La solidaridad fiscal catalana y novedades sobre Yamal padre

En coincidencia con la Virgen de Agosto celebrada ayer declina un tanto la información relativa a la política catalana. Es como si hubieran comenzado unas vacaciones justo cuando el verano encara la recta final, la segunda quincena de un mes marcado por la investidura de Salvador Illa y la no detención de Carles Puigdemont. La agenda sigue marcada por derivadas de esos eventos. Por ejemplo, las dificultades del Gobierno, según El Mundo, para explicar el acuerdo con ERC. O las endebles explicaciones de Interior sobre su papelón durante el episodio de la visita fugaz del prófugo a Barcelona.

Hay más noticias, claro. El apuñalamiento del padre de Lamine Yamal. El hombre se recupera en el hospital de tres puñaladas que pudieron costarle la vida. Y todo, según desvela La Vanguardia, por la típica discusión sobre urbanidad que acaba a leches. Resulta que un niño vertió agua sin querer sobre el padre del futbolista, que reaccionó como si en vez de agua le hubiera caído ácido encima. Las fiestas de Gràcia siguen su curso bajo el lema "Tourists go home" y sin los actos de "cultura popular". Un drama extraordinario. Fiestas sin correfocs, petardos y pasacalles. El mundo de la cultura está de luto y no sabe si cortarse las venas o dejárselas largas.

Al lío. "El Gobierno se atasca en la 'solidaridad' incapaz de explicar su pacto fiscal con ERC en Cataluña", proclama El Mundo. "La ministra de Hacienda ha pasado en 26 días de negar el concierto económico a avalarlo 'al 100%'", subraya el subtítulo. El texto es de Marta Belver: "La "soberanía fiscal plena" en Cataluña respetará el "principio de solidaridad" entre comunidades. Ésta es la única explicación que se ha proporcionado desde el Gobierno sobre el acuerdo alcanzado por el PSC con ERC para hacer presidente de la Generalitat al socialista Salvador Illa, que incluye entre sus medidas el traspaso de la gestión del 100% de los impuestos estatales. Entre los interrogantes que rodean a una cesión comprometida a instancias de un partido independentista está el de cómo se va a compensar que la segunda región que más aporta a la caja común por detrás de Madrid -unos 1.300 millones al año- tenga autonomía total en la recaudación tributaria y se limite posteriormente a pagar un cupo para financiar las competencias que el Ejecutivo central desarrolla en su territorio. Este cambio supone, de facto, una extensión el régimen de financiación particular que hasta ahora se aplicaba sólo en el País Vasco y Navarra como consecuencia de unos "derechos históricos" recogidos en la Constitución".

Continúa la pieza: ""Habitualmente lo que ERC siempre ha planteado en esa reforma del modelo es una suerte de concierto económico para Cataluña. Yo no comparto el concierto económico para Cataluña", aseguraba María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, el pasado 15 de julio. "Lo he dicho en múltiples ocasiones, así también lo ha expresado el PSC allí en Cataluña y yo diría que eso es lo más importante que se contempla en el documento [de negociación de la investidura] y en lo que no coincido", agregaba. Sólo 26 días después, la también número dos del PSOE afirmaba, en cambio, que el partido "avala y apoya en su totalidad" el pacto suscrito para que Illa haya podido acceder a las llaves de la Generalitat y que el Ejecutivo lo va a "impulsar de forma progresiva". Aunque en el texto definitivo no figuran explícitamente las palabras concierto económico ni cupo, la redacción literal del mismo implica precisamente eso: "Impulsar un sistema de financiación singular que avance hacia la plena soberanía fiscal basada en la relación bilateral con el Estado y la recaudación, gestión y liquidación de todos los impuestos"".

