Una ley sin 'lawfare' y la mirada de Europa

Continúa el mambo. El PP se echa a la calle en toda España contra el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez. Estado de bronca permanente, mezcla de agitación y desesperación. La política se ha salido de los cauces institucionales, advierten los socialistas. La ley de amnistía entrará previsiblemente esta mañana en el registro del Congreso de los Diputados. Se advierte en El Mundo que en la proposición no hay atisbo del término lawfare, esa "guerra judicial" contra el independentismo, rendija por la que se quieren colar entre otros la ínclita Laura Borràs y el abogado Gonzalo Boye.

Prosigue la interpretación a la carta del pacto mientras PP y Vox, anuncian más movilizaciones y se especula con una huelga general política. Es una herramienta extraña para las derechas. Décima noche de movilización frente a Ferraz. Se ha pasado de la bronca a rezar el rosario. Por primera vez no se registran incidentes. Los embozados están de resaca.

En el antedicho medio, El Mundo, Esteban Urreiztieta traza la crónica de las próximas horas. "El PSOE diluye el alcance de los acuerdos con los independentistas en medio de las protestas en la calle: 'Son un ya veremos, todo está en el aire'", se titula su pieza. En uno de los sumarios destaca que "El término lawfare no figura en la ley de amnistía". De su texto: "«Los pactos son un ya veremos. Todo está en el aire», exponen fuentes socialistas cuando se les pregunta por los detalles rubricados con Junts o el PNV, que recogen temas como el lawfare, abrir el debate sobre un referéndum o un pacto fiscal, incluso la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. El mayor desgaste para los socialistas es la firma con el partido de Carles Puigdemont, partiendo de la base de que el PSOE defiende ahora una amnistía que hace cuatro meses decía que era inconstitucional. «Venimos de posiciones tan distantes que hemos tenido que decir: 'Estamos en desacuerdo en esto y estamos de acuerdo en que tenemos que seguir hablando'. Es un acuerdo en ese sentido, que todo lo deja en el aire», desgranan fuentes conocedoras de la negociación. Santos Cerdán (PSOE) y Jordi Turull (Junts) firmaron el pasado 9 de noviembre un acuerdo político tras meses de reuniones secretas dentro y fuera de España, mensajes y videollamadas encriptadas. «La ley de amnistía está acordada», dijo entonces el número tres socialista. Sin embargo, la negociación se ha prolongado durante este fin de semana en torno a la redacción del primer párrafo, relativo al perímetro del perdón y la exigencia de Puigdemont de quedar blindado tras su imputación por terrorismo decidida por el juez Manuel García Castellón".

Sigue la nota: "«La ley está cerrada. Queda algún tema menor que no va a ser problemático», exponían fuentes de la negociación este fin de semana. «El perímetro va a ser la gente que está, que tiene causas pendientes por el proceso soberanista, ni más ni menos», concretaban fuentes socialistas. Sin embargo, desde Junts, a última hora del domingo, se apuntaba a que la redacción sobre el lawfare y el blindaje de Puigdemont seguían sin cerrarse. Los socialistas seguían siendo reacios a las propuestas de los nacionalistas. El acuerdo político cerrado entre el PSOE y Junts sí recoge el término lawfare, en el marco de una redacción enrevesada y casi ininteligible. «Las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía, en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas»".

Y: "Una exposición que en un hecho insólito provocó una cascada de comunicados conjuntos de todas las asociaciones e instancias judiciales en contra del pacto. Los socialistas reconocen una redacción desacertada -«quizás no esté del todo bien escrito»-, pero las fuentes consultadas exponen que lejos de ser un error, es parte de la estrategia o de la situación. «Hay veces que no te pones de acuerdo porque una parte quiere una cosa y otra parte quiere la contraria. Entonces tienes que buscar un texto que sea complejo y que todo el mundo se sienta relativamente cómodo y relativamente incómodo». Entonces, ¿incluye la amnistía los casos de lawfare? «Nada. Se está partiendo de una premisa que no es así. No se va a afectar la separación de poderes. Evidentemente, las comisiones de investigación parlamentarias no van a revisar condenas. Este es un tema que no tiene más recorrido», responden desde el PSOE ante la alarma y la crítica que ha despertado su pacto con Junts. Desde la formación nacionalista concretan que ellos exigieron este término en el pacto político, pero no en la ley de amnistía, porque si no sería tumbada. Por tanto, el término lawfare no aparecerá en la norma, aunque sí una redacción que evoque ese concepto".

