El equipo del Govern y esperando un diluvio

A la espera del diluvio universal, que es la única solución para evitar las restricciones severas de agua a partir de septiembre, el Govern se entretiene con el último contencioso entre el Real Madrid y el F. C. Barcelona. De ahí que la señora portavoz del Govern, Patrícia Plaja, haya exigido a Florentino Pérez, presidente del club blanco, la inmediata retirada del vídeo con imágenes del No-Do que muestra las relaciones entre el Barça y el régimen franquista. ¿Sólo eso? No. También exige disculpas. La osadía gubernativa es de tal calibre que pasa por encima de la sospecha de que tamaña irrupción de la Generalitat en la polémica balompédica se pueda interpretar como la confirmación de que el Barça es el club del "régimen" del "acuerdo de claridad".

El vídeo del Madrid sobre el Barça lleva ya más de 100 millones de visualizaciones. Éxito en las redes de un montaje que no destaca precisamente por su diseño. No hace falta, las fosas sépticas de Twiiter, el Tik Tok y demás digieren mucho mejor el material poco elaborado que los sutiles montajes de, por ejemplo, TV3. Los contrarios al independentismo se frotan las manos con la intervención de Plaja (que parece aspirar al cargo de portavoz del Barça). He ahí a los constructores de las fake news más gordas de los últimos diez años (la independencia a tocar, Cataluña, nou estat d'Europa, aquest any sí, Espanya ens roba, mil heridos el 1-O, etc, etc) llamando fakeros a los gestores merengues. Eso es lo que dicen.

El asunto es tan entretenido y polémico que casi no se habla del caso Negreira, el vicepresidente de los árbitros que estuvo a sueldo del club culé durante casi dos décadas y hasta que dejó el cargo. Sin embargo, los periódicos están atentos a otras noticias. El común habla en los bares de Florentino y Laporta y en TV3 hacen chascarrillos sobre el régimen al que se debería someter el presidente azulgrana, entrado en kilos. Pero más importante y preocupante es la pertinaz sequía, que es como los "poetas" del franquismo se referían a que en España llueve poco y mal. O sea, que la situación actual no es una novedad. 

En La Vanguardia avisan de que en septiembre puede que no salga ni gota de los grifos domésticos en Barcelona y Girona y también de la compleja situación del campo. "SOS de la agricultura catalana por la extrema sequía: 'La situación es muy dramática'", titula el diario barcelonés sobre un texto de Javier Ricou: "Es un SOS desesperado. Un grito dramático entonado por miles de familias, las dedicadas en Cataluña a la agricultura (el tercer sector económico), por un incierto futuro. La extrema falta de lluvia ya se ha cobrado su factura en los cultivos de secano. El cereal sembrado en esos campos donde no llega el riego se da por perdido. Esto va a tener un impacto de 70 millones de euros. Y aunque lloviese a partir de ahora como no lo ha hecho en el último año, la situación en esas explotaciones (la mayoría de trigo) ya no se revertería. Ese cereal está muerto y habrá que importarlo. Así que en los campos de secano, la suerte está echada por esta histórica y extrema sequía. Lo afirman Miquel Piñol y Santi Capdevila, de Unió de Pagesos. “La situación es muy, pero que muy grave”, recalcan".

Sigue Ricou: "Llegados a este punto, una cosa duele especialmente. “Lo que no es de recibo es que haya personas que en estas dramáticas circunstancias nos acusen a nosotros, a los agricultores, de malbaratar el agua”, critican. “¡Pero si esa agua ya no estaba este año mucho antes de arrancar las campañas de riego¡”, exclaman. Si hay que buscar culpables, cuando el daño está hecho, Capdevila tiene otra teoría: “¿Por qué no nos preguntamos cómo han gestionado ese recurso, tan escaso este año, las hidroeléctricas?”".

El Govern está muy preocupado con el asunto, pero no tanto como para subir a Montserrat a pedir la mediación de la Madre de Dios, tal como hiciera el consejero del tripartito Francesc Baltasar. Y funcionó. El Ejecutivo catalán está, de momento, a otras cosas. "Aragonès activa el Consejo Académico que formulará el nuevo referéndum de independencia en Cataluña", advierte el Abc. Y añade en el subtítulo que "El Govern nombra a nueve profesores universitarios, que cobrarán dietas por las reuniones que celebren, empezando por la primera, mañana". De esto mismo dice La Razón que estamos ante otro "chiringuito".

Sea como fuere, en el primero de los diarios citados, el Abc, escribe Daniel Tercero que "el Govern catalán ha aprobado, este martes en su reunión ordinaria, la constitución del Consejo Académico, así como el nombramiento de sus miembros, que tratará de articular el llamado acuerdo de claridad con el que Pere Aragonès (ERC) quiere que se celebre un referéndum de autodeterminación en Cataluña. El objetivo del Consejo Académico es dotar al presidente de la Generalitat del documento que justifique el acuerdo de claridad antes de las elecciones generales, previstas para diciembre. Una vez creado este organismo, formado por nueve personas que tendrán una retribución económica por asistencia a las reuniones (la primera está prevista para mañana por la tarde con la participación de Aragonès), el Govern arrancará un proceso de debate político con los partidos del Parlamento autonómico (a excepción de Vox), las entidades independentistas y otras asociaciones cívicas a favor de la secesión, así como los sindicatos y las patronales. La idea es que también se hagan debates entre ciudadanos, siempre dirigidos por el Govern".

