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Primeras planas

Franquistas frustrados y justicia loca

Indignación nacionalista porque al francotirador no se le acuse de terrorismo y la Audiencia de Barcelona revisa el criterio sobre las cargas del 1-O. La indemnización de Irene Montero

11 min

Manuel Murillo, alias "lobo solitario" y "francotirador", tenía en casa un impactante arsenal con toda clase de fusilería, según la fotografía difundida por los Mossos d'Esquadra. Se desconoce si además poseía banderas con la gallina o emblemas nazis de esos que suelen "adornar" los alijos de puños americanos y bates de beisbol típicos de la ultraderecha. El tipo -63 años, guardia jurado, hijo del último alcalde franquista de Rubí y socio de un club de tiro de Terrassa- había declarado en un grupo de WhatsApp que estaba dispuesto a asesinar al presidente del Gobierno a causa de la exhumación de Franco. Ante el cariz de los comentarios del individuo, una componente del chat, a la sazón militante de Vox, lo denunció a los Mossos d'Esquadra. Murillo ingresó en prisión el pasado 21 de septiembre y ayer trascendió la historia. 

Público fue el primer medio en dar la voz de alarma. Capturado un experto francotirador dispuesto a atentar contra Sánchez. Un mes y medio después de los hechos, los Mossos comparecían ante la prensa para dar cuenta de los detalles del operativo. Carlos Enrique Bayo y Patricia López cerraban la pieza del diario de Roures con una escalofriante conclusión: "También queda claro que a partir de ahora los servicios de inteligencia policiales deberán estar atentos a un nuevo y amenazador perfil: el de los franquistas frustrados, sin filiación ni historial violento, que de pronto están dispuestos a tomar las armas contra la Memoria Histórica".

Poca broma. El hombre estaba armado como para montar una matanza a la americana y echaba el rato en un club de tiro. Además, está en una excelente forma física, fue campeón de ultramaratones y conoce el paño por trabajo en materia de policías y protocolos. Con todo, el caso ha despertado recelos a diestra y siniestra. La prensa de sensibilidad madrileña le da bajonazo al asunto, tan frenética está la actualidad. En cambio, el arsenal de Murillo es la foto de portada de los diarios impresos en Barcelona.

Curiosamente, la Audiencia Nacional derivó el caso a un juzgado provincial al no advertir terrorismo sino "proposición de homicidio de autoridad". El matiz ha causado profunda indignación en el campo nacionalista. Más caña contra la justicia de la metrópoli. Rahola dice en Twitter que como no le incautaron urnas sino armas, pues no es terrorismo mientras que Beatriz Talegón aduce en la misma red social que si el propósito de Murillo fuera matar a Torra, se consideraría libertad de expresión. 

Entre tanto y a propósito de la fastidiosa momia, La Razón avisa de que los nietos están dispuestos a llegar hasta Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), así de loco es todo. Escribe en el diario de Planeta Aurora G. Mateache: "Los nietos de Franco están a la espera de que el Gobierno esclarezca cuáles son las enmiendas que tiene pensado registrar a fin de que «no haya enaltecimiento» en la catedral de la Almudena y, por tanto, evitar que la inhumación del cadáver se produzca allí. «Cuando saquen los cañones ya veremos», explica Luis Felipe Utrera-Molina, albacea universal de la familia y el abogado en quien los nietos de Franco confían para defender sus derechos frente a la iniciativa del Ejecutivo de sacar el cuerpo del Valle de los Caídos. Asegura Utrera-Molina que el Ejecutivo sigue sin ponerse en contacto con ellos, por lo que no han tenido ningún avance de las medidas concretas que espera dar el Gobierno, por lo que consideran que «la prudencia exige esperar y en función de lo que digan, actuar». Lo que no significa que la familia de Franco tenga intención alguna de dar un paso atrás. «Que no haya ninguna duda de que la familia irá a los tribunales», asevera el abogado. «La familia irá hasta el final, como si tiene que ir a Estrasburgo»".

