El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, presenta a los medios de comunicación los resultados de la entidad correspondientes al ejercicio 2024, en la sede de Caixabank, en Valencia

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, presenta a los medios de comunicación los resultados de la entidad correspondientes al ejercicio 2024, en la sede de Caixabank, en Valencia Rober Solsona Europa Press

Primeras planas

Caixabank en Valencia y de Casa de la República a gestoría

La entidad financiera reafirma su compromiso con Cataluña, pero sin mover la sede. Gremios y patronales, de peregrinación a Waterloo para frenar la reducción de la jornada laboral

En portada: Caixabank blinda el futuro económico de la Fundación con dividendos equivalentes al 145% de sus presupuestos

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En términos genéricos, el dinero es medroso. Le gusta la estabilidad y tiende a ser previsible porque de lo contrario no sería "money" sino "bitcoins" y otras mandangas por el estilo. Hubo quien aventuró el regreso de Banco Sabadell a su hogar siete años después del 1-O abría la puerta al regreso de Caixabank, pero esa era una previsión política. La política y las finanzas se entienden lo justo y necesario, nada más.

La noticia económica del día es que la entidad de las torres negras de la Diagonal permanece en Valencia porque la política (el procés) la desahució de Cataluña, pero la política no tiene de momento la fuerza necesaria para propiciar su vuelta.

La situación ha cambiado. Comienzan a darse las circunstancias de estabilidad institucional y seguridad jurídica que el alegre viaje a Ítaca destrozaron. El Parlament ha dejado de ser un casal de Arran, el Govern se dedica a algo tan poco revolucionario como gobernar y el presidente de la Generalitat no va por los puestos dándole la turra al Rey y animando a los "borrokitas" a empujar. Pero Caixabank se queda en Valencia, la capital del Turia que dicen los clásicos.

"Caixabank insiste en quedarse en Valencia y desliga la ubicación de la sede de la situación política", destaca un titular de Crónica Global.

La pieza es de Raúl Pozo y principia así: "Caixabank no seguirá los pasos de Banco Sabadell en dirección a situar su sede social en Cataluña. El consejero delegado de la entidad, Gonzalo Gortázar, ha insistido la consideración de Valencia como ubicación “con carácter indefinido”, tal y como el banco ha mantenido en los últimos años".

"“Nada ha cambiado en este sentido ni parece previsible que vaya a cambiar porque la voluntad de todo el consejo es que todo siga como hasta ahora”, ha señalado el ejecutivo".

"Las miradas del sector financiero y de los círculos empresariales se fijaron en Caixabank cuando hace algo más de una semana el consejo de Banco Sabadell aprobó el retorno inmediato de su sede social al territorio donde nació".

"La entidad presidida por Josep Oliu justificó la medida en la profunda mejora del clima político en Cataluña desde aquel tormentoso 2017, que provocó una masiva salida de empresas".

Dicho lo cual, Pozo escribe que "sin embargo, Gortázar ha desligado de cualquier situación política la presencia de la sede social de Caixabank en Valencia. “Por eso decimos que no hay plazos y que estamos aquí por tiempo indefinido; no tiene que ver con lo que ocurra en Cataluña”, ha explicado Gortázar durante la rueda de prensa de presentación de resultados anuales".

"El consejero delegado del banco ha aclarado que la ubicación de la sede no afecta en absoluto al compromiso de la entidad con Cataluña".

Y: "“En Barcelona se reúne el comité de dirección, allí paso mucho tiempo durante la semana, tenemos una gran sede operativa en la ciudad”, ha enumerado Gortázar, que también ha recordado que este viernes la Ciudad Condal albergará la convención anual de directivos".

Entre tanto, uno de los autores material del éxodo de octubre del 17, el ínclito Carles Puigdemont, ha dado un giro de 180 grados en su percepción del empresariado y las empresas. El líder de Junts hizo gala durante su mandato al frente de la Generalitat del desprecio más absoluto de las compañías que no le bailaban el agua a la intentona. Ya no.

