El Govern "españolista" y la columna de la nación

Las fuerzas vivas del independentismo encarnadas por Junts y la CUP consideran que el Govern de Illa es un nido de españolistas conspicuos, una sarta de traidores a la patria, una banda indisimulada de constitucionalistas sin remilgos, unos españolazos de tomo y lomo que ni siquiera disimulan. Así se expresan la portavoz de la CUP, Laia Estrada i Cañón, y la de Junts, Mònica Sales de la Cruz, que son las comisionadas para verter tales delirios.

Estrada y Sales, Sales y Estrada van a proporcionar grandes jornadas parlamentarias con su verbo aguerrido y sus firmes ademanes, guardianas de las esencias independentistas, vestales de la verdad republicana. De la Cruz y Cañón, bellos apellidos maternos que no acostumbran a utilizar. Una pena. El caso es que no se fían de "elementos" como Jaume Duch (UE y Acción Exterior), Esther Niubó (Educación), Ramon Espadaler (Irene Montero le acusa de ser del Opus), del secretario del Govern, Javier Villamayor o del propio Salvador Illa.

Las exigencias y requerimientos del independentismo son casi imposibles de cumplir y eso que este Govern se ha dotado de un personajes como Francesc Xavier Vila (Política lingüística), uno de esos soldados del catalán que se niega a utilizar en castellano o español no vaya a ser que se le trabe la lengua o se atragante con las jotas morunas. Tampoco les vale que la canción del verano sea ya "Els Segadors" de tantas veces como ha sonado en los actos de investidura y tomas de posesión de los consejeros.

Crónica Global abre su edición del día con este titular: "Illa amansa a ERC con las concesiones al catalán desde el minuto uno como ‘president’". En el sumario se añade que "El nuevo Govern cumple, punto por punto, los acuerdos lingüísticos a los que se comprometió con los republicanos: "La lengua catalana es la columna vertebral de Cataluña", dice el dirigente socialista".

El texto es de Gerard Mateo: "La principal “obsesión” de Salvador Illa es, dice, que su Govern gobierne “para todos”. Por el momento, el nuevo president de la Generalitat se ha puesto manos a la obra y, en apenas tres días desde la toma de posesión, ha confeccionado un equipo transversal con consellers procedentes de distintos ámbitos y diferentes sensibilidades e ideologías y, en el mismo camino, ha comenzado a aplicar, al dedillo, el pacto suscrito con ERC para que los republicanos apoyasen su investidura. Por lo menos, en materia lingüística. Este es, de hecho, el punto del acuerdo que más deprisa puede Illa comenzar a aplicar, y lo está haciendo sin demora, antes incluso de marcharse de vacaciones. El presidente catalán no quiere ni una grieta en sus primeros días de gobierno, por lo que, más allá del ruido que llega desde Junts, lo más urgente para evitar seísmos es contentar a los socios de investidura. Sobre todo, a ERC, que le dio un “sí vigilante”, con amenazas de dejarlo caer si incumplía lo firmado".

Continúa la pieza: "El acuerdo lingüístico es el tercero del documento entre los dos partidos, y el primero en el que se puede avanzar de forma tangible. Bajo el título “Cataluña es una nación con lengua propia y voluntad de proyectarse al mundo”, el primer apartado apunta “el retroceso del uso social” del catalán y la necesidad de “defender el modelo de escuela catalana”. E incluye la creación del Departamento de Política Lingüística “con un plan de acción transversal que se proyecte sobre el conjunto” de las consejerías y de sus políticas. Dicho y hecho. Illa ha creado esa consejería en una de sus primeras decisiones como president, y ha ascendido a conseller al filólogo Francesc Xavier Vila, cercano a ERC, que hasta ahora era el secretario de esta materia en el Departamento de Cultura del Govern de Pere Aragonès. Será él quien deba aprobar el Pacto Nacional por la Lengua en los primeros 100 días de Govern y dotarlo de la correspondiente financiación anual, que para el primer año se prevé de 200 millones, según el acuerdo con los republicanos. Por el momento, a la hora de recoger la carpeta de la consejería, Vila se ha negado a responder en castellano a los periodistas".

