El Ayuntamiento de Sitges, bajo la lupa judicial. El cóctel es el típico de estos casos. Contratos menores y subvenciones aliñadas con el combo de prevaricación, malversación y falsedad documental. Lo que viene siendo la corrupción en su versión básica. La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional detuvo ayer a la alcaldesa, la señora Aurora Carbonell, de ERC, y a un selecto grupo de individuos, concejales, funcionarios y particulares investigados por los antedichos contratos a la Taula del Tercer Sector. En Crónica Global se da cuenta de los trepidantes acontecimientos de ayer en la localidad costera en la apertura de la edición con nombres y apellidos, la intrahistoria que pone a la recién reelegida alcaldesa y a su partido en la picota.
Como es natural, desde la formación republicana se apela a su honradez absoluta e incuestionable. A tal efecto resulta singularísimo este titular de El Nacional: "ERC asegura que la alcaldesa de Sitges había notificado los hechos que se están investigando". Vaya, ¿y a quién se lo había notificado? La explicación, en el texto de Nura Portella: "Horas más tarde que la alcaldesa de Sitges, Aurora Carbonell, haya sido detenida en el marco de una operación anticorrupción, su partido, Esquerra Republicana, ha confirmado a través de un comunicado que Carbonell "había puesto en conocimiento" de equipos jurídicos "los hechos objeto de investigación al detectar presuntas irregularidades". Asimismo, destacan que la alcaldesa ya había parado las subvenciones a la entidad, en referencia a una cooperativa de la población, e iniciando expedientes para reclamar las subvenciones "no justificadas". El partido también recoge el comunicado que ha emitido el mismo ayuntamiento, en que se informa que se disponen de informes técnicos que "descartan cualquier tipo de responsabilidad ni administrativa ni penal", que ahora investiga la policía y por la cual se ha detenido a la alcaldesa y otros concejales de esta población".
O sea que lo había comunicado a unos servicios jurídicos indeterminados, pero no a la policía ni a ninguna autoridad judicial. El texto continúa en estos términos: "En el mismo comunicado, ERC manifiesta su "pleno compromiso con la gestión pulcra y transparente de los recursos públicos" y reitera su lucha contra la corrupción, avalada, explican "por una trayectoria impoluta en este sentido a lo largo de los 92 años de historia de la organización". El partido informa de que en estos momentos se encuentra recopilando la información necesaria para hacerla llegar a los canales éticos correspondientes".
Magnífico, pues nos quedamos muy tranquilos. El asunto va a entrar en los "canales éticos correspondientes". Y chimpún. En el alero, seiscientos mil euros, que son exactamente cien millones de las antiguas pesetas.
Más ejemplos de nacionalismo chiripitifláutico. Esta frase de Xavier Trias que encabeza El Punt Avui: "Entro en un restaurant i la gent es posa a aplaudir". Todavía está el buen doctor llorando sus desgracias en los medios mientras La Vanguardia apunta al hilo que "El bloqueo del PP a Trias descolocó a los empresarios catalanes". La información apunta también que Foment había preparado una nota de apoyo al PP catalán por facilitar la investidura de Trias. Otros que andaban orientados. El texto es de Manel Perez y arranca así: "Hasta las cinco de la tarde del pasado sábado, Foment, la gran patronal catalana que preside Josep Sánchez Llibre, tuvo preparada una declaración pública de apoyo y elogio al grupo popular en el ayuntamiento de Barcelona por su decisión de permitir que Xavier Trias se convirtiera en el nuevo alcalde de Barcelona, asegurando la gobernabilidad de la ciudad y cerrando así el paso al candidato socialista. Obviamente, ese pronunciamiento nunca se produjo pues el nuevo alcalde de la ciudad acabaría siendo el socialista Jaume Collboni. Hasta el mismo viernes previo a la constitución del nuevo pleno municipal, los contactos empresariales con el PP descartaban un acuerdo para votar al que acabaría siendo elegido".
Y: "De hecho, el mismo grupo socialista no recibió un mensaje confirmando que su candidatura se impondría gracias al voto de los populares hasta que el pleno ya había arrancado. Este fue el motivo por el que Collboni tenía en sus bolsillos dos discursos alternativos, como el mismo explicó al tomar la palabra. Uno como nuevo alcalde; otro como líder de la oposición". Cuenta Pérez también que los empresarios veían con muy buenos ojos una sociovergencia, operación que se frustró porque Trias descartó que Collboni fuera alcalde durante un año. Le ofreció el puesto de vicealcalde.
