La 'ley Celaá' deja desprotegido al castellano en la escuela

El proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (Lomloe), más conocida como ley Celaá, aprobada este martes por el Consejo de Ministros, se convertirá, si supera los trámites parlamentarios, en la octava ley educativa de España en los últimos 40 años.

Esta nueva legislación acabará con la posibilidad de evaluar a los alumnos de la misma manera y sobre los mismos contenidos en todos los territorios de España.

En manos de las comunidades autónomas

Por lo que respecta a los idiomas, la ley deja en manos de las comunidades autónomas con lenguas cooficiales el objetivo de asegurar que todos sus alumnos reciban o no alguna enseñanza en castellano, como sería por ejemplo el caso de Cataluña.

El texto reconoce al castellano como "lengua oficial del Estado". E indica que, al concluir la educación obligatoria, todos los alumnos "deberán alcanzar el dominio pleno y equivalente en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua oficial correspondiente", siendo las comunidades autónomas las que "aplicarán los instrumentos de verificación, análisis y control propios del sistema educativo y promoverán la realización de análisis por parte de los centros, de modo que se garantice que todos los alumnos alcanzan la competencia en comunicación lingüística, en lengua castellana y en su caso en las lenguas cooficiales, en el grado requerido".

"Compensar las carencias"

La norma elimina el poder del Estado para asegurar el derecho de los niños a recibir la enseñanza en castellano. La Alta Inspección no tendrá postestad para velar por la enseñanza de este idioma en toda España.

En este sentido, se apunta que las escuelas "adoptarán las medidas necesarias para compensar las carencias que pudieran existir en cualquiera de las lenguas". Pero el texto no establece ningún mecanismo en el caso de que alguna de estas comunidades autónomas se niegue a ofrecer más horas en esta lengua y a garantizar su aprendizaje.

Alta Inspección

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha manifestado que "no es función de la Alta Inspección entrar de manera ejecutiva en los centros educativos, son las inspecciones de las comunidades autónomas las que entran a salvaguardar las normas".

La anterior Ley Orgánica de Educación (LOE) sí que citaba entre las competencias de la Alta Inspección "velar por el cumplimiento de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes en materia de educación, así como sus derechos lingüísticos".