Y: "Pero los cumplimientos del primer secretario del PSC para con ERC van más allá, pues el apretón de manos con los republicanos dice textualmente que “hay que garantizar el catalán como lengua de uso normal de las Administraciones y de las instituciones catalanas”. Y así lo hace, pues ya en el debate de investidura se olvidó del castellano, que había alternado en los últimos tiempos como una manera de atraer a los diputados huérfanos de Ciudadanos. Illa habla hoy sólo en catalán. Es más, en el breve parlamento que dio inicio a la toma de posesión de sus consellers, este lunes, afirmó que hay que defender “la lengua catalana como columna vertebral de Cataluña”, a la que llamó “nación” integrada en una “España plurinacional”".

Tras la operación Puigdemont 'si gano las elecciones vuelvo y si no también, pero según y cómo', Junts se dispone a afrontar una larga travesía en el desierto y para no aburrirse adelanta su congreso a finales de octubre, en coincidencia con la proclamación de la república que no fue. "Turull quiere que el congreso de Junts sirva para relanzar el independentismo y 'ampliar sensibilidades'", anuncia El Nacional. Parece que una de las ideas es nombrar presidente del partido a Carles Puigdemont. Escribe Vicenç Pagès: "El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha confirmado esta tarde (lunes) que Junts per Catalunya celebrará un congreso a finales de octubre, tal como ha avanzado El Nacional.cat. En una reunión de la ejecutiva esta mañana, donde ha participado los miembros de la ejecutiva, los diputados en el Congreso, al Parlament y Senado, Junts per Catalunya ha apostado por celebrar un congreso el 27 de octubre a que "tiene que servir para relanzar y recomponer el independentismo". "No es un congreso para recomponer un partido", ha dicho el secretario general de Junts en una rueda de prensa en la sede de Junts, donde ha insistido mucho en el hecho de que buscarán ampliar las sensibilidades de dentro del partido. Por eso, Turull ha definido este congreso como "de apertura para construir una alternativa muy transversal desde el independentismo". De hecho, es exactamente lo que dice la carta que el partido ha enviado a la militancia para convocarlos al congreso del 27 de octubre y espolearlos a su participación".

Continúa el texto: "Además, Turull ha apostado para que este congreso sirva para "definir una nueva hoja de ruta hacia la independencia y crear una alternativa al tripartito". "Eso llega después del contexto que hemos vivido. Buscaremos la participación activa de todos los afiliados y también la implicación de toda aquella gente que no se siente de Junts, pero se siente muy comprometida por la independencia y por el país", ha insistido el secretario general de Junts, que considera que el nuevo Govern de Salvador Illa es una ruptura del voto independentista y la configuración de un Govern "españolista" al frente de la Generalitat. (...) Sobre la posibilidad de que el president en el exilio, Carles Puigdemont, alcance la presidencia de Junts per Catalunya, tal como proponía Xavier Trias, Turull no lo ha descartado. Sin embargo, ha advertido que "empezar a hablar de nombres y cargos es empezar la casa por el tejado", ha afirmado Turull, que no se imagina un "relanzamiento del independentismo sin el presidente Puigdemont"".

Pues claro. Junts es Puigdemont y Puigdemont es Junts. Puede que el congreso acabe con una actuación del prófugo, una selección de los mejores trucos.

Más sobre Puigdemont. "El Supremo y el Constitucional se revuelven contra la injerencia del Gobierno para amnistiar a Puigdemont", titula El Mundo. En los subtítulos explican que ""No es extralimitarse, la ley está mal hecha, como la del 'sí es sí', señalan en el TS" y "El TC también muestra su 'malestar' con que el ministro dé por hecho que se forzará el blindaje total del ex 'president'". El texto viene con las firmas de Manuel Marraco y Marta Belver: "El ministro Óscar Puente concitó ayer el rechazo tanto del Tribunal Supremo como del Constitucional, que se revolvieron contra sus críticas por no amnistiar a Carles Puigdemont y contra su afirmación de que el TC acabará corrigiendo esa decisión. "Lo que no pueden hacer los tribunales es extralimitarse a la hora de interpretar [la Ley de Amnistía], diciendo, por ejemplo, que ha habido malversación porque los independentistas se ahorraron de su peculio el dinero que les hubiera costado la campaña de la independencia o el referéndum ilegal", afirmó el ministro en una entrevista en RNE".