Total, agua pasada. El alcalde es Collboni y tiene un programa. "Guerra a los grafiteros, al cannabis y al incivismo: los tres pilares de Collboni para “poner orden” en Barcelona", titula El País, que abunda enel sumario que "El teniente de alcalde, Albert Batlle, quiere cerrar las 200 asociaciones cannábicas que permanecen abiertas en la ciudad". La información es de Alfonso L. Congostrina, quien escribe: "El teniente de alcalde de seguridad de Barcelona, Albert Batlle, ha mostrado este miércoles la fórmula que utilizará para ordenar la ciudad: luchar contra el incivismo, los grafitis y las drogas. En su recién inaugurada etapa como alcalde, Jaume Collboni, ha asegurado que su primera misión será centrarse en “ordenar el espacio público: limpieza, seguridad y mantenimiento”. “En materia de incivismo, no cumplir comporta sanciones”, ha repetido. Batlle lleva cuatro años al frente de la Guardia Urbana de Barcelona después de que Colau cediera, en 2019, al PSC las políticas en materia de seguridad. Con Batlle al frente se nombró al actual jefe de la policía municipal -el intendente mayor Pedro Velázquez-, se acabó la permisividad con la venta ambulante hasta el punto que la presencia policial hizo desaparecer los mercados ilegales de la Barceloneta y la plaza Cataluña. También se eliminaron los bicitaxis en el frente marítimo y comenzó la lucha contra los clubs cannábicos. Batlle anuló el mantra que se repetía durante el primer mandato de Colau donde se prometió que se iba a suprimir la unidad antidisturbios de la Guardia Urbana. El teniente de alcalde no la suprimió y a los pocos meses de asumir el cargo, en 2019, desplegó a los antidisturbios municipales -la Unidad de Refuerzos de Emergencia y Proximidad (UREP)- para desalojar una acampada en plaza Universitat".
Sigue Congostrina: "Desde entonces, las políticas de seguridad de Batlle se basan en la mano dura y pedir fórmulas legales que permitan a la Guardia Urbana actuar contra los delincuentes multireincidentes y acabar con las ocupaciones mafiosas, entre otras cosas. Con Batlle al frente, la políticas de seguridad continuarán, pero ahora el objetivo marcado es “ordenar” la ciudad poniendo mucho hincapié en perseguir a las grafiteros y a los incívicos. Batlle ha asegurado que hará “todo los posible” para provocar una reforma legal que prohíba los clubs cannábicos o la venta de sustancias procedentes de las marihuana en comercios de la ciudad".
Pues eso, que el PSC no quiere que Barcelona se convierta en la nueva Amsterdam y luchará contra el turismo de los porros y de la maría en gominolas.
Siguen las filtraciones del sumario del Tsunámi. En la entrega de hoy, Vozpópuli da cifras sobre el coste de la broma procesista del sit and talk: "15 millones diarios por los cortes de la AP-7 y 2 millones en El Prat". El texto viene con las firmas de Gema Huesca, Gonzalo Araluce y Borja Méndez: "Las acciones violentas de Tsunami Democràtic en Cataluña provocaron pérdidas millonarias en el sector aéreo y también terrestre. De la decena de protestas que protagonizaron en 2019 destacan los cortes de la AP-7 a la altura de la Junquera así como la revuelta del aeropuerto de El Prat. Según la Guardia Civil ambas acciones costaron un total de 2,7 millones de euros sumando, además, que los camioneros cuantificaron unas pérdidas diarias de 15 millones de euros. Así consta en el sumario de la causa abierta en la Audiencia Nacional contra Tsunami Democràtic por las acciones violentas que coordinaron en connivencia con un sector importante de ERC, como el exconsejero catalán Xavier Vendrell. Las diligencias policiales, a las que ha tenido acceso Vozpópuli, desglosan la factura que afrontó el erario público, destacando de entre todas ellas la revuelta que se produjo en el aeropuerto de la ciudad condal en octubre de 2019".
Sigue la pieza: "La Policía Judicial se hace eco de un informe del Ministerio de Fomento según el cual la acción se tradujo en cerca de 110 vuelos cancelados, lo que provocó un perjuicio patrimonial a la administración pública superior a de 1.217.595 euros. A ello hay que sumarle la valoración del daño estimada por Vueling, que cifró las pérdidas registradas en 978.000 euros. En total: 2,2 millones de euros. (...) Junto con la del Prat, la otra gran acción violenta por excelencia de Tsunami fue el corte total de la AP-7 a la altura de la Junquera. En este caso la Guardia Civil determina que los llamamientos en noviembre de 2019 a cortar la ruta terrestre en la frontera con Francia provocaron unas pérdidas de 566.115 euros. Los cortes, a los que se unieron una facción de los CDR, se prolongaron durante días y perjudicaron gravemente a los camioneros, que incluso llevaron este asunto ante los tribunales".
22 de junio, santoral: Tomás Moro, Albano de Verulamio, Consorcia virgen, Eusebio de Samosata, Flavio Clemente, Juan Fisher, Nicetas de Remesiana, Paulino de Nola y beato Inocencio V papa.
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