: no vale decir “era solo para mí” cuando la cantidad o intención apunta a distribución.

Por ejemplo, en Barcelona, los Mossos suelen pillar narcopisos con kilos de hachís, imposible de cubrir como autoconsumo. Esto ya es un delito grave, con penas de 1 a 6 años de cárcel según la droga y agravantes como reincidir o vender cerca de colegios.

¿Qué sucede en el momento de la detención?

Todo arranca con una intervención rápida de los Mossos d'Esquadra, ya sea en una calle barcelonesa, en un piso o dentro de un coche. Identifican al detenido, le cachean y, si encuentran drogas o indicios de tráfico, le esposan y le suben a un vehículo policial para llevarle a comisaría directamente.

Allí, en dependencias como la Jefatura Superior de Policía de Barcelona o comisarías de distrito, registran sus datos personales, le toman las huellas dactilares y le informan de sus derechos Miranda. Mientras tanto, los Mossos incautan todo lo relacionado (sustancias, dinero, balanzas, etc.) y empiezan los análisis preliminares para clasificar la droga y su cantidad. Este paso es clave para diferenciar el autoconsumo de un delito grave.

Esta fase inicial del proceso puede prolongarse durante varias horas y es clave para determinar si la persona pasará la noche en calabozos. En este tipo de situaciones, contar desde el primer momento con el asesoramiento de un despacho especializado en derecho penal, como el equipo de Lealta Abogados, puede marcar la diferencia a la hora de definir una estrategia de defensa sólida desde las primeras diligencias policiales.

¿Qué derechos tiene el detenido?

En el momento de la detención por un delito contra la salud pública, la ley protege al detenido con derechos básicos para garantizar un procedimiento penal justo. Estos derechos, recogidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Constitución Española, empiezan desde el segundo cero de la intervención policial y son clave para no complicar más la situación.

Los principales derechos del detenido incluyen son:

- Derecho a no declarar: puede guardar silencio total o parcialmente; nada de lo que diga puede perjudicarle si no había un abogado presente.

- Asistencia de abogado: puede ser de oficio (gratuito si no tienes recursos) o particular, al que se llama desde la comisaría. Asesora antes de cualquier interrogatorio.

- Llamada a un familiar o contacto: una comunicación rápida para avisar a alguien de confianza, aunque suele grabarse.

- Información clara de hechos y derechos: los Mossos deben explicarle por qué le detienen, los cargos y todos sus derechos en un lenguaje que entienda.

- No ser sometido a torturas ni vejaciones: cualquier presión física o psicológica es ilegal y denunciable.

- Derecho a intérprete: si no habla castellano o catalán, deben proporcionar un intérprete gratis.

- Acceso a médico: si la persona necesita atención médica por problemas de salud o por los efectos de las sustancias, será examinada por un doctor.

​Conocer estos derechos permite usarlos desde el principio, lo cual marca la diferencia en la defensa penal del arrestado.

¿Qué pasa tras la puesta a disposición judicial?

Una vez que los Mossos llevan al detenido al Juzgado de Guardia en Barcelona o el que sea asignado, generalmente al día siguiente de la detención y dentro de las 72 horas como máximo, tendrá que declarar ante el juez de instrucción. Este también escucha al fiscal, al abogado y revisa las pruebas iniciales, como el atestado policial y los análisis de las drogas incautadas.

El juez decide su situación inmediata: libertad provisional (con o sin cargos), medidas cautelares como comparecencias periódicas, alejamiento de testigos o retirada de pasaporte, o prisión provisional si ve riesgo de fuga, destrucción de pruebas o reincidencia grave, algo habitual en casos de tráfico con grandes cantidades.

Desde ahí, el caso pasa a fase de instrucción en el Juzgado de Instrucción asignado por reparto; aquí se investigan más pruebas durante semanas o meses antes de un posible juicio oral.

¿Cuáles son las posibles penas y consecuencias legales de estos delitos?

Las penas por delito contra la salud pública en Barcelona dependen del tipo de droga, la cantidad y circunstancias como reincidencia o ventas cerca de escuelas.

- Para sustancias graves como cocaína o heroína (artículo 368 Código Penal), son penas de prisión de tres a seis años más multa hasta el triple del valor de la droga; para marihuana o hachís, de uno a tres años y multa doble.

- En casos agravados (grandes cantidades, organización criminal o cerca de menores), suben a 9-12 años de cárcel y multas hasta el séxtuplo del valor, más decomiso de bienes y posible blanqueo de capitales con hasta seis años extra.

Además de la cárcel, el arrestado se enfrenta a antecedentes penales que complican conseguir empleos o realizar viajes, así como la inhabilitación profesional en su oficio y multas que arruinan sus finanzas personales.

La importancia de la asistencia letrada desde el inicio

Contar con un abogado especializado en delitos contra la salud pública desde el preciso momento de la detención puede cambiar el rumbo de un caso. Un letrado experimentado conoce los juzgados locales, los gramajes que marcan la línea entre autoconsumo y tráfico, y cómo presentar pruebas para pedir el archivo o reducir penas drásticamente.

Sin esa ayuda temprana, un paso en falso como declarar sin asesoría puede agravar todo. En muchos casos resueltos en Barcelona, la defensa experta ha evitado prisión provisional o incluso el juicio, demostrando que actuar rápido salva al detenido de años de cárcel y del resto de secuelas legales.

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