Caos, confusión, saqueos, bulos, bronca política y más de 150 muertos por el momento. El balance de la gota fría es abrumador, un zarpazo meteorológico que se ha llevado por delante vidas, casas, negocios, infraestructuras y la seguridad ciudadana.
A media tarde de ayer se discutía sobre la posibilidad de enviar militares y medios del Ejército dado que la Unidad Militar de Emergencias (UME) no da abasto. Gobierno y Generalitat valenciana discuten sobre competencias y alertas climáticas. Se exige la dimisión del presidente valenciano, Carlos Mazón. Se piden responsabilidades a los ministerios de Defensa e Interior. Los alrededores de Valencia están tan devastados que hablar de zona catastrófica parece poco ante semejante catástrofe.
La gota fría (la DANA, depresión aislada en niveles altos) también ha alcanzado Cataluña, pero sin los efectos de Valencia. Carreteras cortadas, comunicaciones suspendidas, confinamiento de la población y todo lo que llueve en un año concentrado en unas horas.
Por suerte, esta vez no hay que lamentar víctimas. La previsión del día afecta a parte de Andalucía oriental y a las Baleares. Medios como el Abc y El Mundo destacan la debilidad del Estado, la falta de medios y coordinación, frente a la catástrofe. El resto de los medios enfocan a Mazón. Ya se están organizando manifestaciones para reclamar su cabeza.
Portada de 'El Mundo' del 1 de noviembre
Mientras el tiempo pone a prueba a la ciudadanía y a los políticos, el Congreso sigue con sus deliberaciones y votaciones. La política fiscal centra la actividad de los diputados. "La retirada del impuesto energético asegura la inversión de Repsol de 1.100 millones en Tarragona", destaca El País en su edición catalana. En el sumario se indica que "El consejero delegado de la compañía, Josu Jon Imaz, afirma que el nuevo panorama 'permite seguir adelante con las inversiones industriales planeadas en España'".
El texto es de Bernat Coll y Josep Catà Figuls: "Luz verde para la inversión de 1.100 millones de Repsol en Tarragona tras la caída del impuesto extraordinario previsto por el Gobierno que afectaba a las grandes energéticas. El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha afirmado este jueves que sin el impuesto la compañía puede 'seguir adelante' con las inversiones previstas. Antes de la votación del miércoles, en la que Junts, el PSOE y el PNV introdujeron enmiendas para evitar que el impuesto que grava a las empresas energéticas se convierta en permanente, Repsol había avisado de que esta tasa impactaba de lleno en su capacidad de inversión en España, y había amenazado con trasladar el proyecto de una planta industrial de Tarragona a Portugal. Ahora, con el nuevo panorama, Repsol mantiene que acometerá las inversiones inicialmente previstas, y fuentes de Junts per Catalunya también dan por hecho que la petroquímica española desarrollará su plan estratégico en parte del territorio catalán tal como estaba previsto".
Continúa la pieza: "'Ayer se retiró oficialmente la propuesta de hacer permanente este impuesto. Así que, una vez superado este debate, permítanme decir que ha llegado el momento de centrarnos en el futuro y en las oportunidades que tenemos por delante', ha señalado Imaz en la conferencia con analistas posterior a la presentación de los resultados de los nueve primeros meses de la compañía. 'Esta decisión positiva que vimos ayer nos permite seguir adelante con las inversiones industriales que habíamos planeado en España y vamos a estar plenamente centrados en la preparación de estas inversiones para asegurar que van a ser ejecutadas con éxito en un futuro próximo', ha anunciado".
"Repsol había alertado de que hacer permanente este impuesto atacaba directamente contra la capacidad inversora de la compañía. Y el grueso de esa inversión prevista en España estaba centrada en el complejo petroquímico de Tarragona. Ahí está previsto levantar, con 1.100 millones de euros de inversión, una planta que transforme los residuos en combustible mediante una tecnología que tiene muy poca competencia en Europa. En Tarragona es donde Repsol tiene su principal centro de trabajo, con 1.400 empleos directos, con lo que perder esta nueva planta —Repsol estaba evaluando trasladarla a su centro industrial de Sines (Portugal) por el aumento de los gravámenes previstos inicialmente en España— impactaba de lleno en los planes de la compañía".
Y: "Fuentes de Junts per Catalunya dan por hecho que los planes previstos seguirán, ahora que el partido independentista, junto con el PSOE y PNV, ha introducido cambios como enmiendas en la trasposición de la directiva europea que establece un impuesto mínimo a las multinacionales. La aprobación legislativa en el Congreso de los Diputados, en todo caso, requiere el aval de Podemos, que ya ha avisado de que está en contra de los planes del Gobierno. 'La retirada del gravamen a las energéticas supondría una reforma fiscal encubierta y regresiva para nuestro país', ha asegurado la formación morada a través de un comunicado. (...) Junts también ha pactado con el PSOE la retirada del impuesto a los mutualistas (previsto en un 8%); la bonificación de las cuotas de la Seguridad Social para entrenadores y monitores de los clubes deportivos; y una rebaja en la fiscalidad de las pequeñas y medianas empresas. Según sus cálculos, los acuerdos fiscales con el PSOE permiten a Cataluña y a su tejido empresarial ahorrar 2.500 millones de euros".