Sigue la nota: "La respuesta del Supremo es que no hay ningún exceso y sí una redacción deficiente de la ley que impide, en contra de lo que pretendían sus responsables, borrar el delito de malversación. "No hay extralimitación, sino una mala redacción de la ley, como sucedió con la ley del sí es sí", afirman fuentes del Alto Tribunal, en referencia a la ley que pretendió garantizar condenas por delitos sexuales y acabó suavizando las ya impuestas. Tanto la Sala del Supremo que juzgó el procés como el magistrado Pablo Llarena han interpretado que no es posible aplicar la amnistía al delito de malversación cometido en el procés. En lugar de amnistiar toda malversación, la ley dejó fuera a quienes hubieran buscado "un beneficio personal de carácter patrimonial". Con ello, añaden las fuentes del TS, el Ejecutivo quería evitar un previsible revés de la Justicia europea a una amnistía total de la malversación. Lo que sucedió es que, conforme la jurisprudencia sobre el delito, la fórmula empleada dejaba fuera a los encausados del procés, ya que para lograr sus propósitos políticos recurrieron a un dinero público que de otra forma habrían tenido que poner de su bolsillo".

Y: ""No hay por donde agarrar esa interpretación», lamentó ayer el ministro Puente en referencia un criterio del Supremo que ha supuesto, entre otras cosas, que siga vigente la orden nacional de detención contra Carles Puigdemont, pendiente de ser juzgado por el gasto de fondos públicos para la votación del 1-O. Esa fue la orden que no se ejecutó la semana pasada en la fugaz aparición del ex president en Barcelona, algo sobre lo que el juez Pablo Llarena ya ha pedido explicaciones tanto a los Mossos d'Esquadra como al Ministerio del Interior. La intervención de Puente también generó "malestar" en el Constitucional. En este caso, por las palabras en las que anticipaba que el TC rectificaría la negativa del Supremo a amnistiar la malversación. "Hay tribunales en España que se pronunciarán sobre esto. Espero que lo haga el Tribunal Constitucional y lo único que van a conseguir de esta manera es retrasar la implantación, la implementación de una Ley de Amnistía que es clara, que es terminante y que debería haber puesto punto final a la cuestión judicial que se había suscitado en relación con los hechos de octubre de 2017", afirmó el ministro, dando por sentado que el TC presidido por Cándido Conde-Pumpido corregirá al Supremo. Fuentes del TC lamentaron ayer esas declaraciones concretas y, en general, la "falta de prudencia" de algunos dirigentes políticos, no exclusivamente de Puente. Recordaron igualmente que el tribunal no tiene aún ningún recurso sobre la mesa, por lo que es "precipitado y arriesgado" aventurar el desenlace".

En Vilaweb atisban una posibilidad favorable a Puigdemont al dar cuenta de que el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, acaba su mandato en octubre. Del texto de Josep Casulleras Nualart: "El president de la totpoderosa sala segona del Suprem i els seus magistrats més afins han portat al límit la rebel·lió judicial, perquè saben que és ara o mai: l’amnistia ha arribat al final del regnat de Marchena, que a final d’octubre ha de deixar el càrrec. I això obre també un nou escenari a Puigdemont. Hi haurà una sala penal del Suprem que no serà dirigirà per Marchena, artífex del cop d’estat judicial per a decapitar políticament el moviment independentista. Marchena i Llarena no tenen Puigdemont a les seves mans, i el president sap que d’ací a pocs mesos hi haurà una sala segona diferent, cosa que pot ser cabdal a l’hora de decidir el futur de la trama russa ordida pel jutge Joaquín Aguirre i, fins i tot, a l’hora de tancar l’expedient de l’amnistia inaplicada abans no arribi al Tribunal Constitucional. El fet que el president continuï a l’exili ara mateix en aquest sentit és determinant, perquè pot decidir en llibertat i no sota la coacció d’un empresonament els pròxims passos a fer amb la perspectiva de la fi del regnat de Marchena".

Y: "Marchena acabarà, el 30 d’octubre vinent, el seu segon i darrer mandat de cinc anys com a president de la sala penal del Tribunal Suprem. La llei orgànica del poder judicial estableix una limitació de dos mandats. S’acaba, doncs, una dècada en una posició de molt poder, on ha dirigit la repressió contra l’independentisme coincidint amb els anys del procés que van de la consulta del 9-N del 2014 fins a (la inaplicació de) la llei d’amnistia".

