Jové y Salvadó, en la picota, y los árbitros

Josep María Jové, cabeza del grupo de ERC en el Parlament, no se lo puede creer. La Fiscalía Superior de Cataluña pide para él siete años de cárcel por malversación agravada. Su primera reacción ha sido la de llamar miserables, malas personas y cobardes a los fiscales. Sólo le ha faltado tacharlos de pecadores de la pradera, como decía Chiquito. En la formación republicana esperaban otra cosa, otra perspectiva judicial para quienes aún están pendientes de juicio por la organización del 1-O.

La desjudicialización del proceso ha quedado en agua de borrajas. ERC ha hecho un pan como unas tortas, pero se mantienen en su estrategia. El procés está en otra fase. Las calles han desaparecido del decorado político catalán. Demasiada tralla durante muchos años para nada. Los lazos amarillos huelen a naftalina y las banderas han desaparecido de los balcones. Queda la resaca judicial, que está siendo particularmente dura para la segunda línea de ERC, los altos cargos que pilotaron el referéndum y que según el escrito de acusación incurrieron en el tipo agravado de la malversación, con ánimo de lucro. 

Reputados juristas y también juristas mediáticos como Joaquim Bosch consideran que la reforma del Código Penal no es precisamente un ejemplo de finura legislativa y que si se quería anular las inhabilitaciones de los condenados se tendrían que haber incluido en los indultos. A toro pasado, todo el mundo es Manolete.

En El País se ocupa del expediente de Jové y Salvadó Jesús García Bueno, quien escribe que "la Fiscalía Superior de Cataluña ha pedido elevadas penas de cárcel para dos dirigentes de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y ex altos cargos de la Generalitat, considerados los arquitectos del referéndum ilegal de independencia del 1-O en 2017. El fiscal reclama 7 años de cárcel y 32 de inhabilitación para el diputado republicano Josep Maria Jové, y otros 6 años y 3 meses de prisión, además de 27 años de inhabilitación, para el actual presidente del Puerto de Barcelona, Lluís Salvadó. Las altas penas de prisión son consecuencia de la atribución a ambos de un delito de malversación agravada. La tercera acusada en esta causa, la actual consejera de Cultura, Natàlia Garriga, afronta una petición de un año de inhabilitación por desobediencia. Con estas peticiones de la Fiscalía, la estrategia de ERC de atenuar las consecuencias legales del procés mediante la reforma del Código Penal, una estrategia acordada con el Gobierno de Pedro Sánchez, sufre un nuevo revés. Tras conocer la petición fiscal, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha denunciado que “el sistema judicial no imparte justicia, sino venganza contra el independentismo”, y ha recordado que “trabajar por la libertad de Cataluña y defender las urnas y la democracia no es delito”".

Sigue el texto: "La Fiscalía sigue así la senda marcada por el Tribunal Supremo, que en su reciente revisión de sentencia a los líderes del procés condenados en 2019 decidió mantener el delito de malversación en su modalidad agravada. Por tanto, Jové, Salvadó y Garriga —tres personas de la máxima confianza del exvicepresidente y líder de ERC Oriol Junqueras— tampoco se verán beneficiados por la reforma del Código Penal pactada en diciembre entre el Gobierno y Esquerra, que tenía como objetivo expreso rebajar el castigo penal a los responsables del procés. El fiscal Pedro Ariche descarta que los gastos en que incurrió la Generalitat para sufragar el 1-O encajen en el delito de malversación atenuada introducido en la reforma y previsto para los casos en que no hay ánimo de lucro".

Como hay vida más allá de la política, algunos diarios ceban a sus lectores con el singular caso del Barça y el exdirectivo arbitral Enríquez Negreira. Algunas personas se preguntan por qué a los árbitros se les conoce por los dos apellidos. Hay que remontarse a los tiempos del colegiado murciano Ángel Franco Martínez. Dado que sus actuaciones podrían dar lugar a titulares del tipo "Franco se equivoca en San Mamés" o "Robo de Franco en el Molinón", el régimen impuso la obligación a los periódicos de los dos apellidos para referirse a los "referís" y de ahí Acebal Pezón, Andradas Asurmendi, Varón Aceitón o Condón Uriz. 

Total que arrecia el vendaval sobre el Barça. "Dasnil 95, la empresa de Enríquez Negreira, vivía del Barça", apunta La Vanguardia sobre un texto que firma Roberto Rodríguez: "Tan solo en el tramo comprendido entre los años 2016 y 2018, el FC Barcelona pagó un total de 1,4 millones de euros a DASNIL 95 SL, empresa propiedad de José María Enríquez Negreira, exárbitro de Primera División y vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) entre 1994 y 2018. Esta cantidad, investigada ahora por la Fiscalía de Barcelona, supuso un 95% de los ingresos totales percibidos por la sociedad en ese periodo, lo que deja claro su carácter instrumental. La existencia de DASNIL 95, según demuestran los balances anuales a los que ha tenido acceso La Vanguardia, se debía única y exclusivamente a su relación con el club azulgrana".

Y: "Negreira creó DASNIL 95 SL en 1995, justo un año después de convertirse en vicepresidente de los árbitros españoles. Según apuntan fuentes del Barcelona, ahí, siendo todavía presidente Josep Lluis Núñez, pudo comenzar su relación con el club, que a cambio recibía informes técnicos relacionados con el arbitraje profesional. Durante los primeros años estos informes fueron verbales por parte del propio Enríquez Negreira, y a partir de 2002, cuando sus hijos Javier Enríquez Romero y Luis Enríquez Romero entraron a formar parte de la sociedad, los informes pasan a realizarse en formato de texto y vídeo. Ellos serían los únicos dos empleados durante años de una empresa que llegó a facturar más de medio millón de euros anualmente. (...) A partir de junio de 2018, coincidiendo con la salida de Enríquez Negreira del Comité tras la derrota de Ángel María Villar como presidente de la Federación un año antes, el Barça dejó de pagar".