En cuanto al domingo en las calles, el PP trata de explotar el cabreo de parte de la ciudadanía. El enredo es tan grande que hay quien no repara en que se están utilizando los eslóganes del más puro e irredento independentismo. Aquello de que esto no va de siglas sino de democracia. Y aún peor, que Europa nos mira. "El PP se jacta de movilizar dos millones de personas contra la amnistía: 'Europa nos mira'", titula El Independiente, que añade en un subtítulo que "Génova se sigue aferrando a la baza de la UE para parar a Pedro Sánchez". Europa, eso. La misma que dio la espalda al independentismo en octubre de 2017. Y la misma, por contra, que ha negado la extradición de Puigdemont mientras pasa el caso del TJUE al TGUE y vuelta a empezar.

El texto del referido El Independiente es de Cristina de la Hoz y arranca así: "En dos millones de personas estima el PP su capacidad de movilización en todos los rincones de España este pasado domingo en contra de la amnistía, la mitad de esa cifra sólo en Madrid, aunque la delegación de Gobierno lo rebaja a 80.000. Pero al margen de la guerra de cifras, el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, ha demostrado capacidad para sacar a los ciudadanos a la calle con un llamamiento a la transversalidad con el que ha intentado ir más allá de las siglas. Son conscientes en todo caso los populares de que, sin un escenario electoral en el horizonte próximo, las concentraciones están llamadas a la melancolía, puesto que "no van a servir de nada con un presidente del Gobierno sin límites". A lo sumo invitar "a que el PSOE abra una reflexión" sobre las cesiones hechas a Junts y a ERC asumiendo el relato de los independentistas en el procés y concediendo la amnistía en una futura ley que vendrá a asumir la legitimidad de todo lo ocurrido en 2017 y 2019 en Cataluña".

Sigue De La Hoz: "Eso sí, queda la baza de la UE, que no es menor. "Que Europa vea lo que ha pasado aquí", invitan fuentes de la dirección popular para recordar a continuación que todo esto ocurre mientras Sánchez es presidente de turno de la Unión. De hecho, algunos de sus compañeros de la Internacional Socialista, como el canciller alemán Olaf Scholz, lo pudieron comprobar este sábado en Málaga cuando un grupo de ciudadanos se manifestaron a las puertas del recinto donde se reunió con Sánchez. Además hay una carta del comisario europeo de Justicia, el liberal Didier Reynders, que ya ha pedido explicaciones sobre dicha reforma legislativa. Quizá esa sea una de las pocas balas en la recámara del PP, que Europa alce la voz contra una medida que perdona incluso delitos de malversación de fondos públicos y otros que pusieron en riesgo la seguridad de los ciudadanos, como fueron las constantes y repetidas acciones violentas e intimidatorias de los CDR y de Tsunami Democrático mientras el entonces presidente de la Generalitat, Quim torra, les animaba a "apretar". Lo de este domingo retrata "un clamor social sin precedentes", analizan en Génova, donde apuestan por una respuesta "categórica y continuada" que vivirá su próximo episodio el sábado 18 en una gran manifestación en Madrid convocada por distintas organizaciones de la sociedad civil. Para entonces lo más probable es que Sánchez ya haya sido investido presidente del Gobierno con los votos de todo el independentismo, incluido el conservador y el más supremacista".

Al hilo de las movilizaciones, Enric Juliana escribe en La Vanguardia que "cuando oyó la consigna “huelga general”, el orador frenó. Núñez Feijóo juega estos días a apurar el margen que puede permitirse un partido plenamente inscrito en la institucionalidad europea. Isabel Díaz Ayuso empuja para traspasar verbalmente ese límite, a ver qué pasa. Hay pasión Milei en algunos ámbitos de la política madrileña. La derecha ha puesto en marcha una espectral dinámica HNP (Huelga Nacional Política). Manifiestos por arriba contra el pacto de investidura (jueces, fiscales, abogados del Estado, inspectores de Hacienda, inspectores de Trabajo, asociaciones de la Guardia Civil, colegios profesionales, bufetes de abogados de Madrid) y plazas llenas por abajo, muy especialmente en Madrid y Sevilla. Máxima tensión sostenida en el tiempo para tumbar al futuro gobierno cuando sea posible".