Todos estos episodios tienen un correlato nacional. "Barones del PSOE dan por amortizada a Montero: 'No puede ir a Andalucía tras defender la soberanía fisca'", destaca un titular de Vozpópuli. Escribe Javier Portillo: ""El PSOE apoya y avala el acuerdo entre el PSC y ERC". Cuando la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pronunció el sábado pasado esas palabras en Barcelona, buena parte de su partido, del que es vicesecretaria general, la dio por amortizada políticamente. Al menos, en su tierra. Hasta cuatro baronías socialistas consultadas por Vozpópuli admiten que la política andaluza "tiene muy difícil" volver a Andalucía tras defender el acuerdo que otorga la soberanía fiscal a la Generalitat de Cataluña. "No puede ir a allí tras defender la soberanía fiscal", explica un secretario de organización autonómico. Ninguna de las fuentes consultadas en el PSOE tiene confirmación de que la titular de Hacienda se planteara volver a Andalucía, donde el actual secretario general, Juan Espadas, está cada vez más señalado por su cuestionable desempeño al frente de la federación socialista más grande. Es más, ella misma ha dejado entrever en alguna que otra ocasión que su vida está en Madrid. Pero es cierto que su nombre siempre estuvo encima de la mesa. Y su disposición, siempre al servicio del presidente del Gobierno".

Y: "En cualquier caso, el enfado de los militantes y cargos intermedios del socialismo andaluz con el pacto y con su exconsejera de Hacienda es monumental. El propio Espadas, obligado a no criticarlo abiertamente, ya fue tibio al conocerse cuando advirtió que los andaluces no deben ser menos. Aunque poco después le dio un voto de confianza a la espera de las explicaciones de la cúpula federal de su partido, que aún no se dado detalle alguno".

En El Independiente husmean en los contratos de la televisión autonómica catalana y llegan a desalentadoras conclusiones. "El “tiempo nuevo” no llega a TV3: paga una cantidad millonaria para renovar al 'gran showman independentista'", se titula la pieza que firma Rubén Arranz: "Varios ministros y otros tantos periódicos afines al Ejecutivo han subrayado durante los últimos días que, tras la investidura de Salvador Illa, ha llegado “un tiempo nuevo a Cataluña”. Ese pensamiento será más complicado de materializar en TV3. De hecho, el pasado julio, tan sólo un mes antes del cambio de Gobierno, los gestores de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) decidieron renovar el programa Està Passant, dirigido por Toni Soler y presentado desde hace un año por Òscar Andreu, Jair Dominguez, Natza Farré y Queco Novell. Soler ha sido, sin duda, el cómico más incisivo de la Cataluña del proceso soberanista. Su posición editorial -en programas sarcásticos y humorísticos- ha sido siempre crítica con los partidos constitucionalistas y ha estado alineada con los intereses de los independentistas. Su programa en TV3 -de una línea parecida a El Intermedio, de 'el gran Wyoming'- lo produce su empresa, Minoría Absoluta y a lo largo de los diferentes etapas ha seguido esta filosofía. Por la producción de la nueva temporada 2024/2025 percibirá un total de 1.795.713 euros. Es decir, una cantidad muy similar a la que le correspondió en la anterior (1.789.445), según ha revelado la CCMA".

Y: "Dentro de los registros del grupo público de medios de comunicación, todavía no figura el contrato relacionado con Polònia, que es el otro gran formato que Minoría Absoluta ha realizado durante los últimos años para TV3. Durante la pasada temporada, el presupuesto de este formato fue de 3,5 millones de euros. El contrato mejoró con respecto al año anterior, cuando ascendió a 3,38 millones. Un mero vistazo a las últimas cuentas anuales de 2022 de esta productora -las últimas a las que ha accedido este periódico a través de la plataforma Insight View- permite comprobar la importancia que tienen para la empresa de Soler los contratos que suscribe con la CCMA. De hecho, la mayoría de su facturación procede de esta compañía pública. Los ingresos de Minoría Absoluta durante el citado ejercicio ascendieron a 6,83 millones de euros, frente a los 6,58 que obtuvo en 2021 y los 6,69 de 2020. El beneficio conjunto de esos tres ejercicios fue de 743.190 euros".

13 de agosto, santoral: Hipólito mártir, Antíoco de Lyon, Casiano de Imola, Gertrudis de Altenberg, Ponciano papa, Radegunda de Poitiers y Vigberto de Fritzlar.