Portada de 'La Razón' del viernes, 9 de noviembre de 2018

Portada de 'La Razón' del viernes, 9 de noviembre de 2018
 

Más justicia. La prensa afecta a la causa soberanista aprecia el gesto de la Audiencia de Barcelona de requerir una investigación más a fondo de las cargas del 1-O en Sant Joan de Vilatorrada. Así y según Ara, "un Tribunal qüestiona per primera vegada les càrregues de l'1-O". El asunto también es portada en El Mundo, que subraya los argumentos y que el ponente firmó un manifiesto a favor de la autodeterminación. Escribe Germán González: "En su auto, el tribunal considera que la Guardia Civil no actuó de forma proporcionada para incautar las urnas ya que el referéndum no tenía efectos jurídicos. Por eso, remarcan que continuar con la votación en el centro asaltado por orden judicial "no hubiera tenido las consecuencias jurídicas pretendidas por los organizadores por ser antijurídica de acuerdo con el ordenamiento jurídico constitucional español, lo que desde luego era sabido por la fuerza actuante. Nótese que en otros lugares de Cataluña no hubieron actuaciones policiales, las votaciones se realizaron y se suministraron resultados sin consecuencia jurídica alguna"".

Y concluye párrafos después: "La Audiencia de Barcelona insta al juzgado a practicar las diligencias propuestas y destaca que, aunque es difícil identificar a los agentes actuantes por no llevar número, sí que se puede localizar a los mandos del operativo y sus superiores jerárquicos. También reclama visionar las imágenes para localizar a los posibles responsables de las lesiones. El ponente del auto de la Audiencia es José María Assalit Vives, uno de los magistrados que firmaron en 2013 un manifiesto a favor de una consulta legal de independencia en Cataluña".

Hay jueces para todos los gustos. Un juez acaba de empurar a otro juez por escribir unos ripios supuestamente satíricos sobre Irene Montero, Pablo Iglesias y Tania Sánchez en la revista de la asociación de jueces Francisco de Vitoria. Una cosa patética que le cuesta al magistrado "poeta" abonar a la afectada cincuenta mil euros y a la publicación, otros veinte mil. O sea que la pareja Montero&Iglesias pueden bajar de manera notable la cuota de su hipoteca. 

A Juan Soto Ivars le parece fatal y lo argumenta así en El Confidencial: "Los sentimientos heridos son la nueva moneda convertible en dólar. Si a mí me dieran 70.000 euros cada vez que algo que dicen de mí hiere mis sentimientos, no quedaría un comentarista de El Confidencial sin apoquinar a mi cuenta corriente. Pero resulta que para denunciar a quien te ha dedicado unos versos obscenos hace falta algo más que estar ofendido: hace falta ser un facha de cojones. (...) Pero volvamos al tema de la dignidad, que es mi favorito. Para los capillitas de Podemos, que Valtònyc cante “quiero a Gallardón en silla de ruedas, así podría chupármela a todas horas” no erosiona ninguna dignidad, mientras que los versos satíricos sobre Irene Montero sí que la erosionan, y gravemente. El motivo es simple, hediondo y llano: son ellos quienes deciden quién tiene una dignidad que se pueda erosionar y quién no la tiene. Montero en un altar. Los fachas, de mierda hasta los ojos".

Torra ha cortado relaciones con el Rey, con Sánchez, con el Gobierno, con los jinetes del 155 y con quien no le siga la corriente, pero continúan los contactos, los gestos, los mimos y los cariños, algunos de calado en materia tan afecta al nacionalismo como la enseñanza de los infantes. De la pieza en La Vanguardia de Susana Quadrado y Carina Farreras: "Ahora los socialistas, instalados en la Moncloa, vuelven sobre sus propios pasos y, tomando el espíritu de la ley educativa que aprobaron en el 2006, fulminan dos de los aspectos más ideológicos que impusieron Wert y el PP. El primero: la religión dejará de ser obligatoria y computable. El segundo: las comunidades autónomas recuperarán competencias sobre los contenidos escolares y el tratamiento de las lenguas cooficiales. De hecho, la reforma socialista viene a legitimar la inmersión lingüística donde antes la ley Wert llegó a obligar a escolarizar en castellano a quien lo pidiera, incluso pagando un centro privado. (...) En Cataluña, por ejemplo, la Generalitat recuperará las competencias en la decisión del currículo de las materias y también en la regulación del uso de la lengua oficial. Se acaba, del mismo modo, con la obligatoriedad de dar 6.000 euros para escolarizar a los alumnos en castellano".

9 de noviembre, santoral: Nuestra Señora de la Almudena.