Y: "La derecha ha redescubierto, en sentido inverso, de arriba a abajo, la Huelga Nacional Política que Santiago Carrillo y Fernando Claudín no lograron llevar a cabo. Pero hay algo en el interior de esa analogía que no deberíamos olvidar: La libertad consiste en poder convocar manifestaciones para tratar de traidor y pedir prisión para un político que está a punto de revalidar una legítima mayoría parlamentaria. La dictadura consistía en apalear, torturar y encarcelar a quienes protestaban contra un Gobierno verdaderamente ilegítimo".

En El Diario enchufan las luces largas para este titular: "El calendario de la amnistía liga a Junts al pacto con Sánchez mucho más allá de la investidura". En el sumario añaden que "Carles Puigdemont necesita sostener el Gobierno al menos hasta que la medida de olvido penal se aplique, lo que podría tardar meses e incluso más de un año, a la vez que tratará de que la nueva mesa acordada funcione". La crónica viene con las firmas de Arturo Puente y Oriol Solé Altimira: "“La duración de la legislatura dependerá de los acuerdos. Si no hay avances, Pedro Sánchez no tendrá los votos de Junts”. Con estas palabras sacaba pecho el pasado viernes el secretario general de Junts, Jordi Turull, que advertía de que la estabilidad del Gobierno descansa ahora en su partido. Sin embargo, la idea de que el independentismo pueda retirar el apoyo al Ejecutivo de Sánchez a corto plazo es poco creíble si se tiene en cuenta que la amnistía no llegará con la investidura y que, al contrario, sus efectos pueden no materializarse hasta bien entrada la legislatura. Tanto ERC como Junts necesitan un gobierno favorable a la medida del olvido penal al menos hasta que los respectivos líderes sobre los que aún penden juicios, en especial Carles Puigdemont y Marta Rovira, queden efectivamente exonerados y puedan volver a Catalunya. Cosa que no será ni mucho menos inminente".

Continúa el texto: "Aunque los plazos parlamentarios no son exactos, fuentes jurídicas explican que por rápido que vaya el Congreso, una proposición de ley de amnistía como la que está prevista que se registre este lunes puede tardar, acelerando al máximo, en torno a las 10 semanas en superar los trámites necesarios hasta su debate en pleno. A esto hay que sumarle el periplo por el Senado, con una mayoría del PP que no puede vetar pero sí dilatar al máximo los plazos, más aún si sale adelante la modificación del reglamento que la Cámara Alta prepara para este fin. Y, por si todo eso fuera poco, debe tenerse en cuenta que enero es un mes inhábil en el calendario parlamentario, por lo que nada se avanzará durante ese periodo. Pero, además, una vez la ley llegue al BOE, algo que ya pasaría con la legislatura bien rodada, habrá recursos contra la norma, que podrían venir del ámbito político pero también del judicial. Y, en todos los casos, para los partidarios de la amnistía será absolutamente crucial tener una Abogacía del Estado a favor de sus intereses y una Fiscalía al menos no opuesta a la aplicación de la amnistía, que en última instancia corresponde a los tribunales. Por todo eso, unas elecciones generales o un cambio de gobierno en medio de este proceso podría dar al traste bien con la ley o bien con su aplicación extensa".

De modo que la cosa va para largo. En el entretanto, los afiliados de Junts aprobaron de manera holgada el acuerdo de investidura, según recoge la información de Júlia Peñascal en El Nacional: "La militancia de Junts ha ratificado el pacto con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez. El 86,16% de los afiliados a la formación ha dado el visto bueno al pacto alcanzado con los socialistas en una consulta que ha durado todo el fin de semana, y en la que ha participado el 67% de la militancia. De esta manera, el acuerdo anunciado desde Bruselas ya cuenta con todos los avales dentro del partido, después de recibir también la validación unánime de la Ejecutiva, y Pedro Sánchez ya tiene confirmados todos los votos para una investidura en el Congreso de los Diputados".

Y: "Durante este fin de semana, la militancia de Junts ha podido ratificar el acuerdo con el PSOE para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Hay quien ha hecho público su voto, como es el caso de la presidenta del Parlament, Anna Erra. ""Sí" al acuerdo que abre una negociación inédita con el Estado para resolver el conflicto político y que incluye reconocimiento nacional, negociación de un referéndum y mecanismos de verificación. Con la voluntad del pueblo", ha compartido a través de las redes sociales. También ha votado a favor del pacto con los socialistas Xavier Trias, que ha defendido que abre "un camino que nos tiene que permitir avanzar en la resolución del conflicto histórico con España". Finalmente, un 86,16% de la militancia ha ratificado el acuerdo, mientras que un 13,83% ha votado en contra y un 0,01% se ha abstenido".

