De Junqueras a Griñán, versiones contradictorias

No se han apagado ni de lejos los ecos de la supresión del delito de sedición cuando otra reforma del Código Penal ya está sobre la mesa. Se trata de la malversación, un cargo que se imputó a la mitad de los condenados por el 1-O y que pende sobre los encausados de ERC Lluís Salvadó y Josep Maria Jové, entre otros. La modificación de ese delito presenta más aristas incluso que la operación "desórdenes agravados". La polvareda mediática es fenomenal, puesto que cunde la sospecha de que el cambio en la malversación impactaría de pleno también en las condenas por los casos de corrupción, como los ERE, Gürtel o, cuando se juzgue, el 3% de Convergència.

La tesis de ERC, que lidera el cambio vía anuncios de enmiendas a la proposición de ley sobre los desórdenes, es que si no hay lucro no hay delito. Y es fama que todos, pero todos, los condenados por malversación alegan que no se enriquecieron con el desvío o sustracción de fondos públicos, que el dinero fue para "los pobres", como en Andalucía, o para la "causa justa" de la independencia de Cataluña. Estamos ante los nuevos Robin Hood, víctimas en vez de delincuentes, de sus ansias de reparto e incluso de justicia.

Como es habitual, la prensa se divide entre quienes advierten arteras maniobras en la oscuridad para beneficiar a los "golpistas" y a los "chorizos" y quienes deslizan que el Gobierno no tiene clara la reforma de la malversación y que en ningún caso afectaría al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, a quien si un indulto o una reforma del Código Penal no lo evita le espera la cárcel por su condena de seis años de cárcel por malversación.

En El Mundo titulan sin medias tintas: "El Gobierno contempla el 'indulto encubierto' de 25 cargos del 1-O y Griñán". En el texto dan por hecho que tanto el PSOE como sus socios tramitarán la sedición y la malversación en el mismo paquete legislativo: "Si la negociación que se abra entre ERC y La Moncloa deriva en fumata blanca esa rebaja de la malversación quedaría aprobada como la derogación de la sedición, de forma exprés, en apenas tres o cuatro semanas. Estaría listo antes incluso que los Presupuestos. Una vía rápida como la que emprendió con la contrarreforma del Poder Judicial este verano: en apenas tres semanas todo el trámite parlamentario para permitir al Poder Judicial nombrar a dos magistrados para el Tribunal Constitucional. Con este calendario, el Ejecutivo iniciaría su último año de legislatura, 2023, mirando por el retrovisor un asunto que incomoda a sectores socialistas y con la vista puesta en los incentivos económicos".

Líneas después se abordan las hipotéticas consecuencias de estos cambios: "Para los independentistas catalanes cambiar los tipos de sedición y malversación ha sido siempre una prioridad. Su estrategia no sólo es tocar estos delitos para reducir las penas de los líderes del 1-O, sino que su preocupación es y ha sido librar de problemas judiciales a más de una veintena de segundos cargos y cargos de confianza -altos cargos, funcionarios, el núcleo duro de Oriol Junqueras cuando era vicepresidente catalán...-".

La crónica también aborda el caso de Griñán: "Ocurre que ese cambio en la malversación no sólo beneficiará a los secesionistas, sino a un viejo conocido del PSOE: José Antonio Griñán. El ex presidente del PSOE y de Andalucía arrastra una condena de seis años de cárcel por malversación y 15 años de inhabilitación por prevaricación por el caso de los ERE. Pero el Gobierno, con Sánchez a la cabeza, siempre ha defendido que «no se llevó ni un céntimo». Así, el cambio en la malversación sería también un traje a la medida para Griñán y los otros ocho condenados a penas de prisión por malversar los 679 millones de euros que se repartieron discrecionalmente y sin control desde la Junta de Andalucía".

La otra versión de esta historia es que "El Gobierno pone límites a la reforma de la malversación", según anota El País en portada sobre un texto de J. Casqueiro y J. Marcos que dice así: "El Gobierno está dispuesto a estudiar las enmiendas que ERC anunció ayer para reformar el delito de malversación por el que fueron condenados los dirigentes independentistas del procés. La parte socialista del Ejecutivo señaló a El País que no aceptará una reforma que suponga beneficios en casos de corrupción con condenas de malversación. Dirigentes de ERC han sugerido que la enmienda debería suprimir una reforma del Código Penal de 2015 que ampliaba el concepto de malversación. Esa supresión no beneficiaría al expresidente andaluz José Antonio Griñán, condenado con el Código anterior a 2015".

Esta mirada es coincidente con la de La Razón, cuyo titular es que "Moncloa reconoce que la malversación tiene «mala defensa»: «Va a ser difícil»". Escribe Ainhoa Martínez: "El Gobierno ha desplegado su hoja de ruta para derogar el delito de sedición, el siguiente paso en su estrategia de «pacificar» Cataluña después de la aprobación de los indultos en 2021. Un paso al frente, arriesgado, pero medido en tiempo y, sobre todo, en distancia con las urnas. Sin embargo, este parece no ser el destino final, que tendrá –al menos– una parada más en lo que respecta a la malversación, el enésimo peaje que le exigen sus compañeros de viaje de ERC. El presidente del Gobierno ya abrió la puerta el domingo en una entrevista en La Vanguardia y su mano derecha, y encargado de pergeñarlo, Félix Bolaños, dio carta de naturaleza al planteamiento ayer en una entrevista en la cadena Ser. Ni el fondo ni la forma son casuales".