La "idea" es normalizar las relaciones entre Junts y el mundo empresarial y la operativa del partido en Madrid es una palanca para que los posconvergentes o neoconvergentes recuperen las privilegiadas conexiones con el mundo del dinero.

De ahí este titular de La Vanguardia: "Empresarios catalanes acuden a Puigdemont para influir sobre Sánchez".

El texto es de Maite Gutiérrez y Luis Federico Florio: "El papel protagonista que Junts ha conseguido en la gobernabilidad de España, influyendo en cada una de las medidas que el Ejecutivo central trata de sacar adelante, ha sido identificado por el mundo socioeconómico catalán como una mina a explotar".

Portada de La Vanguardia (España)

"El siguiente frente negociador que se abre en el Congreso, la reducción de la jornada laboral, es buena muestra de ello. Entidades profesionales, patronales y sindicatos están viajando a Waterloo o prevén hacerlo en busca de la influencia determinante de Carles Puigdemont sobre el Gobierno, y decantar así el futuro de la medida".

Pero, obvio, los empresarios no van a Waterloo a decirle a Puigdemont que reactive el procés. No. Sus peticiones son de otra índole más prosaica, según la crónica de Gutiérrez y Florio: "La intención de los empresarios es que Junts frene con su oposición la iniciativa estrella del ministerio de Trabajo y su titular, Yolanda Díaz. Hoy mismo se ha producido uno de estos encuentros en Bélgica".

"Una delegación de la Unión Patronal Metalúrgica (UPM) y el Consell de Gremis de Catalunya, federación de entidades de representación empresarial y sectorial, se ha trasladado allí para abordar este asunto y tratar de convencer al líder de Junts para que obstaculice la reducción de los tiempos de trabajo".

"En el encuentro con Puigdemont, que ha empezado a las 16 horas, han participado Jaume Roura, presidente de la Unión Patronal Metalúrgica (UPM) y Fecavem (patronal de los distribuidores de automoción), y Joan Guillén, presidente del Consell de Gremis de Catalunya, además de otros representantes profesionales".

"A las organizaciones les preocupan los efectos negativos que pueda tener un ajuste de la jornada sobre la productividad y los costes, y buscan la ayuda de Junts para evitarlos. Además de la oposición a la nueva jornada, de 37,5 horas semanales, los empresarios trasladaron a Puigdemont la necesidad de acordar medidas de este tipo a través de la negociación colectiva, en lugar de mediante leyes “impuestas” desde el ministerio de Trabajo".

Acuerdos. Qué cosas tienen los empresarios...

La crónica sigue así: "Una nota difundida por la patronal metalúrgica tras la reunión señala que Puigdemont ha sido “receptivo en todos los aspectos” y se ha comprometido a “apoyar al empresariado y los trabajadores de nuestro país mejorando la estabilidad en todos los ámbitos: el económico, el laboral y el social”".

Líneas después, la agenda: "El Gobierno tiene previsto aprobar el anteproyecto de ley para la reducción de jornada en el próximo Consejo de Ministros e iniciar a partir de entonces su trámite parlamentario. Es ahí donde empresarios y sindicatos tratan de tener a Junts de su parte. Lo intentó el mes pasado el recién reelegido líder de la UGT, Pepe Álvarez, que también se vio con Puigdemont en Bélgica para tratar de convencerlo de lo contrario: facilitar la jornada de 37,5 horas".

Y: "En los próximos días, organizaciones del sector comercial preparan también una visita con el político posconvergente. Fuentes del mundo socioeconómico subrayan la ascendencia creciente de Puigdemont en lo asuntos gubernamentales, a lo que añaden la restitución de su figura como interlocutor. Destacan en este sentido el encuentro que el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, mantuvo con él en Perpiñán en abril. Muchos lo vieron –añaden– como un signo de vindicación".

Todo cambia. Resulta que Waterloo ha pasado de ser el Palmar de Troya de los frikis del independentismo a convertirse en un centro de influencia en materia de política económica. De Casa de la República a gestoría. Ni tan mal.

