Tremenda golpiza sobre el juez de la Audiencia Nacional que instruye el sumario del Tsunami. La periodista de TVE Silvia Intxaurrondo ha difundido a través de la red social X unas declaraciones en las que el magistrado reconoce que cuando ejercía de juez de enlace en Francia mintió a las autoridades de aquel país sobre el paradero de un terrorista corso para forzar una mayor colaboración de los galos con España. Como era de esperar, el independentismo se ha echado encima del juez a saco y sin contemplaciones.

Quieren su cabeza y que decaiga el sumario. Pueden conseguirlo porque en paralelo publica hoy El País en portada que "Un error del juez del 'caso Tsunami' amenaza con anular toda la causa". Un problema de precisión, en concreto de falta de precisión en las fechas para prorrogar el sumario. El texto es de José Manuel Romero y arranca así desde la tapa del citado diario: "El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón firmó fuera del plazo límite legal la primera de las cinco prórrogas de la investigación del caso Tsunami Democràtic. El escrito del magistrado tiene fecha de 30 de julio de 2021 -aunque en él se dice que la prórroga de seis meses comenzará un día antes, el 29 de julio-; sin embargo, la firma electrónica lleva fecha del 2 de agosto. Tres de los imputados han presentado recursos de reforma ante el propio juez y de apelación ante la Sala de lo Penal en los que solicitan la anulación de toda la causa".

En caso de anulación, Puigdemont tendría el camino expedito para regresar a España sin temor a una imputación por terrorismo. Y eso a pesar de que para los fiscales del Tribunal Supremo no cabe duda alguna de que el prófugo era el líder absoluto del Tsunami, el cabecilla "carismático". Puigdemont se carcajea en Waterloo mientras acaricia al gato esfinge que merodea por el casoplón. Y en algunos medios afectos a su causa ponen una foto en la que parece que a Puigdemont le falte un hervor como queriendo decir algo así como ¿de verdad este buen hombre puede ser el autor intelectual de nada?

Siguen entre tanto las negociaciones sobre la ley de amnistía. "El Gobierno asume que hasta que no haya amnistía no habrá Presupuestos", apunta La Razón al respecto. Escribe Rocío Esteban: "El Gobierno se prepara, de nuevo, para una agónica negociación con Junts, aunque con el convencimiento de que, en esta ocasión, la ley de amnistía saldrá adelante el próximo mes de marzo. Este periódico ya informó de que el acuerdo está muy cerca, pero aun así, fuentes gubernamentales creen que el partido de Carles Puigdemont les hará sudar hasta el final. “Van a presionar hasta el final para que el texto se acerque a lo que ellos piden”, reflexiona una fuente al más alto nivel en Moncloa".

Continúa la pieza: "El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así lo reivindicó ayer en una charla informal con periodistas en su viaje a Marruecos, informa Efe. El líder del Ejecutivo defendió que la ley se aprobará “con todas las garantías jurídicas”, en referencia al cuestionamiento sobre si cederá a la pretensión del partido independentista de amnistiar el terrorismo. Algo que fuentes de Moncloa niegan taxativamente".

Y: "El Ejecutivo trabaja a la vez la negociación de los Presupuestos Generales del Estado con todos los grupos parlamentarios, pero, sin embargo, ya asumen que las Cuentas Públicas no serán aprobadas hasta que no esté aprobada la ley de amnistía. “Nunca han condicionado (Junts) los Presupuestos a la amnistía”, resumen en el Gobierno, donde enfatizan que se trata de dos negociaciones distintas y con interlocutores distintos. Es decir, los negociadores de Junts para la amnistía, no son los mismos que están dialogando con el Gobierno los Presupuestos".

Mientras tanto y por si acaso, Junts ya ha puesto en un brete al Parlament con la ILP de la independencia. "La nueva ley de desconexión independentista llama a 'honrar el 1-O'" para liberar la 'nación ocupada de Cataluña'", titula El Mundo. El independentismo irredento vuelve a la retórica sicalíptica e inflamada. La pieza es de Víctor Mondelo: "El proyecto legislativo para declarar unilateralmente la independencia de Cataluña que el martes fue admitido por el Parlament no sólo evoca a los años más duros del procés por estarse tramitando pese a contener preceptos abiertamente inconstitucionales, como advirtieron los letrados de la Cámara, sino por espejarse en el referéndum ilegal de 2017 y las leyes de desconexión y por cimentarse sobre un radical argumentario que presenta a España como un Estado de tintes dictatoriales del que es preciso escapar para garantizar la supervivencia de la «nación» catalana".

