Alberto Núñez Feijóo en el Círculo de economía
Estrasburgo, la amnistía y Feijóo contra la burguesía
La actualidad en España aún se alimenta con los "hechos" de octubre de 2017. Seis años después de la intentona secesionista, los coletazos judiciales impregnan de un cierto dramatismo la vida política nacional. El último de dichos coletazos, la admisión a trámite por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de los recursos por los nueve condenados en el Tribunal Supremo por sedición. Y si algo ha demostrado el independentismo es su capacidad para convertir un movimiento de papeles judicial en una gran victoria para la causa. He ahí, por ejemplo, las iniciativas vinculadas a organismos remotamente relacionados con las Naciones Unidas que los medios afectos han vendido como si el concierto entero de los países señalara a España como la última dictadura medieval en el orbe civilizado.
La admisión a trámite en el TEDH coincide con el intenso debate sobre la amnistía, lo que da pie a La Vanguardia a subrayar la coincidencia y ha suscitado el optimista entusiasmo de los condenados y de quienes se dieron a la fuga. A pesar de medidas de gracia como los indultos o el propio debate sobre la amnistía, el secesionismo insiste en que España no es una democracia homologable y que su justicia se parece a la Justicia lo mismo que un huevo a una castaña.
En la citada La Vanguardia firma la crónica sobre el caso Carlota Guindal: "El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha admitido a trámite los recursos de los nueve presos del procés, condenados en octubre del 2019 por sedición por la organización del referéndum del 1-O, lo que abre la vía para que este tribunal, cuya función es velar por el respeto de los derechos humanos en los procesos judiciales, entre a valorar si los líderes independentistas, entre los que se encuentra el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, tuvieron un juicio justo en el Tribunal Supremo (TS) y por el que acabaron siendo condenados a penas de hasta 13 años de prisión".
La Vanguardia 23 septiembre
Sigue Guindal: "El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, deberá pronunciarse, puesto que los servicios jurídicos del Estado tendrán que posicionarse sobre la legalidad y proporcionalidad del proceso judicial abierto en el Supremo, y que ya ha sido avalado por el Tribunal Constitucional. Y es que el tribunal con sede en Estrasburgo ha fijado una batería de preguntas que deben contestar las partes antes del 12 de enero. Entre otras cuestiones, el TEDH pregunta a España si el TS hizo una aplicación extensiva del delito de sedición contrario al Convenio de Derechos Humanos y si los condenados lo fueron por ejercer su legítimo derecho a la libertad de asociación y expresión. También plantea si el TS vulneró el derecho de defensa de los condenados, por haber sido sentenciados sin pruebas y sin habérseles facilitado el acceso del sumario durante el proceso".
Y: "Los dirigentes independentistas, entre otros aspectos, alegaron ante el TEDH que han visto vulnerados sus derechos de libertad de expresión y de reunión. Entre sus argumentos, los recurrentes sostienen que la justicia española vulneró sus derechos políticos al negarles poder participar en la campaña electoral de diciembre del 2017; o no poder participar en la actividad ordinaria del Parlament al estar procesados por rebelión, delito que implica violencia y que quedó descartado en la sentencia, y en consecuencia quedar suspendidos y perder sus actas de diputados. (...) La decisión del TEDH llega en un momento clave. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lleva años trabajando para rebajar las tensiones y por el reencuentro en Catalunya y en este marco aprobó en junio del 2021 los indultos a los nueve líderes independentistas que se encontraban en prisión tras la condena por sedición. Fue un indulto parcial y se evitó librarles de la inhabilitación lo que les está impidiendo participar en la vida política. En aquel entonces se descartó la amnistía al ser una opción con ciertas dudas de inconstitucionalidad, tal y como se reconocía entonces desde el Ministerio de Justicia, dirigido en aquel momento por Juan Carlos Campo".