En El Confidencial detallan la estrategia de la directiva culé, nada menos que una auditoría interna. Del texto de Alejandro Requeijo: "El Barça ha iniciado recientemente una investigación liderada por el Área de Compliance para investigar por qué no se detectaron los pagos del club al vicepresidente de los árbitros, José María Enríquez Negreira. Así lo ha confirmado un portavoz del Barça al ser preguntado por El Confidencial acerca de si su departamento interno de cumplimiento normativo realizó alguna observación sobre una relación que se extendió a lo largo de varias juntas directivas. “Desde hace unos días se ha iniciado una investigación liderada por el Área de Compliance. Se ha externalizado la investigación de los hechos, para garantizar la máxima eficiencia durante el transcurso de la misma”, ha afirmado este portavoz oficial. "El FC Barcelona —dice el club— dispone de la Función de Compliance, que trabaja para asegurar el cumplimiento normativo en el Club, el cual implica no solo conocer y respetar el Código de Ética y de Conducta, sino también de otra normativa interna de la que se ha dotado el FC Barcelona con el fin de asegurar el cumplimiento con las diferentes legislaciones vigentes de aplicación".

La "Compliance", claro. Mientras tanto Bartomeu desliza que Laporta incrementó los pagos a la empresa del directivo de los árbitros. En El Mundo, por su parte, no sueltan a la presa y renuevan su información con este titular: "Negreira también chantajeó al Barcelona por el desvío de 720.000 euros a un directivo". Más madera, que es la guerra. Esta nueva entrega viene con las firmas de Esteban Urreiztieta y Orfeo Suárez y arranca así: "El ex número dos de los árbitros españoles amenazó al FC Barcelona con destapar otros pagos por asesorías fantasma a un directivo del club si no restituían los suyos. José María Enríquez Negreira trasladó, a través del burofax enviado a Josep Maria Bartomeu en febrero de 2019 desvelado en exclusiva por El Mundo, pero también mediante llamadas y mensajes al entonces presidente, que afloraría los desvíos de fondos a Josep Contreras, fallecido hace unos meses. Este histórico miembro de las juntas directivas presididas por José Luis Núñez, Joan Gaspart o el propio Bartomeu, facturó al menos 728.420 euros al FC Barcelona entre 2015 y 2018 a través de una sociedad instrumental que también está siendo investigada por la Fiscalía y la Agencia Tributaria: Tresep 2014, S.L, que se dedica a la rehabilitación de viviendas. Contreras fue detenido en 2018 por la adjudicación irregular de obras de la Federación Catalana de Fútbol, investigada en el marco de la Operación Soule, que afectó al ex presidente de la RFEF Ángel María Villar".

Continúa la pieza: "Este periódico ha tenido acceso a las 19 facturas libradas por esta sociedad al Barça en el referido periodo y que el club azulgrana también entregó a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) en febrero de 2021 en el marco de la inspección de la trama de Negreira.

Todos estos recibos reflejan como concepto, al igual que ocurría con los pagos al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), labores de asesoría. Concretamente, «prestación de diversos servicios educativo-deportivos». Las facturas, que suelen ascender en su mayoría a 29.040 euros, añaden de forma idéntica uno detrás de otro: «Con emisión de informes sobre la participación de los diversos actores de las diferentes competiciones deportivas y del seguimiento de aspectos que puedan interesar en un futuro en dicho ámbito educativo-deportivo»".

Que el Barça es más que un club se nota en que todo el mundo descarta que vaya a sufrir la más mínima sanción deportiva por este asunto. Otra cosa es el apartado judicial, donde exdirectivos y directivos podrían tener serios problemas si no consiguen desviar toda la basura hacia el finado Núñez y el trencilla Enríquez.

De vuelta a la política, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) se juega hoy su futuro en una reunión de alto voltaje, tal como cuenta John McAulay en El Nacional: "La ANC vive este sábado una de sus jornadas más trascendentales —y no precisamente por un buen motivo—. En medio de la crisis interna que está atravesando la entidad independentista, y que amenaza con certificar su ruptura, a lo largo del día de hoy hay prevista una reunión del Secretariado Nacional (el órgano dirigente formado por 68 miembros). Es una cita que no será breve, sino que se alargará, como mínimo, nueve horas. El plenario arranca a las 9.00 horas y tiene previsto acabar a las 18.00 horas, pero teniendo en cuenta la relevancia del encuentro no sería nada sorprendente que se alargue más allá. En el orden del día hay un punto de debate sobre la "crisis de democracia interna" del Secretariado Nacional".

Y: "Pero, ¿por qué es tan trascendental esta reunión? Pues porque es durante el día de hoy que sabremos si finalmente la corriente crítica interna cumple su amenaza y provoca la ruptura de la ANC. Según pudo saber ElNacional.cat este miércoles, un grupo de una veintena de secretarios nacionales ha estado valorando dimitir "en bloque" con el objetivo de forzar una asamblea extraordinaria que sirviera para convocar nuevas elecciones. El miércoles todavía no se había decidido si se daría este paso, pero será a lo largo de este sábado cuando se sepa si los díscolos consuman la ruptura".

18 de febrero, santoral: Eladio, Angilberto abad, Francisco Régis Clet, Sadoth y compañeros, Tarasio, Teotonio y Juan Pedro Néel y compañeros.