Portada de 'El País' del 1 de noviembre
Los de Puigdemont sacan pecho por su influencia en Madrid, esa capacidad para condicionar la acción de Gobierno y la actividad legislativa. El reverso del espaldarazo a Repsol en Tarragona es el mantenimiento del impuesto a la banca, que tiene una lectura política. "Puigdemont se venga de Fainé al facilitar un mazazo fiscal de 500 millones anuales a Caixabank y de 150 a la obra social", señala un titular de El Mundo. En el sumario y por si no había quedado claro se dice que "El líder de Junts ajusta cuentas a la entidad financiera tras trasladar su sede en 2017 fuera de Cataluña".
El texto es de Carlos Segovia y arranca así: "El presidente de la Fundación Bancaria la Caixa, Isidro Fainé, recibió la noticia en Roma en día agridulce. Lo positivo, su reelección durante tres años más como presidente del llamado Instituto Mundial de Cajas de Ahorros y Bancos Minoristas. Lo negativo, que prácticamente a la misma hora tuvo que autorizar un duro comunicado de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), que también preside, contra el nuevo intento del Gobierno de perpetuar el impuesto a la banca que, según las estimaciones de Caixabank, el principal pagano es esta entidad".
"Un impuesto que, como se ha visto en el energético, sólo es posible que siga por el acuerdo con el PNV y el visto bueno de Junts, el partido que lidera Carles Puigdemont. El mazazo bancario sirve a Puigdemont de venganza contra Fainé y La Caixa. El independentista ha mostrado obsesión en los últimos años contra la decisión de la entidad financiera de trasladar la sede de su fundación bancaria -la matriz- a Palma de Mallorca y del banco a Valencia, en 2017. El líder de Junts negoció con el PSOE, además de la amnistía, un plan para que devuelva la sede a Barcelona. Hasta ahora sin ningún éxito".
Continúa Segovia: "Además, según fuentes de Junts, ni Fainé y ni el presidente saliente de Caixabank, José Ignacio Goirigolzarri, se han movido con ellos para ganarse su favor en la negociación del impuesto a la banca. Sí han sido mucho más activos, según su versión, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, y el consejero delegado, Josu Jon Imaz, que consiguieron convencer a Junts de que la perpetuación del gravamen energético dejaría al complejo industrial y refinero de Tarragona sin una inversión de 1.100 millones y sin futuro. De hecho, el grupo catalán emitió un comunicado jactándose de haber salvado estas inversiones".
"En cambio, ha resbalado a la cúpula de Junts el argumento del presidente de la patronal Foment, Josep Sánchez Llibre -que sí es activo con Puigdemont-, de que el impuesto bancario 'pone en peligro la continuidad de la acción de la obra social de la Fundación La Caixa si se mantiene esta presión fiscal'. Tanto les resbala, que el resultado es que el impuesto le puede costar 500 millones anuales a Caixabank y, de ellos, 150 millones -un 25%- a las arcas de la fundación de Fainé. Así lo deslizó este jueves el consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar".
Y: "'¿Cuánto hemos pagado este año de impuesto a la banca? 500 millones en números redondos: 150 millones de aquí son menos dividendos que van a Criteria y, por tanto, 150 millones menos para la obra social de La Caixa este año. ¿Vamos a perpetuar esto?', protestó. Es prematuro precisa cifras, pero el banquero asegura que se ha diseñado el impuesto de modo que Caixabank es más castigado que otros con negocio más internacional como Santander o BBVA. Foment tuvo que lanzar un duro comunicado en defensa de La Caixa el pasado lunes, cuando ya era demasiado tarde. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, había hecho declaraciones tranquilizadoras para el sector, pero su ausencia, una vez más en negociaciones de alto calibre, ha sido notable".
Más noticias sobre ese simpar universo del independentismo. Las horas bajas de Toni Comín, cuestionado en el Consejo de la República por su liberal manejo del dinero ajeno. Tras los 15.000 euros de gastos personales, el desvío de las donaciones para los mossos suspendidos de empleo y sueldo por ayudar a Puigdemont en su truco del 8 de agosto. Su posición es insostenible, pero ahí sigue, inasequible al desaliento y aferrado a la silla de vicepresidente del Consejo, el único cargo que tiene mientras no se resuelva su expediente en el Parlamento Europeo.