Por su parte, "El Supremo espera la ley de amnistía para activar una "reacción", advierte La Razón. De modo que los magistrados que condenaron a los políticos nacionalistas no piensan quedarse de brazos cruzados, según explica Ricardo Coarasa: "A medida que la aprobación de una ley de amnistía al independentismo por el procés va cogiendo forma –los partidos soberanistas lo dan por descontado y Pedro Sánchez le abre la puerta de manera inequívoca–, el foco se va desplazando inevitablemente hacia los tribunales que tendrán que ejecutarla acordando el archivo de todos los procedimientos vinculados al desafío separatista de 2017 en Cataluña, con el Tribunal Supremo (TS) a la cabeza. En la cúspide de la magistratura han asumido que la amnistía se producirá y solo están a la espera de conocer el contenido de la proposición de ley que está pergeñando el PSOE para activar una "fórmula de reacción", aseguran fuentes del alto tribunal, que pasa por plantear ante el Tribunal Constitucional (TC), "si procede", una cuestión de inconstitucionalidad o incluso por llevar la cuestión a la Justicia europea a través de una cuestión prejudicial para que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie. En este segundo caso, añaden esas mismas fuentes, el Supremo incidiría en los reparos de la Comisión Europea a las rebajas de pena del delito de malversación (aprobadas en la reforma penal que derogó la sedición por la que fueron condenados los principales líderes del procés)".
La Razón 23 septiembre
Continúa la pieza: "Con la cautela propia a la que obliga el desconocimiento del texto definitivo, sí anticipan que el encaje constitucional de la medida «no existe, no es posible». Y tomando como referencia la proposición de ley de ERC y Junts que el Congreso rechazó en 2021 –que fijaba los efectos de la amnistía desde enero de 2013, imponía la devolución de las fianzas y fijaba un plazo de dos meses para aplicarla–, su dictamen es concluyente: "Si es algo parecido, por supuestísimo que eso no tiene encaje y buscaremos una fórmula de reacción". Una vez planteada esa más que posible cuestión de inconstitucionalidad por el instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, la aplicación de la amnistía (con el consiguiente archivo de las actuaciones respecto a todos los encausados, condenados o no) quedaría en suspenso hasta que el TC se pronunciase sobre la constitucionalidad de la medida".
Mientras tanto, la política sigue su alterado y sinuoso curso. Alberto Núñez Feijóo prepara la sesión de investidura como primer acto de su papel de líder de la oposición. "Feijóo lanzará en el 24-S 'la revuelta de la España de la igualdad' contra 'la izquierda que privilegia a la burguesía política catalana'", según titular de El Mundo. Rimbombantes propósitos los del líder del PP. Juanma Lamet es quien suscribe la información: "España no está a la venta". Con esa frase está calentando el PP su gran acto del domingo en Madrid, concebido como preludio de la sesión de investidura y ahora convertido en un plante callejero contra la posible amnistía. "Frente a la amnistía, igualdad", rezan los flyers que ha preparado el PP para publicitar el mitin, que tendrá lugar en la Plaza de Felipe II, a las 12.00 horas. A la cita acudirán los 11 barones y los dos ex presidentes populares, Aznar y Rajoy, que protagonizarán sendos discursos. Además, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida dirán unas palabras a modo de saludo. Todo ello enfocado a arropar a un Alberto Núñez Feijóo que comenzará con este acto una nueva estrategia de choque ideológico contra Pedro Sánchez. No sólo para denunciar el posible borrón y cuenta nueva de los delitos del procés, sino, también, para tratar de dificultar al máximo los acuerdos del PSOE con el independentismo y forzar así la repetición de elecciones".