Y: ""Yo quiero destacar que si el acuerdo tiene una seña de identidad es la de la solidaridad con el resto de territorios", quiso zanjar Montero el 10 de agosto, en el acto de investidura del nuevo presidente catalán, sin explicar cómo se va a garantizar que no será un pacto con efectos negativos para otras comunidades ni el porqué de su propio cambio de opinión en menos de un mes. La vicepresidenta primera se limitó a decir que en el equipo de Pedro Sánchez se sienten "cómodos" con el resultado final de las negociaciones, que lo respaldan "al 100%" y que ahora tienen que ser "capaces de concitar el acuerdo y el diálogo con el resto de fuerzas políticas presentes en el arco parlamentario" que tienen que apoyar la modificación de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) para que esta medida se pueda aplicar. De ahí no se ha movido un milímetro ni el Gobierno ni el PSOE, a pesar de que los barones de nueve federaciones del partido han mostrado, con mayor o menor vehemencia, su rechazo público a un cupo catalán que, de no tener letra pequeña -por el momento desconocida-, supondría un perjuicio directo en sus respectivas regiones. Aunque de momento se ha dado una especie de tregua a Illa, que de manera muy generalizada merece el respeto de los dirigentes socialistas, el líder de Aragón, Javier Lambán, ya ha advertido que la "comodidad" con la que está defendiendo el pacto para él supone una "preocupación añadida"".

En cuanto a la no detención de Puigdemont, siguen los esfuerzos de Interior (ministerio) por explicarse. Casi sería mejor que lo dejasen correr. El asunto ya está judicializado y cada vez que el ministerio emite una nota o da una explicación deja en peor lugar a la Policía Nacional y la Guardia Civil, que no parecen tener la culpa de nada en todo este embrollo. "Interior buscó a Puigdemont hasta dos días después de que se esfumara de Barcelona", destaca El Independiente en uno de sus titulares. Escribe Irene Dorta: "El Ministerio del Interior admite que desplegó refuerzo en la frontera con Francia para buscar al expresident Carles Puigdemont hasta dos días después de la fuga. En el informe remitido al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, al que ha tenido acceso íntegro El Independiente, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska responsabiliza a los Mossos d'Esquadra de todo el operativo inicial, pero reconoce que activaron 15 controles fronterizos una vez habían perdido al prófugo. La visita fugaz de Puigdemont al Arco del Triunfo de Barcelona el jueves 8 de agosto fue como un truco de magia que provocó que unos minutos después ya nadie supiera dónde estaba el líder de Junts. Interior admite en un documento remitido al instructor del procés que una vez se le perdió la pista y no antes se activaron "dispositivos reforzados, combinando dispositivos fijos y aleatorios" que se prolongaron hasta la media noche del sábado 10 de agosto".

Sigue el texto: "A pesar de que el secretario general de la formación independentista, Jordi Turull, aseguró esa misma tarde que Puigdemont ya había salido del país, los de Grande-Marlaska no lo creyeron y siguieron buscándolo en España dos días después. "Por los servicios de información e inteligencia del Ministerio del Interior, durante toda la jornada del jueves 8 se realizaron innumerables comprobaciones de diferentes informaciones que se manejaban", dice el documento. No especifica, en cambio, por qué se desactivaron estos refuerzos ni si en algún momento supieron con seguridad que Puigdemont ya estaba fuera de Cataluña. Lo cierto es que ese mismo fin de semana apareció en un vídeo grabado en Waterloo (Bélgica) donde reside sin rendir cuentas a la Justicia española desde hace siete años".

Y: "Una vez se perdió el rastro del líder independentista, el Ministerio agrega que se estableció refuerzo con vigilancia de puertos y aeropuertos de la Comunidad de Cataluña y dispositivos operativos de ciertas vícas públicas en la provincia de Lleida (rotonda de entrada a la localidad de Bossost, rotonda de salida de Vielha, aduana de La Farga de Moles con Andorra, etc) y Girona (acceso a Francia por Coll de Banyulls, C-38, etc). Hasta 15 controles distintos. Nada funcionó. En este sentido, descargan la responsabilidad en los Mossos que dirige el comisario Eduard Sallent: "Desde el Ministerio del Interior se ofreció a los responsables de Mossos cualquier apoyo operativo que precisaen por parte de la Policía Nacional y de Guardia Civil para sostener y cumplimentar el logro de los objetivos del plan especial y proceder a la detención del fugitivo, sin que fuesen requeridos tales apoyos más allá de los habituales"".