Más noticias. "Junts y ERC, dos estrategias opuestas para acabar haciendo lo mismo: apoyar a Sánchez", señala El Confidencial.

Escribe Marcos Lamelas: "Junts y ERC mantienen dos estrategias opuestas que al final desembocan en el mismo resultado: apoyar a Pedro Sánchez y dar vida a la legislatura. Pero mientras que los de Oriol Junqueras se han mostrado siempre como el socio más fiable del PSOE, Junts se esfuerza siempre primero en escenificar una bronca de justificación nebulosa, luego negociar por debajo de la mesa y, al final, acabar pactando lo mismo que los republicanos".

"Pasó en 2024, con la negociación de la ley de amnistía. Y ha vuelto a ocurrir ahora con el decreto ómnibus. El mejor resumen lo hizo el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, cuando tuiteó en la red social X: “¿Y había que perder una semana para esto?”".

Resumen y ataque de cuernos del portavoz republicano en Madrid, dicho sea de paso.

El texto de Lamelas sigue así: "Fuentes de Junts mantienen que esta sobreactuación le dará frutos electorales, aunque no se esté pactando nada que acerque a Cataluña a la independencia. Para Junts, el PP y el PSOE son lo mismo, por lo tanto, hay que tratar a ambos como el enemigo. Así lo plantearon en la campaña electoral y de ese modo lo están ejecutando. Este nunca ha sido el planteamiento de ERC, para quien es preferible el PSOE que el PP, pensando en términos de Cataluña".

"En la práctica, lo importante no es la negociación, sino cómo se utiliza la misma para humillar a Pedro Sánchez y al PSOE. Y claro, se pierde tiempo, como planteaba Rufián. Pero una semana no es nada. Negociando la ley de amnistía se perdió un mes. Entonces, Junts aseguró que con su redactado “la aplicación sería inmediata”, en palabras del portavoz Josep Rius. Ahí sigue Puigdemont, un año después, anclado en Bélgica".

Y: "Esa es una de las constantes. Mentir. Pero mentir a los suyos. La amnistía no fue inmediata. O cuando se aseguró que en esta legislatura Junts iba a “cobrar por adelantado”. O presentar una proposición no de ley sin valor jurídico alguno. Igual que cuando Puigdemont aseguró que se congelaban las negociaciones para luego abrir las conversaciones que han acabado con medio decreto ómnibus ya trasladado al BOE".

"Mientras ERC llega a esos mismos acuerdos, Junts sobreactúa, asegura que ha roto y luego vuelve por sorpresa para firmar justo lo mismo. Si se puede hacer caso a Míriam Nogueras, ahora empezará de nuevo este ceremonial, pero para negociar los Presupuestos Generales del Estado para 2025".

De eso no cabe ninguna duda.

"El Gobierno y Junts buscan fórmulas para que los ‘mossos’ participen en el control de fronteras", titula una de sus notas El País. Se trata, según el sumario, de "rematar el acuerdo para allanar la negociación de los Presupuestos".

Portada de El País (España)

En cuanto a la oposición, el PP se enreda en sus cogitaciones y contradicciones. "El giro con el decreto ómnibus abre una brecha entre el PP catalán y Génova: 'El problema es creerse siempre a Junts'", señala El Independiente.

La información es de Ángel Carreño y en medio de su texto podemos leer que "consultadas fuentes dentro del organigrama catalán, éstas determinan que el principal problema del PP, y también en esta ocasión, es que "siempre se cree a Junts". Lo explican afirmando que Junts "prometió al PP que jamás" aprobaría ningún decreto ómnibus de Sánchez, solo cuestiones troceadas como se reivindicó y apoyó también el PP".

"Eso hizo que los populares se acogieran con más fuerza al rechazo del decreto desde el principio contemplando que no saldría. Otras figuras con presencia interna, validan este argumento: "No sé como pueden fiarse de Junts"".