El Mundo 23 septiembre
Continúa la nota: "Feijóo pisará el acelerador contra Sánchez a sólo 48 horas de su propia sesión de investidura. El PP ya da por perdida La Moncloa, pero quiere evidenciar que es mejor «una derrota honrosa» que gobernar a costa de cercenar la igualdad de todos los españoles, según donde vivan. "Vamos a capitalizar la revuelta de la España de la igualdad, vamos a liderar la revuelta de la España que no quiere privilegios", señalan a este diario fuentes de la dirección nacional de los populares. "Le vamos a arrebatar a la izquierda el valor de la igualdad, porque la izquierda está empeñada en que la casta política catalana tenga un privilegio mayor que un agricultor de Extremadura", ejemplifican en el equipo de Feijóo. Lo cierto es que el presidente del PP va a poner a prueba su liderazgo tanto en esta convocatoria en la calle como en su discurso de investidura. De lo que diga en ambos escenarios -y de cómo lo diga- dependerá el devenir de su labor de oposición. Quiere marcar a la vez un tono beligerante (el domingo) y propositivo e "institucional" (el martes, donde también será crítico). Y cree que las palabras de Sánchez abriendo la puerta a la amnistía -"a crisis política nunca tuvo que derivar en la justicia"- le permiten sublimar el "modo oposición" en un momento en el que, en puridad, le toca a él desgranar sus planes, más que criticar los del presidente en funciones".
La contraparte, por su lado, se prepara para una legislatura que pretende completa. "El PSOE reclama al independentismo un pacto para toda la legislatura y ya prepara los Presupuestos de 2024", afirma El Diario. Escriben José Enrique
Monrosi y Arturo Puente: "En la negociación para la reelección de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, el PSOE exige a sus potenciales socios parlamentarios garantizar la estabilidad de otro mandato de cuatro años con, al menos, la aprobación de tres Presupuestos Generales del Estado. Y con ese horizonte los socialistas, vía ministerio de Hacienda, trabajan ya en la elaboración de las cuentas para el próximo año. Las negociaciones entre los de Sánchez y los partidos cuyo apoyo resulta imprescindible se han desarrollado desde hace semanas alejadas de los focos, mientras Alberto Núñez Feijóo afrontaba el largo mes como candidato a una investidura sin opciones. Y, aunque según todas las fuentes consultadas, esas negociaciones aún se encuentran lejos de su fase final, ya hay elementos muy concretos que han sido fijados de antemano por cada una de las partes. Uno de ellos, la demanda del PSOE de un acuerdo a cuatro años vista blindado de futuras turbulencias políticas en el seno de la propia política catalana, con elecciones autonómicas previstas en 2025".
Sigue la pieza: "Hay partidos que no solo han aceptado de buen grado esa demanda sino que la han hecho suya, como el PNV. "Queremos hablar de la investidura y de la legislatura", dijo esta semana el presidente de los nacionalistas vascos, Andoni Ortuzar, que añadió: "Me da la sensación de que Junts también quiere hablar de legislatura". Los de Ortuzar, que han estado recientemente reunidos con Carles Puigdemont, gozan de una reconocida ascendencia respecto al independentismo catalán, en general, y respecto a Junts, en particular. Y esa influencia también sirve de baza al Partido Socialista en una negociación compleja como pocas. Por esa dificultad, los contactos del PSOE son especialmente intensos y constantes con Junts. Para obtener sus siete votos en el Congreso, Sánchez necesita que el expresident Carles Puigdemont, reclamado por la justicia española por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la posterior declaración de independencia, afronte un viraje personal y político de primer orden que le lleve a pasar del bloqueo a la negociación y de la ruptura, a la colaboración en la gobernabilidad del estado. Y por eso todo el mundo en Ferraz se anda con pies de plomo antes de dar nada por hecho. Asumido el camino de la amnistía, los socialistas requieren a sus interlocutores que dicha senda, no exenta de riesgos y que será a buen seguro turbulenta para el PSOE, no se transite en ningún caso en mitad de un ambiente de intento de humillación por ninguna de las dos partes. Con esa premisa el PSOE reclama que desde el seno del independentismo catalán también se produzcan pasos equiparables al de la dimensión que se dispone a dar Pedro Sánchez. Es decir, que de una manera más o menos explícita, la amnistía se vea correspondida con un posicionamiento público de Carles Puigdemont en el que destierre cualquier atisbo de unilateralidad".