Con todo esto, los mandos políticos pretenden hacer creer al pueblo llano que el arresto de Puigdemont es una prioridad que no se puede llevar a cabo porque el prófugo es un especialista en fugas. Esos mismos mandos son los que antes o después de cada explicación dicen que todo esto no estaría pasando si los jueces aplicaran la ley de amnistía como la dejó aprobada el Congreso. En relación a dicha norma, La Razón destaca que "A 102 implicados en el "procés" ya se les ha aplicado la amnistía". La nota viene con la firma de Beatriz García: "Dos meses después de que la amnistía al "procés" impulsada por el PSOE entrase en vigor tras recibir el visto bueno del Congreso, el número de personas que se han visto beneficiadas por la medida asciende ya a, al menos, 102, según los datos ofrecidos por EP, entre condenados que han sido exonerados y aquellos que han sido absueltos y han visto cancelados sus antecedentes penales, incluidos los de carácter policial. De entre los encausados por su implicación en el desafío soberanista, uno de los más reconocidos que ya se ha acogido a la Ley de perdón está el jefe de gabinete del propio líder del "procés", Josep Lluís Alay. La Sección 5 de la Audiencia de Barcelona le amnistió los presuntos delitos de prevaricación y malversación por los que estaba pendiente de juicio al haber usado dinero público de la administración catalana para un viaje a Nueva Caledonia, una isla francesa del Pacífico Sur. Los hechos pendientes de enjuiciamiento se remiten a cuando Alay, siendo responsable de la oficina del expresident Puigdemont, se desplazó al lugar como observador del referéndum de autodeterminación que allí se celebró. El tribunal entiende que "entre las funciones del acusado destacaba la de dar apoyo al expresidente en los asuntos y materias que éste dispusiera y otras funciones que se le encargara", y, por tanto, quedó perdonado".

Sigue García: "También recibieron la amnistía, después de que así lo dictase el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el que fuera conseller de Interior de la Generalitat de Puigdemont y Junqueras destituida por el 1-O y la DUI, Miquel Buch, y el mosso que ejerció de escolta de Puigdemont, Lluís Escolà, en su huida de la Justicia hace casi siete años y posterior asentamiento en la localidad belga de Waterloo. (...) Todas las amnistías concedidas hasta ahora han sido dictaminarás por diferentes tribunales y juzgados con sede en Cataluña. Las personas a las que se les ha concedido el olvido de sus responsabilidades penales por aquellos días de 2017 estaban encausadas por diferentes delitos, de la malversación y prevaricación, desobediencia, desórdenes públicos, pertenencia a grupo criminal a la tenencia de artefactos explosivos, los delitos contra la seguridad vial, el atentado contra la autoridad, o los delitos contra la integridad moral y lesiones. Así, más de 60 días después de que los jueces comenzasen a ejecutar la medida de gracia en sentencias, el número de beneficiados que habían trasladado que calculaban que habría desde la Fiscalía, alrededor de 486 personas, todavía está lejos de la realidad".

Actualidad local barcelonesa. La nefasta herencia de Ada Colau, aquella alcaldesa que gobernó para los suyos con un olímpico desprecio por las normas. "El Ayuntamiento negocia el cierre de las denuncias por actuaciones de Colau", señala un titular de Metrópoli Abierta sobre las causas ya sentenciadas en contra del Ayuntamiento por la "brillante" gestión de la señora. La información es de A. Fernández y arranca así: "Las sentencias en contra de actuaciones llevadas a cabo por Ada Colau durante la última legislatura en Barcelona no se podrán ejecutar. Así de sencillo. Las tropelías cometidas por el equipo de gobierno comandado por la lideresa de los comunes son tan onerosas que es más perjudicial el remedio que la enfermedad. El desprecio del anterior equipo de gobierno por las normas legales fue tan acusado que las sentencias en contra de sus iniciativas caen en cascada: desde las actuaciones en zonas peatonalizadas hasta la urbanización de la Via Laietana, pasando por la implantación de las multas en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) o la implantación de la tasa Amazon son fallos judiciales donde se pone en tela de juicio la gestión de Colau y su equipo, que actuaron con desprecio a las normas existentes. Y, en algunos casos, denotan el talante intolerante y poco negociador del anterior gobierno. Las sentencias hablan de falta de diálogo con otras administraciones y con los vecinos".