Según cuenta Quico Sallés en El Món, a Comín le han puesto una tutela para que no haga con el dinero lo que le venga en gana. Así lo cuenta el referido periodista: "El gobierno del Consell de la República, integrado por personas de la máxima confianza de Carles Puigdemont, ha decidido restringir a su vicepresidente, Toni Comín, en pleno escándalo por las 'irregularidades' detectadas en su gestión económica y financiera de la entidad en el exilio. Tras una tensa reunión del ejecutivo, sus integrantes decidieron anoche 'delegar la gestión del ámbito financiero en dos miembros más del gobierno' de la entidad, además de Comín. Este trío deberá tomar las decisiones de manera 'mancomunada e igualitaria, es decir, con la conformidad de dos de los tres miembros' como mínimo. Una manera bastante directa de retirar de facto a Comín las competencias en la gestión económica que tenía ahora en exclusiva, aunque conserva el cargo de vicepresidente. Así lo ha especificado el Consell a través de un comunicado oficial, aunque algunas fuentes de la reunión aseguran que se le pidió su dimisión".
Y: "La decisión no llega por unanimidad de los integrantes del gobierno del Consell, algunos de los cuales expresan en privado que 'se están blanqueando las sospechas' sobre las 'irregularidades' detectadas en la auditoría que se ha llevado a cabo para aclarar gastos personales de Comín cargados a la caja de la entidad. Aun así, remarcan que, como mínimo, los pagos deberán acordarse de manera 'imprescindible' por mayoría de dos de los tres miembros que dirigirán las finanzas. Decisiones que también 'deberán ser ratificadas por el gobierno del Consell'. Miembros de este consejo como Toni Castellà o Teresa Vallverdú son miembros de la nueva dirección de Junts per Catalunya elegida en el congreso que la formación celebró el pasado fin de semana en Calella".
El desbarajuste en las cuentas del Consejo es de tal calibre que se ha decidido recortar la mitad de los salarios que perciben los ocho empleados con los que cuenta el ente puigdemontiano.
Otro asunto que prueba la compleja relación del independentismo con el dinero es el escándalo de la última fiesta del 1-O. "Los afectados del acto Som 1 d'octubre reclaman 65.000 euros al organizador: estudian una demanda", apunta El Nacional. La pieza viene con la firma de Jordi Martín y dice así: "Todas las entidades, empresas y personas afectadas por los impagos atribuidos al organizador de la fiesta independentista Somos 1 de octubre, 22 en total, se han organizado en una plataforma de afectados y reclaman a Jordi Mateu una deuda "aproximada, no definitiva" de unos 65.000 euros".
"Se trata de una suma agregada de lo que tendría que pagar y todavía no lo ha hecho a los músicos, técnicos, comisarios de exposiciones y colaboradores de todo tipo que participaron en los actos. Según ha explicado a El Nacional el portavoz de la plataforma, Carles B. Gorbas, una vez ha pasado el plazo para efectuar los pagos que se había estipulado en los contratos, que era de un mes, ahora estudian con un equipo legal de qué manera demandar a Mateu, a quien el resto de participantes en la jornada responsabilizan de manera exclusiva. Los afectados se reunieron recientemente e invitaron al organizador para 'entre todos juntos, contrastar posturas y opiniones y encontrar un punto de consenso y entendida'. También asistieron los alcaldes de Arenys de Mar, Arenys de Munt y Canet de Mar, localidades donde se celebró la fiesta, y representantes de la ANC y la entidad Som 1 d'octubre. Mateu, invitado, no asistió".
Sigue el texto: "En la reunión, afirman este jueves en un comunicado conjunto, se constató que los ayuntamientos no fueron en ningún caso coorganizadores del acontecimiento y, por lo tanto, no son corresponsables de la deuda generada. En este sentido, su colaboración, explican, se limitó a ceder gratuitamente algunos espacios públicos para albergar la fiesta. El resto de colaboradores y voluntarios de la entidad Som 1 d'octubre, que participaron en organizar la jornada además de Jordi Mateu, se desvincularon de los hechos y afirmaron sentirse 'estafados', apuntan fuentes presentes en la reunión".
"Por su parte, desde la ANC se desvinculan totalmente y afirman que nunca se habían comprometido en la venta de camisetas. En declaraciones a El Nacional, Jordi Mateu defendió que él no era el único organizador y, a su vez, descartó ninguna estafa, solo un 'cúmulo de despropósitos': 'No hay estafa porque no ha habido dinero. La fiesta no tenía ni una sola cosa que se cobrara', dijo, solo admitió un 'agujero económico' porque se esperaba que la ANC cediera 5.000 camisetas a la organización y finalmente no fue así. La plataforma de afectados insiste en desmentir que se haga a la ANC 'corresponsable de la deuda'. En suma, solo quedaría Mateu como supuesto responsable a quien el resto responsabiliza de los hechos".
Pues si es por Mateu que esperen sentados a cobrar sus acreedores.
1 de noviembre: festividad de Todos los Santos. Audomaro, Austremonio, Benigno de Dijón, Cesáreo de Tarracina, Cirenia mártir, Licino de Anjou, Magno de Milán, Marcelo de París, Maturino de Larchant, Pedro del Barco, Rómulo de bourges, Severino de Tívoli y Vigor de Bayeux.