Sigue Mondelo: "La «memoria justificativa» de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que el partido extraparlamentario Solidaritat Catalana per la Independència remitió a la Mesa del Parlament para reclamar la admisión a trámite del texto, que acabaría produciéndose gracias al apoyo de Junts, llama a «honrar el 1 de octubre» para «sacar adelante la independencia de Cataluña» y conseguir la «libertad y la plenitud nacional». El documento sostiene que «Cataluña es una nación ocupada» y que «los catalanes forman parte del Estado español no por libre elección, sino por miedo». «El miedo a la represión policial, judicial, mediática, militar o la impunidad del españolismo violento», esgrime. Los proponentes defienden su proyecto de ley como «una oportunidad para enmendar el error de contemporizar con la ocupación de la nación». «Es la adaptación a esta situación la que acaba derivando en el esperpento de la política catalana de los últimos tiempos, que ha perdido toda credibilidad, y que conduce a la degradación de la democracia», añaden, para criticar la apuesta de los principales partidos separatistas catalanes de negociar la celebración de un nuevo referéndum de independencia, en esta ocasión pactado con el Gobierno. (...) Resulta previsible que el secesionismo calque su posicionamiento del martes y que la tramitación de la ILP siga su curso, lo que conduciría a Ciudadanos y Vox a denunciar ante la Justicia a los miembros de la Cámara que facilitaron el ingreso de la norma en el Parlament, según advirtieron ya el martes".

En la crónica no se dice nada del PP, que también forma parte del Parlament.

Otras noticias. "Gobierno y Generalitat chocan por el tope máximo al precio de los alquileres", advierte La Vanguardia sobre un texto que firma Fernando H. Valls: "La limitación del precio de los contratos del alquiler en 140 municipios de Catalunya, incluida Barcelona, se ha encontrado con un escollo de última hora. El Gobierno central y la Generalitat no terminan de ponerse de acuerdo en el índice de precios de referencia al que los arrendadores deberán ceñirse para ofertar sus viviendas en el mercado. El Gobierno estableció febrero como la fecha límite para el acuerdo del índice de precios del alquiler en Catalunya, pero quedan ocho días para que finalice el mes y el entendimiento se resiste. “Sí o sí el índice saldrá en febrero”, señalan fuentes del Ministerio de Vivienda. “Estamos trabajando para que sea así”, añaden. Es decir, recuerdan que el departamento dirigido por Isabel Rodríguez tiene la opción de poder fijar la referencia de precios de forma unilateral, aunque no es la opción deseada. Fuentes de la Generalitat confirman que “no hay acuerdo aún”, aunque muestran su voluntad de alcanzarlo en los próximos días".

Y: "Catalunya será la primera comunidad, y de momento la única, que limitará los precios de la vivienda en régimen de alquiler en determinadas zonas. El camino no está siendo sencillo. A los avatares de la pasada legislatura para aprobar la primera ley estatal de Vivienda se suman las negociaciones de carácter más técnico con la Generalitat que no terminan de desencallarse. En este momento, ambos gobiernos siguen ajustando los rangos a los que deberán adaptarse los alquileres en esos 140 municipios considerados áreas tensionadas. En ellos viven 6,2 millones de ciudadanos, algo más del 80% de Catalunya. Ambas partes, Gobierno central y Generalitat, están de acuerdo en el rango inferior de precios del índice y también en el intermedio, pero en el superior sigue habiendo discrepancias, según fuentes conocedoras de las negociaciones".

Mientras los gobiernos no se ponen de acuerdo, continúa la llegada de ciudadanos extranjeros con sueldos seismileuristas para teletrabajar en Barcelona, tomar caipirinhas, merendar chuletones de vaca vieja y disfrutar de la noche a unos precios sólo para ellos. Y en paralelo, los indígenas se marchan al campo en búsqueda de precios asumibles y una cierta estabilidad. "De la ciudad a lo rural: 70.000 personas saldrán del área de Barcelona en los próximos cinco años", apunta El Periódico. El texto es de Manuel Arenas: "La población que abandona las ciudades de la región metropolitana de Barcelona para migrar hacia áreas rurales es cada vez mayor en Catalunya. Los datos del 2021, los últimos que tiene hasta la fecha estudiados el Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), muestran que el 40,1% de las altas en el padrón que se realizaron en áreas rurales de Catalunya provenían de grandes ciudades, 5 puntos más que en el prepandémico 2019. Aunque el fenómeno es minoritario, la pandemia estabilizó su crecimiento. La tendencia, sumada al saldo migratorio negativo en las grandes ciudades catalanas con respecto a otras zonas de Catalunya, ha llevado al Institut Metròpoli a concluir que, durante los próximos cinco años, unas 70.000 personas migrarán desde áreas urbanas hacia otras semidensas o rurales: unas 51.000 dentro de la misma región metropolitana de Barcelona y otras 18.000 a algún otro municipio del resto de Catalunya".