Sigue el texto: "Una fuente municipal reconoce a Metrópoli que “en Barcelona se han peatonalizado muchas calles durante décadas y en todas las épocas, y jamás hubo problema alguno. Se hizo siempre y nunca se acabó en el juzgado. Siempre se había consensuado con todos los actores locales, comerciantes, vecinos, gremios, etcétera. Pero el equipo de Colau iba a destajo, sin negociar con nadie, y así le fue. Las cosas se podrían haber hecho mejor”. Lo cierto es que las sentencias en contra de decisiones municipales se acumulan en los despachos municipales. Sólo contra ejes verdes del Eixample hay ya cuatro fallos de los tribunales que, en principio, obligan a revertir las obras. Pero, ¿cómo hacerlo? Los vecinos se espantan si tienen que estar varios años más con las calles levantadas a las puertas de sus casas o comercios. “Recurriremos todas las sentencias. No podemos desmontar todo”, reconocen en el Ayuntamiento. Incluso las asociaciones que interpusieron las denuncias ante las autoridades judiciales se han asustado de lo fácil que ha sido obtener las condenas y están dispuestas a colaborar para minorar en lo posible el impacto de las sentencias. “Es cierto que hemos hablado con asociaciones para ver cómo dar una solución, pero creemos que lo mejor es que no se mueva nada más. Estamos negociando con los que han metido recursos y creemos que por interés público es mejor que todo quede ya como está”, señalan las fuentes consultadas".

Pues sí, porque como haya que revertir esa obra cumbre de la ingeniería que fue peatonalizar Consell de Cent estaríamos ante la materialización esférica del dicho de que en el pecado se lleva la penitencia.

Sucesos. "Al padre de Lamine Yamal le tendieron una trampa", sostiene La Vanguardia. El texto es de Mayka Navarro: "Los cuatro hombres, de nacionalidad española, sin antecedentes policiales ni judiciales, detenidos por el intento de asesinato del padre de Lamine Yamal, pasarán hoy a disposición judicial. El atestado que en las últimas horas han redactado los Mossos d’Esquadra de la unidad de investigación de Mataró es demoledor. Los acusados, miembros de una misma familia del barrio de Rocafonda, tendieron una trampa a Mounir Nasraoui. Tras el incidente protagonizado a las tres de la tarde, se citaron con el padre del futbolista en un parking al aire libre para “hacer las paces”, le dijeron. Pero se presentaron armados y sin mediar palabra le rodearon, golpearon, patearon y apuñalaron. “Suerte que apareció un amigo de mi padre, si no, lo matan”, relató ayer el jugador a un directivo del Barcelona, tras visitarle en el hospital de Can Ruti. La víctima permanecía ayer hospitalizada en el centro médico de Badalona, donde llegó pasadas las nueve de la noche del miércoles con tres puñaladas. Dos en el abdomen y una en un costado. El hombre no solo tuvo la suerte de que apareciera un amigo del barrio durante la agresión, también que la ambulancia medicalizada del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) se presentara veloz porque la víctima estaba perdiendo mucha sangre. De ahí que su pronóstico fuera “grave” cuando entró en urgencias".

Continúa la pieza: "Los médicos comprobaron que las armas blancas utilizadas se quedaron a pocos milímetros de órganos vitales. El paciente no necesitó intervención quirúrgica, pero sufrió un neumotórax y pasó la primera noche en la unidad de cuidados intensivos, bajo vigilancia. Consciente en todo momento, el hombre pudo ayer prestar declaración a los investigadores que se desplazaron hasta Can Ruti. Y relató a los Mossos lo mismo que explicó a sus familiares y a su hijo en el rato que compartieron. Un relato de los hechos al que ha tenido acceso La Vanguardia a partir de varias fuentes consultadas del entorno del jugador y que confirma que entre la víctima y sus agresores no había ningún conflicto previo más allá del incidente de las tres de la tarde en la calle Frank Marshall del barrio de Rocafonda".

Y: "El padre de Lamine paseaba por esa calle cuando un niño que jugaba con un barreño de agua en un balcón tiró agua que salpicó al hombre. El pequeño ni sabía quién era Mounir Nasraoui. El hombre se enfureció y tuvo una respuesta tan desproporcionada que el padre, un hermanastro y el abuelo salieron a la calle a enfrentarse con el individuo. En ese momento se produjo un altercado en el que, según los testigos, el padre de Lamine Yamal acabó por los suelos y ayudado de nuevo por un amigo. Varios vecinos alertaron al 112 y aparecieron inmediatamente dos patrullas de la policía local de Mataró".

16 de agosto, santoral: Roque, Armagilo eremita, Arsacio de Nicomedia, Beatriz da Silva Meneses, Esteban de Hungría, Framblando de Le Mans, Rosa Fan Hui, Serena de Roma y Teodoro de Sión.