Cambios en la amnistía y solidaridad por la sequía

Tormentosa celebración institucional del 45 aniversario de la Constitución. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se tiran la Carta Magna a la cabeza. Sánchez alude al incumplimiento del PP al negarse a renovar el Consejo General del Poder Judicial, cuya composición se debería haber modificado hace cinco años. Feijóo arguye que no puede defender la Constitución quien ha pactado con los que pretenden derogarla. Máximo encono. Aún así, Sánchez pretende reunirse con Feijóo antes de que acabe el año para tratar de resolver el bloqueo del Poder Judicial.

Para los independentistas, la Constitución está escrita en arameo o en cualquier otra lengua muerta. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, sostiene que el texto no está a la altura de lo que merecen los catalanes. Jordi Turull, el secretario general de Junts, reprocha que la Carta Magna es una jaula para las aspiraciones catalanas. En ese contexto, se habla de reformar la norma, pero no de qué aspectos más allá del privilegio varonil en la sucesión de la Corona.

A Puigdemont, la Constitución no le suena, aunque Junts pretende que el artículo 92, relativo a la convocatoria de referendos, es una vía practicable para ascender al Everest de la república catalana. "El órdago de Puigdemont: referéndum a la escocesa o reformar una ley orgánica", apunta La Razón sobre un texto que firma Carmen Morodo: "Los pactos del PSOE con los independentistas y la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) fueron el eje sobre el que giró el 45 aniversario de la Constitución, celebrado ayer en el Congreso de los Diputados. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prefirió dirigir la mirada a esto último, y lo hizo con una reivindicación de la Carta Magna que contrasta con la amenaza que representan para la misma los planes de los independentistas catalanes y los nacionalistas vascos, los cuales juegan un papel decisivo en la estabilidad del nuevo Gobierno de coalición".

Sigue el texto líneas después: "Por más que lo nieguen desde La Moncloa, la meta del expresidente de la Generalitat fugado Carles Puigdemont es el referéndum de autodeterminación y en la «mesa» de Ginebra en absoluto ha renunciado a él. En realidad, se siente fuerte y parte de una posición de máximos, la vía Escocia, en la que fue el Gobierno británico -el primer ministro David Cameron- el que llevó la propuesta al Parlamento nacional (hay que tener en cuenta que las atribuciones de los dos ejecutivos, el británico y el español, son distintas). Más allá de las pretensiones del prófugo de la Justicia española, siendo realistas, la vía del artículo 92 de la Constitución española es inviable, por lo que en la «mesa» de negociación de Ginebra los de Junts tendrán que colocar distintos marcos de actuación, y uno de ellos sería la modificación de la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum (que es la vía que en el pasado exploró el PNV)".

Y: "Al Gobierno le urgen hoy dos cuestiones principales, los Presupuestos Generales del Estado y el decreto «escoba» con el que quieren afianzar la imagen de una coalición progresista que ha parado a la derecha, desde la consideración de que esto es suficiente motivo como para justificar todas las cesiones, la amnistía y las «mesas» paralelas de negociación con Puigdemont y Oriol Junqueras, sujetas las dos a un mediador diferente".

La amnistía está en el centro del debate con versiones encontradas. Por ejemplo, en Vozpópuli acusan al Gobierno de ceder en todo y ponerse de hinojos ante los socios catalanes. De ahí, infieren, que el Ejecutivo se abra a introducir cambios "técnicos" en el redactado de la proposición de ley. Escriben Jorge Sáinz y Javier Portillo: "Fuentes del Gobierno aseguran a Vozpópuli que habrá “mejores técnicas” de carácter “menor” en la ley durante su fase de tramitación en el Congreso de los Diputados. Estas fuentes no han precisado de qué modificaciones se trata. Tanto ERC como el partido de Carles Puigdemont habían dejado entrever que plantearían enmiendas al texto original registrado por el PSOE antes de la investidura. Según el Gobierno, estas “mejoras” deberán ser consensuadas para garantizar la mayoría absoluta en la votación definitiva. Estas fuentes precisan además que los cambios serán en el articulado de la norma, que pretende borrar los delitos de centenares de independentistas –políticos y sociedad civil. procesados o condenados por delitos que van desde el terrorismo a la malversación de fondos públicos".