El independentismo trata de aparentar unidad y fortaleza. Marta Lasalas explica en una crónica de El Nacional que "las entidades independentistas intentan exhibir una imagen de unidad y espolear a los partidos políticos justo cuando consideran que el Estado español se encuentra "en el momento de mayor debilidad de su historia", según aseguran. Con este objetivo han convocado un acto unitario el próximo 1 de octubre en la plaza Catalunya de Barcelona. Los partidos y las instituciones están invitados a asistir, pero solo intervendrán los máximos representantes de cada una de las cinco organizaciones convocantes, entre los cuales el president en el exilio, Carles Puigdemont, en su condición de presidente del Consell de la República. El lema del acto será Defendemos el 1-O: Independencia, autodeterminación y amnistía".
Hay un pero. "El último ‘gran acto’ de la ANC: moviliza a 30 personas en su protesta en el encuentro de ministros de Transportes de la UE", según titula Crónica Global. La nota viene con la firma de Noelia Carceller: "La ANC ha recibido este viernes un nuevo baño de realidad sobre el apoyo real que tiene en las calles. La organización independentista solo ha sido capaz de convocar a una treintena de personas en una manifestación a las puertas del recinto modernista de Sant Pau en Barcelona, donde se celebraba una reunión de los ministros de Transportes europeos en el marco de la presidencia española de la Unión Europea (UE). Los radicales se han quedado en avenida Gaudí, ya que el despliegue policial les ha impedido acercarse más al edificio histórico. Ha sido una protesta deslucida que tampoco ha afectado a la circulación de las calles colindantes con este equipamiento del barrio del Eixample en hora punta, ya que los de Dolors Feliu habían convocado a sus bases a las 8.30 horas de la mañana".
Y: "A duras penas han podido desplegar una bandera estelada de gran tamaño que ha llamado más la atención a los vecinos de esta parte del barrio que a los que han participado en el encuentro. Cabe tener en cuenta que se trataba de una "reunión informal" y que la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de que tuviera lugar a Barcelona se debe entender como un gesto para que el Estado tenga presencia en la ciudad. La treintena de concentrados han estado casi una hora frente al recinto modernista y, al final, han recogido las banderas y pancartas y han abandonado el lugar, donde transcurría el encuentro a puerta cerrada. Según la organización radical, la “acción” ha servido para “denunciar la falta de financiación de las infraestructuras ferroviarias" además de recordar a Europa que "Cataluña no es España".
Claro, y que las calles serán siempre nuestras y tal.
Fiestas locales. "Najat el Hachmi celebra Barcelona como la ciudad de la libertad pero avisa: "Hay mujeres y niñas que sufren", apunta El País, que abunda en el sumario que "La escritora y columnista lamenta que "defender derechos fundamentales" o "señalar las injusticias" en Barcelona sea "polémico o conflictivo". El texto es de Clara Blanchar y arranca así: "Najat el Hachmi ha celebrado este viernes en el pregón de La Mercè, la fiesta mayor de Barcelona, la ciudad con la que soñó de niña y de joven. "Yo soñaba Barcelona", ha explicado durante su discurso, en el que también ha reivindicado la capital catalana como "la ciudad de la libertad" y ha lamentado que la precariedad y los problemas de acceso a la vivienda expulsen a sus vecinos. Desde la vida "confortable y libre” que ha conquistado y que le comportó romper con su familia, El Hachmi ha advertido de que en Barcelona también "hay mujeres y niñas que sufren” a causa de la religión o tradiciones de sus entornos. "Hoy aquí hay otras chicas que se ven obligadas a escoger entre la libertad o la pertenencia, entre ser quien eres y asumir el precio a pagar o someterte para continuar formando parte de su familia, tu grupo", ha avisado al tiempo que ha lamentado que “defender derechos fundamentales en Barcelona y no en Teherán sea considerado polémico, y que a quienes señalan las injusticias seamos incómodas”".
23 de septiembre, santoral: Pío de Pietrelcina, Tecla, Adamnano de Hy, Andrés Fournet, Constancio de Ancona, Lino papa y Sosso de Misena.
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