Líneas más tarde apunta Tercero que "la portavoz del Govern ha dicho que el ejecutivo de Aragonès, con esta iniciativa, «se compromete a articular una solución al conflicto político», que «permita a la ciudadanía de Cataluña volver a votar», es decir, teniendo en cuenta el referéndum ilegal de 2017, que se lleve a cabo otro, pero esta vez legalmente y con reconocimiento por parte de España y la comunidad internacional. «El objetivo es que Cataluña vuelva a decidir en un referéndum su futuro político y aplicar el resultado», ha añadido".

Entre tanto y en Madrid, parte del independentismo celebra con alegría la última resolución del Tribunal Constitucional. "El Constitucional avala la 'ley Celaá' y dice que la Carta Magna no fija proporciones de castellano", destaca Crónica Global. En el sumario se avanza que "El tribunal señala que en el sistema educativo debe haber "un patrón de equilibrio" entre lenguas". El texto es de Ricard López: "El Tribunal Constitucional (TC) da por sentada la enseñanza del castellano en aquellas comunidades autónomas que --como Cataluña-- son bilingües que fija la Ley Celaá, al considerar que la Carta Magna "no deriva la necesaria fijación por el Estado de una proporción de uso del castellano en el sistema educativo", sino "un patrón de equilibrio o igualdad entre lenguas". Dicha ley educativa del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos incluye entre sus puntos más polémicos el hecho de dejar de considerar al castellano como "lengua vehicular" en la enseñanza. La sentencia explica que la nueva regulación es conforme con el artículo 3 de la Constitución, que a su juicio garantiza el derecho a usar el castellano y la cooficialidad de las lenguas autonómicas, y también con la responsabilidad del Estado de velar por el respeto de los derechos lingüísticos de los alumnos".

Y: "Según el Tribunal Constitucional, "de la Constitución no deriva la necesaria fijación por el Estado de una proporción de uso del castellano en el sistema educativo", sino "un patrón de equilibrio o igualdad entre lenguas" y un derecho efectivo a usarlas, que no niega esta ley. En este sentido, cabe recordar que el propio TC tiene aún pendiente de resolver otro recurso contra las nuevas leyes de la Generalitat de Cataluña que invalidan los porcentajes fijados en sentencias del Tribunal Superior de Justicia de esta autonomía que establecen que al menos un 25% de las clases en su sistema educativo deben impartirse en español. Unas sentencias que garantizan el bilingüismo frente al sistema de inmersión monolingüe obligatorio en catalán impuesto por el Govern nacionalista en su sistema educativo público desde hace más de tres décadas".

En el Parlament están a lo suyo, que es el caso de la señora Borràs. En un entretenido ejercicio de exploración del ombligo, la parte independentista de la mesa de la cámara ha comunicado a la Junta Electoral Central que "solo una sentencia firme permite retirarle el escaño a Borràs", según cuenta en El País Àngels Piñol: "La Mesa del Parlament ha acordado este martes seguir el mismo criterio que aplicó en los casos del president Quim Torra y del diputado de la CUP Pau Juvillà, ambos condenados por desobediencia, y presentar alegaciones ante la Junta Electoral Central (JEC) en defensa del escaño de la presidenta suspendida Laura Borràs y del reglamento de la institución al no ser la sentencia firme. La también líder de Junts, ahora suspendida, fue condenada el mes pasado a cuatro años de cárcel y 13 de inhabilitación por dos delitos de prevaricación y falsedad. La JEC ha activado ya el mecanismo para despojar a Borràs definitivamente del acta y dio a la Cámara 10 días para decidir sus pasos o alegar".

Continúa el texto: "El órgano electoral notificó a la Mesa del Parlament su decisión y le instó a pronunciarse. El escrito dejaba claro que el escaso margen de maniobra porque ya ordenó la retirada de los escaños en los casos de Torra y de Juvillà. La Ley orgánica del Régimen Electoral (LOREG) establece en el artículo 6.2, b, que los electos deben perder el acta aunque la sentencia no sea firme si han cometido delitos contra la Administración Pública. El artículo choca con el artículo 24. c del reglamento del Parlament, que, más garantista, señala que los fallos deben ser firmes para proceder. Los letrados defenderán, igual que en los otros dos casos, la soberanía de la Cámara alegando que no deben haber injerencias de un organismo administrativo. La mayoría independentista de la Mesa --dos miembros de ERC, uno de Junts y otro de la CUP-- han votado a favor del mantenimiento de ese criterio frente a la postura de los dos miembros del PSC. Alícia Romero, portavoz socialista, ha admitido que, hace un año, en el caso de Juvillà se abstuvieron pero que ya hay dos procedentes, incluyendo el de Torra, y que ya se sabe el desenlace. “No hace falta que se escondan detrás de la JEC”, ha afirmado en relación a los partidos soberanistas".

En El Nacional se cuenta además que "El Parlament habilita la vía telemática para que Lluís Puig pueda votar en el pleno con el no del PSC". 

Se avecina Sant Jordi, pero las rosas ya no son del Maresme. El negocio de las flores es casi historia en Cataluña, según una pieza de Albert González Farran en Nació Digital. "El Maresme ha passat en 20 anys de cobrir la meitat de la demanda de la diada a només un 2%, ofegat per la competència estrangera, la manca de suport i la sequera", escribe el antecitado, además de que "els dos únics productors que queden a tot el país, Flors Bertran (Teià) i Flors Pons (Santa Susanna), amb prou feines acumulen una producció d’unes 90.000 roses per al 23 d’abril, mentre que la demanda total del país fregarà els set milions".

Ahora las rosas llegan de Colombia y Ecuador. 

19 de abril, santoral: Expedito, León IX papa, Elfego, Geroldo, Jorge de Antioquía, Mapálico y Marta mártir.