Continúa la nota: "En ese sentido, el Ejecutivo asegura que tiene intención de no tocar una sola coma de la exposición de motivos de la ley. Este preámbulo consta de 52 párrafos que buscan justificar la conveniencia y la legalidad de esta norma, que tanto Sánchez como todos sus ministros sin excepción consideraban inconstitucional y fuera del ordenamiento jurídico antes de necesitar los siete diputados de Puigdemont para formar Gobierno. El entorno del presidente y del ministro de Justicia, Félix Bolaños, han vuelto a defender la constitucionalidad de la propuesta en los habituales corrillos con los medios de comunicación tras el acto del Día de la Constitución en el Congreso de los Diputados".

Con el mismo material de los corrillos en el Congreso tras el acto de la Constitución, El Independiente titula que "El PSOE cierra la puerta a cambios 'sustanciales'" en la ley de amnistía y solo aceptará 'mejoras técnicas'". El texto es de Juanma Romero: ""La ley de amnistía saldrá de su tramitación parlamentaria como ha entrado, no va a tener ninguna enmienda sustancial. Y si hay alguna mejora técnica, la valoraremos". Es la posición del PSOE, del núcleo duro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y es taxativa. La proposición de ley que supondrá el perdón total al procés fue registrada por el PSOE en el Congreso el pasado 13 de noviembre, fue calificada por la Mesa la semana siguiente y la Junta de Portavoces de este último martes fijó para el próximo 12 de diciembre el debate para la toma en consideración de la iniciativa. Ahí arrancará de verdad su tramitación parlamentaria, que podría concluir en la Cámara baja, según calculan los socialistas, a finales de febrero o primeros de marzo, y que a partir de ahí continuaría su camino en el Senado, que apurará, tras la reforma introducida por el PP, los dos meses que la Constitución le concede como máximo para aprobar el texto".

Sigue la pieza: "Será una sendero largo, pero en la cúpula socialista advierten de que la redacción está prácticamente blindada. Ya se acordó con ERC y con Junts, y costó semanas de tira y afloja, y por tanto no se moverá. Ambos partidos podrían registrar enmiendas a la proposición de ley, pero en el PSOE ya dejan claro que solo aceptarán modificaciones que supongan "mejoras técnicas menores", nada más. "Dará igual lo que puedan presentar los grupos -señalaban estas fuentes de máximo nivel durante la recepción en el Congreso por los 45 años de la Constitución-. Este texto, aunque fue registrado solo por nosotros, tiene un consenso de 178 escaños", los que alcanzan PSOE (121), Sumar (ahora, 26), ERC (7), Junts (7), Bildu (6), PNV (5), BNG (1) y también Podemos (5), ya en el Mixto. Es decir, el apoyo de todos los socios de investidura salvo Coalición Canaria (1)".

Y: "El jefe del Ejecutivo es consciente del amplísimo rechazo que genera la medida, de las "dudas y recelos", pero está persuadido de que, como pasó con los indultos, se acabarán digiriendo. Es lógico, expresó, se trata de decisiones, en los dos casos, que representan "una excepción". "Es cuestión de que el tiempo ponga las cosas en su sitio, y eso va a suceder", sostuvo. Recordó que también se decía que los indultos ocasionarían un importante desgaste al PSOE, pero sin embargo eso no ocurrió en las últimas elecciones generales, especialmente en Cataluña, donde logró 19 escaños, más del doble de los que sumaron ERC (7) y Junts (7), y a enorme distancia del segundo, Sumar (7)".