Continúa Carreño: "Se extiende este criterio, además, a la "expectación" que aprecian en Madrid por la posibilidad de llegar a acuerdos más allá de los económicos y puntuales alcanzados en diciembre en el Congreso. Incluso a una hipotética moción de censura con Vox, que es "imposible" por la incompatibilidad. "Les quieren liquidar, nunca se acercarán", comentan de la ilegalización que los de Santiago Abascal quieren hacer con los posconvergentes".

Y: "Para estas fuentes consultadas, el criterio que el partido debería haber adoptado desde el principio es el de la abstención. Porque ahora, en lugar de "descolocar" al Gobierno, lo haces "con el votante". "El pulso que han querido marcar al Gobierno ha durado poco", exponen, apuntando que se ha querido retratar al PSOE y el PP es quien ha quedado "retratado" y "aislado". "Les ha salido mal", resaltan".

Además de engañar al PP, Junts le birla el relato, como muestra este titular de El Periódico: "Junts y los abogados proponen que la policía pueda ejecutar desalojos exprés de ocupaciones ilegales sin permiso judicial".

Portada de El Periódico (España)

La pieza viene con la firma de J. G. Albalat: "Junts ha recogido el guante lanzado por los colegios de abogados de Barcelona, Madrid y Málaga para combatir las ocupaciones ilegales y ha presentado en el Parlament sus propuestas".

"Además de abogar por que el juez pueda ordenar el desalojo 48 horas después de interponer la denuncia como medida cautelar si los ocupantes no pueden acreditar la posesión legítima de la vivienda, los abogados también reclaman facultar a la policía para poder realizarlo de forma inmediata sin intervención del juez si se trata de un delito flagrante".

"La cámara catalana deberá votar si esta propuesta se remite al Congreso de los Diputados, órgano competente para modificar las leyes de ámbito estatal necesarias para poner en marcha todas estas medidas".

Líneas después Albalat apunta que "las reformas planteadas por los tres colegios de abogados han sido recogidas por Junts en una propuesta presentada en la Mesa del Parlament para su remisión al Congreso. "La presente iniciativa tiene como objetivo principal dotar a los tribunales y a los operadores jurídicos de las mejores herramientas legales" para tramitar desalojos de ocupaciones ilegales, según el documento".

"Desde el partido apuntan a las siguientes cifras: 9.477 ocupaciones cometidas en 2022, 9.247 en 2023 y 5.364 hasta junio de 2024, lo que hace presuponer que el cómputo total del año pasado dará una "cifra récord" de más de 10.000 ocupaciones".

Caso práctico. Casa Orsola, el inmueble chaflanero. "El Eixample se moviliza a 24 horas del primer desahucio de la Casa Orsola", titula El País.

Escribe Sergi Llanas: "El desahucio de Josep Torrent, un profesor que lleva 23 años de pagando 700 euros de alquiler en la Casa Orsola, está previsto que sea el primer desalojo del bloque. Torrent se negó a abandonarlo cuando el fondo inversor Lioness Inversiones SL se hizo con esta finca modernista del Eixample de Barcelona. “Mi intención es quedarme en mi casa tranquilamente, de forma pacífica, pero firme, cuando venga la comitiva judicial”, ha asegurado Torrent".

"El desalojo de la finca ha desatado una ola de indignación entre vecinos y sindicatos de vivienda. Centenares de vecinos, sindicatos y activistas se han concentrado este jueves frente al bloque para organizar con, tal como lo define el Sindicat de Llogateres en su difusión en redes sociales, una “maratón de defensa”. El desahucio de Torrent está previsto para este viernes a las 09.00".

Y: "El Ayuntamiento de Barcelona se ha pronunciado a 24 horas del primer desahucio. Desde el Consistorio respaldan la propuesta del Síndic de Greuges para mediar entre inquilinos y propiedad del edificio que se ha convertido en un símbolo contra la gentrificación de la capital catalana".

31 de enero, santoral: Juan Bosco, Marcela, Francisco Xavier María Bianchi, Germiniano y Metrano.