Y: "La predicción del centro investigador, adscrito al Área Metropolitana de Barcelona (AMB), se desprende del estudio 'Rural i Urbà: migracions, entorn residencial i estructures d’oportunitat', presentado este miércoles 21 de febrero y desarrollado por el propio instituto a encargo del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona (PEMB), la Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) y la Associació Catalana de Municipis (ACM). Uno de los fundamentos del informe, tal y como ha expuesto Sergio Porcel, jefe de Cohesión Urbana del instituto, es la Enquesta de Cohesió Urbana (ECURB) del propio instituto, la cual corrobora que casi la mitad de la población (especialmente familias jóvenes) que abandona la ciudad para ir a vivir a áreas semidensas y rurales lo hace principalmente para mejorar la vivienda y/o del entorno residencial (47,3%), mientras que un 35,4% lo hace por formar un hogar u otros motivos familiares, un 8,1 % por motivos laborales y un 7,5% por motivos económicos o forzados relacionados con la vivienda".

Quienes también se van a tener que ir son los pescadores de la Barceloneta, uno de los últimos reductos de lo que fue Barcelona. "La Copa América quiere expulsar a los pescadores de la Barceloneta para hacer hueco a más veleros", advierte Metrópoli Abierta. Así que no va a quedar sitio en Barcelona más que para los expats pijos, los turistas de altísimo poder adquisitivo y los organizadores de eventos prohibitivos. Escribe Albert Martínez: "Nuevo frente abierto para la Copa América. La competición deportiva ha pactado con la concesionaria del Port Vell la expulsión de los pescadores de la Barceloneta de sus espigones en el Moll del rellotge, con un acuerdo que se ha firmado a espaldas de los casi 50 trabajadores y nueve embarcaciones de pesca de arrastre. El futuro desahucio ha menguado la paciencia de los pescadores, que en una denuncia expuesta en exclusiva a este medio expresan “que nadie les moverá de donde están”. Los trabajadores señalan que se sienten ninguneados por el Port y la Copa América, que les ha comunicado que no tiene presupuestado gastar ni un céntimo en indemnizarlos por el atropello".

Y: "No es el único embate de la Copa América contra los pescadores. Las familias también denuncian, por un lado, que la competición quiere restringir la navegación de los marineros durante los tres meses de competición, lo que supondrá “pérdidas de miles de euros” en sus ya maltrechas arcas. Por otro lado, los pescadores también se lamentan por las afectaciones de la competición en las inmediaciones del puerto. El excesivo control policial, los cortes al tráfico y las restricciones a la movilidad peatonal afectarán a sus ventas. “Las actividades colapsarán el Moll y los compradores no podrán acudir a por pescado de forma adecuada”, aseguran".

En Madrid y sin que sirva de precedente, la amnistía quedó ayer en un segundo plano tras la detención de un exasesor del exministro José Luis Ábalos por trincar comisiones de la compra de mascarillas. El individuo responde al nombre de Koldo (Luis) García y fue consejero de Renfe Mercancías, portero de club de alterne, guardaespaldas de políticos socialistas cuando ETA mataba y aizkolari o cortador de troncos. Un palo para el Gobierno que puede tener amplias afectaciones según la crónica de Pedro Águeda en El Diario: "Una investigación de la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil ha descubierto el primer caso de presunta corrupción en la adquisición de material sanitario durante la pandemia con contratos del Gobierno. Las pesquisas se centran en los 53 millones de euros que el Ministerio de Transportes, el de Interior y las comunidades autónomas de Canarias y Baleares habrían desembolsado, por el procedimiento de urgencia, para adquirir mascarillas a una empresa ajena al sector pero con un presunto contacto que cambió su rumbo: Koldo García, asesor por entonces del ministro José Luis Ábalos y personaje sin cuya trayectoria resulta imposible entender la trama desarticulada".

22 de febrero, santoral: Maximiano de Ravena, Pascasio obispo, Papías y Margarita de Cortona.

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