Otras noticias. El Govern ha tenido que rectificar las excusas sobre los desastrosos resultados del informe PISA. La culpa ya no es de los inmigrantes, sino de los pobres. Lo cuenta Júlia Peñascal en El Nacional: "El Departament de Educació ha retrocedido y ha reconocido este miércoles que la muestra del informe PISA en Catalunya era representativa, después de que el Govern atribuyera los malos resultados a una "sobrerrepresentación" del alumnado inmigrante en las pruebas. El secretario de Polítiques Educatives de la Generalitat, Ignasi Garcia Plata, ha contactado con los responsables de PISA y ha descartado las dudas del Ejecutivo catalán sobre la representatividad de la muestra del alumnado. "De las conversaciones se ha clarificado la calidad de la muestra PISA. Las divergencias en la interpretación de la representatividad de la muestra han quedado aclaradas y se han podido descartar todas las dudas sobre la representatividad de la muestra con respecto a la realidad social", ha asegurado Educació en un comunicado".

Sigue la nota: "Según el escrito, Garcia Plata les ha trasladado "la confianza completa en la calidad y el rigor de las pruebas", comprobando que la muestra en Catalunya era representativa. Asimismo, el departamento ha señalado "la limitación actual de los indicadores y estudios" de la Conselleria de Educació y de otras instituciones para entender "más detalladamente la realidad y el incremento de la complejidad, especialmente acusada en Catalunya." En esta línea, en la conversación con PISA han planteado "posibles nuevos análisis y estudios para comprender con más profundidad la población en edad de escolaridad para poder tomar decisiones más ajustadas". (...) Por su parte, la consellera de Educació, Anna Simó, ha reiterado que "no hay excusas" ante los malos resultados del alumnado catalán en las pruebas. "Tenemos un problema que tenemos identificado y estamos trabajando para resolver. Esto va de pobreza infantil y segregación escolar, y este Govern está trabajando como nadie para abordarlo", ha afirmado a través de las redes sociales".

El Govern parece un circo de tres pistas. Se le acumulan los expedientes espinosos y la amenaza cada vez más cercana de las restricciones de agua. En ese contexto, "Mascort apela a la solidaridad territorial para fletar barcos con agua a Barcelona", advierte La Vanguardia, diario que recoge una entrevista al consejero elaborada por la agencia Efe: "El conseller de Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya, David Mascort, ha llamado a la "solidaridad territorial" para poder traer barcos con agua a Barcelona, si fuera necesario en los próximos meses ante la sequía sin precedentes que vive Cataluña. Mascort ha explicado que los barcos con agua es una opción que está sobre la mesa para cuando Catalunya entre en la fase de emergencia, lo que ocurre cuando los pantanos de las cuencas internas llegan al 16 %. Actualmente, el sistema Ter Llobregat, que abastece 202 municipios de Barcelona y parte de Tarragona que albergan unos seis millones de habitantes, está en fase de preemergencia, con las reservas al 18 %".

Continúa la nota: ""Las últimas lluvias han servido para que los pantanos dejen de bajar por primera vez en dos meses, pero ahora mismo soy incapaz de decir cuándo llegaremos al 16 %", algo que también dependerá de si llueve y del consumo: "Intuimos que el consumo de noviembre será bastante inferior al del noviembre pasado", ha augurado el conseller. En todo caso, la opción de los barcos de agua se activaría, con el fin de minimizar el impacto de las severas restricciones, dentro de la fase de emergencia pero no en los primeros compases de la misma, si bien el calendario es una incógnita aún: "No lo sé, pero no preveo que sea en el primer trimestre", ha apuntado Mascort".

Y: "Aunque no haya fecha, ya se está preparando el operativo y, entre las opciones que se barajan está que los barcos atraquen en el Puerto de Barcelona con agua cargada en Murcia, Mallorca o, seguramente una de las más plausibles, desde Tarragona, lo que ha levantado las suspicacias de la Plataforma en Defensa del Ebro, movimiento que fue creado para movilizarse contra la política de trasvases del Gobierno de José María Aznar (PP). "Una solución temporal de uno, dos o tres barcos para llevar agua a vecinos de Barcelona que no tienen agua, ¿de verdad que esto es un drama? Si estuviéramos poniendo tubos para un trasvase entendería la preocupación, pero llevar barcos con agua a gente que no dispone de ella, ¿esto tiene que ser un problema nacional? Debería haber un componente de solidaridad territorial con la gente que lo pasará mal porque no tiene agua", ha expresado Mascort".