Hoy se presentará la ley de amnistía y el viernes arrancará el juicio en el Tribunal de Cuentas, según destaca Ricardo Coarasa en La Razón: "Con la proposición de ley de amnistía ya en el horno –se espera que el PSOE y sus socios la registren en el Congreso en las próximas horas–, Carles Puigdemont afrontará el próximo viernes –al igual que una treintena de ex altos cargos de la Generalitat– su primer juicio por el «procés» con el «comodín» de la medida de gracia, que previsiblemente incluirá también este proceso contable por el supuesto desvío de más de tres millones de euros de fondos públicos para la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 –que precipitó la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña y el cese en bloque del Ejecutivo de Puigdemont– y la promoción en el extranjero del proceso soberanista a través de Diplocat".

Sigue Coarasa: "Aunque el expresident intentó frenar el juicio –y probablemente lo volverá a hacer una vez arranque la tramitación parlamentaria–, el tribunal desestimó sus argumentos, que incidían en que no puede responder por ese supuesto desvío de fondos cuando está siendo investigado por los mismos hechos en el Tribunal Supremo, donde aún permanece abierta la causa contra él y el resto de fugados desde que optaran por refugiarse en Bruselas en 2017. Al contrario que en la jurisdicción penal, la asistencia de los encausados no es necesaria en la vista oral, pero Puigdemont está llamado a declarar porque así lo solicitó la defensa de otro de los demandados, su antecesor al frente de la Generalitat Artur Mas. Puigdemont, Mas y el resto de encausados –entre ellos el líder de ERC, Oriol Junqueras, exconsellers como Raül Romeva y Jordi Turull y los fugados Tobni Comín y Lluís Puig– tuvieron que hacer frente a voluminosas fianzas antes de que acudiera al rescate la Generalitat de Cataluña con un aval de 5,4 millones de euros del Fondo Complementario de Riesgos. Un aval que inicialmente el Tribunal de Cuentas rechazó pero que finalmente admitió en febrero del pasado año tras la renovación del organismo que plasmó una mayoría progresista en la Sección de Enjuiciamiento del organismo fiscalizador".

Todas estas movidas tienen un impacto local. "El acuerdo de Trias con Collboni, más cerca tras la investidura de Sánchez", apunta Metrópoli Abierta sobre un texto de Manel Manchón: "“Es Jaume Collboni quien debe decidir”. Es la frase que repiten los dirigentes de JxCat en Barcelona, y, principalmente, Xavier Trias, que entiende que el PSC, si quiere de verdad “un cambio en la ciudad”, debe demostrarlo con una negociación a fondo con su grupo municipal. La aproximación se ha alcanzado, con medidas como la aprobación de la ordenanza de terrazas. Y ahora, tras el acuerdo de JxCat con el PSOE, para facilitar la investidura de Pedro Sánchez, el pacto en Barcelona está más cerca. Pero hay, todavía, muchas dudas".

Sigue Manchón: "Collboni ha reiterado y defiende que Barcelona votó en las pasadas elecciones municipales del mes de mayo por un pacto de izquierdas. Señala una y otra vez que ese es su deseo. Interpreta, sin embargo, un acuerdo distinto al del anterior mandato, con los comunes en una posición secundaria, con políticas distintas, más proclives al diálogo con los principales sectores económicos de la ciudad. Lo que Collboni espera es la nueva posición del partido de Ada Colau, y los próximos pasos de la ex alcaldesa. La posición de Trias ha sido en las últimas semanas ambivalente. Aunque se muestra una disposición a ese acuerdo, también se quiere presentar batalla, porque el malestar es todavía enorme por la forma en la que Collboni accedió a la alcaldía. En el seno del grupo municipal existen diferencias sobre qué hacer con los socialistas. Pesa, sin embargo, la idea de Trias de buscar algún tipo de acomodo, con la entrada en el equipo de gobierno. Y esa posibilidad, de hecho, es un problema para Collboni".

13 de noviembre, santoral: Diego de Alcalá, Abón de Fleury, Bricio de Tours, Calixto Caravario, Dalmacio de Rodez, Himerio de Susingen, Homobono, Leoniano de Vienne, Luis Versiglia, Maxelendis de Cambrai, Mitrio de Aix-en-Provence, Nicolas I papa y Quinciano de Auvernia.