Un par de párrafos después, la nota advierte de que "fuentes socialistas aseguran a este diario que, si bien la reforma de la sedición encaja en su estrategia de «reencuentro» con Cataluña y se incardina en el discurso desplegado por Sánchez sobre la homologación de delitos a nivel europeo, la reforma de la malversación tiene «mala defensa». «Va a ser difícil», dicen. Se refieren a que se trata de descafeinar el delito de corrupción por antonomasia y que, pese a desconocer el contenido concreto de la enmienda que propondrá ERC, la línea jurídica se orienta, precisamente, en revertir la reforma que hizo en 2015 el Gobierno de Mariano Rajoy. Esto supone, de cara a la opinión pública, tanto como dar pasos atrás, respecto al PP, en la lucha contra la corrupción. Un límite hasta ahora insalvable".

¿Y Feijóo que opina de todo esto? El líder del PP no quiere dar ningún paso en falso como en la negociación para renovar la cúpula del Poder Judicial. Se maneja con tiento y prudencia, sin grandes estallidos. Para eso ya dispone del verbo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, inasequible al desaliento e insensible a la masiva protesta del pasado domingo por la situación de la sanidad pública en la región. 

La cuestión es que "No habrá foto de Colon por la reforma del Código Penal", según señala Carmen del Riego en La Vanguardia: "El Partido Popular no estará en las concentraciones convocadas por Vox en contra de la derogación del delito de sedición el día 19 de noviembre en Barcelona, en la plaza Sant Jaume, ni el día 27 en Madrid, en la plaza de Colón. Fuentes del PP aseguran que no tiene sentido que un partido vaya a una convocatoria hecha por otro, aunque puedan coincidir en los planteamientos. Esta vez no se reeditará la imagen de Colón del 2019, cuando la derecha y la extrema derecha –PP, Ciudadanos y Vox–, se manifestaron al alimón en la plaza madrileña después de que Pedro Sánchez se hubiera reunido en Barcelona con Quim Torra y trascendieran las demandas del independentismo". 

Del Riego aclara en su texto que "no ir a la manifestación no significa que el PP no vaya a hacer nada. A la vez Alberto Núñez Feijóo mueve ficha. Sabe que no puede esperar a ser presidente del Gobierno para que la sedición vuelva a ser delito. Tiene que actuar ahora. No puede parecer que asiste sin inmutarse a la reforma del Código Penal que planea Pedro Sánchez. No puede hacerlo mientras los otros partidos de la derecha, Cs y Vox proponen una moción de censura y Abascal se propone llenar las calles. Por ello, ante el comité ejecutivo del PP, Feijóo anunció que presentará una propuesta, “para que la sedición se mantenga como delito, y para que la convocatoria de un referéndum ilegal sea tipificada como delito”".

Todo este carajal fenomenal tiene derivadas notorias en la guerra sin cuartel que libran en Cataluña ERC y JxCat por enseñorearse del campo independentista. Al igual que en Madrid, la respuesta política es de punta gruesa y trazo gordo. El octubrismo irredento del "mandato" del 1-O carga contra ERC sin piedad y acusa a los republicanos de apoyar una proposición de ley  "que parece redactada por Marchena", el juez del Tribunal Supremo que tuvo a bien rebajar el cargo de rebelión por el de sedición. Así lo cuenta Marta Lasalas en El Nacional: "Junts ha cargado contra el apoyo "incomprensible" de ERC a la reforma del delito de sedición. El portavoz del partido, Josep Rius, ha advertido que se trata de una propuesta "coherente con la estrategia de ERC de dejarlo correr, para un partido que ha aparcado la independencia y prefiere gestionar el autonomismo", y ha reiterado las protestas ante una reforma que asegura que "parece redactada por el juez Manuel Marchena", porque "recoge el espíritu de la sentencia de octubre del 2019 y todos los contenidos del a por ellos judicial". Rius ha ironizado con que Pere Aragonès encabeza "un gobierno hecho a medida del dejarlo correr, relleno de consellers autonomistas fichados en el mercado de invierno de la vieja política" y ha hilvanado estos reproches con la moción que el Parlament aprobó la semana pasada constatando que los republicanos han perdido la confianza de la mayoría que permitió sacar adelante la investidura del president".

Y: "El portavoz ha destacado que los republicanos se han quedado solos defendiendo la propuesta, porque ningún partido independentista ni ninguna entidad le ha apoyado. "Tendría que reflexionar", ha aconsejado Rius que ha concluido que "parece que ERC le está cogiendo gusto a quedarse sola"".

Sola, sí, pero en el Govern mientras JxCat se cuece a fuego lento en la oposición. Por cierto, la eventual reforma de la malversación aliviaría no poco el horizonte judicial de la señora Laura Borràs, imputada por malversación entre otros delitos.

Internacional. La mayoría de las portadas de papel se ilustran con la estampa de Biden y Jinping, que ayer se reunieron durante tres horas en la cumbre del G-20. Se habla de distensión. En Ucrania, Zelenski ha visitado la liberada ciudad de Jersón mientras las tropas ucranianas han cruzado el Dnipro en dirección a Crimea.

15 de noviembre, santoral: Alberto Magno, Eugenio de Toledo, Desiderio de Cahors, Fidenciano y compañeros, Fintano de Rheinau, Gurias de Edesa, José Mkasa Balikuddembé, Leopoldo el piadoso, Maclovio de Alet, Rafael de San José Kalinowski, Samonas de Edesa y Sidonio de Rouen.