Obvio. Sucede que la retórica habitual de la Generalitat no pasa por el capítulo de la solidaridad interterritorial porque eso no cuadra con las ambiciones independentistas.

Más noticias sobre la gestión administrativa. "Las mil y una obras que nadie quiere hacer: la Administración a precios de derribo en Cataluña", apunta El País, que añade en el sumario que "Los contratistas han dejado sin postor 1.037 obras desde 2020 a causa de unos precios de licitación que impedían cubrir costes". Escribe Dani Cordero: "No hace tanto tiempo que las administraciones públicas estaban bajo el foco por un uso exagerado de las bajas temerarias en la obra pública, trabajos que se adjudicaban por un precio tan bajo que era difícil cumplir y obligaba posteriormente a hacer modificados. Desde hace un par de años, al calor del encarecimiento de las materias primas y de la energía, sucede lo contrario. Los contratistas evitan participar en los concursos dados los bajos importes con los que en ocasiones los licitan las administraciones, inferiores a lo que suponen que les costarían. No son uno ni dos o tres. Desde enero de 2021 van más de mil (1.037), según los datos de la Cámara de Contratistas de Obras de Cataluña (CCOC). El punto más crítico se produjo en la primera mitad de 2023, cuando entre abril y junio se alcanzaron las 221 obras desiertas. En total, el volumen de obra afectado alcanza los 392 millones de euros".

Continúa Cordero: "La principal obra desierta durante este año es del Ayuntamiento de Viladecans: una cesión de parte de un solar para la construcción de oficinas. Estaba valorado en 15,6 millones de euros. Le seguía unas obras de la Paeria de Lleida para construir y explotar una residencia de ancianos y un centro de día por un importe de 14,55 millones. Pero las obras sin postor alcanzar a renovaciones de vías del metro de Barcelona, renovaciones parciales en las cocheras de TMB o la adecuación del pavimento de la zona aire del aeropuerto de El Prat. La cuestión es que el problema alcanza a todo tipo de obras. Puede ser una de 30 millones de euros en unas obras de Ferrocarrils de la Generalitat en Sabadell (solventada gracias a una cláusula que introdujo la contratista de una obra relacionada) o una menor, como la construcción de seis silos para compostaje en la Seu d’Urgell por un importe de casi 440.000 euros. Son solo dos ejemplos. Y, aunque algunas administraciones son más reincidentes que otras, las dificultades de los precios son compartidas por cualquiera de ellas, municipales, autonómica o también estatal o empresas semipúblicas como Aena o el Consorcio de la Zona Franca. En algunos casos incluso se da el caso de la reincidencia, obras licitadas de nuevo que siguen sin contar con un precio acorde a las condiciones requeridas por las constructoras. “Para que una empresa renuncie a una obra, se lo tiene que pensar mucho: tiene que haber mucha diferencia entre el precio del coste y el que está dispuesto a pagar la Administración”, explica el presidente de la CCOC, Lluís Moreno. La patronal considera que el problema de las obras desiertas se está enquistando por la inestabilidad de los precios y la falta de un mecanismo capaz de adaptarlos. Y denuncia que cada vez hay más casos en los que apenas una o dos empresas se presentan a una adjudicación (representan casi el 45% de los casos). Son esos los concursos con más opciones de entrar en la fiscalización de la Comisión Europea por el riesgo de amaños entre empresas, que la CNMC ya ha aflorado".

7 de diciembre, santoral: Ambrosio de Milán, Agatón, Antenodoro, Eutiquiano papa y mártir, Fara, Juan el Silencioso, María Josefa Roselló, Martín abad, Sabino, Teodoro mártir y Urbano obispo.